Opinión

“Era un joven biólogo con grandes aspiraciones, con metas tanto académicas y sociales, un joven con demasiados conocimientos y amor por los reptiles, de los cuales realizó importantes registros”, detalló la publicación de la organización Biologgers Divulgación de las Ciencias sobre el asesinato a balazos de Eugui Roy Martínez Pérez el 7 de mayo de 2020 en su rancho, donde pasaba la cuarentena impuesta por la pandemia del Covid-19. Era un estudiante de biología y defensor ambiental de tan solo 21 años; su asesinato indignó a la comunidad estudiantil, a sus maestros, a biólogos que realizaron trabajos de campo con él y a científicos dedicados a la conservación de especies.

La defensa de los derechos y las libertades en México cuestan la vida. En un país donde la violencia se ha vuelto el común denominador, las y los defensores de derechos humanos son objeto de actos de intimidación, amenazas de muerte, hostigamiento, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y hasta homicidio como consecuencia de sus actividades en el ejercicio de su derecho a la libre expresión y defensa de los derechos humanos.

El pasado lunes, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, dio a conocer que durante la administración del presidente López Obrador han sido asesinados 68 defensores de causas sociales y 43 periodistas, cifras que indican una crisis de derechos humanos en nuestro país.

No las o los definen su profesión, puesto u organización sino sus actos. Pueden ser líderes comunitarios, periodistas, sindicalistas, estudiantes o integrantes de organizaciones de derechos humanos. Pueden defender los derechos de la mujer, del medio ambiente, de los pueblos indígenas, de la niñez o de las personas LGBTTTIQ+. Al final, no importa la causa sino la incomodidad que provocan para ciertos grupos, que sabiendo la impunidad que prevalece en el país, deciden silenciar su voz y, como los activistas tienen la costumbre de no quedarse callados y seguir luchando, entonces quitarles la vida.

Todas las vidas son igual de importantes, pero lo valioso de los activistas es que son personas que, individual o colectivamente, trabajan en forma pacífica en beneficio de los demás para promover y defender los derechos humanos, así como dar voz a quienes no la tienen. Afrontan altos riesgos personales debido a que se plantan ante intereses poderosos en defensa de los derechos de los demás.

A pesar de que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con 1,478 personas que supuestamente son protegidas en la mayoría de las 32 entidades federativas y en seis entidades se cuenta con organismos locales de protección en la materia, la realidad es distinta, ya que los activistas han enfrentado múltiples obstáculos en su labor, desde la criminalización por parte de los gobiernos por defender derechos humanos, hasta la impunidad generalizada y la violencia sistemática en su contra.

Es necesaria una reestructuración al mecanismo de protección en donde se garantice correctamente la integridad de estas personas, en especial de las mujeres que buscan una igualdad sustantiva y que son uno de los grupos mayormente vulnerados en nuestro país.

A nivel internacional, existen modelos a seguir como el programa ProDefensoras aplicado en Colombia en colaboración con el gobierno de Noruega, brindando protección a las mujeres defensoras y lideresas, y de manera especial a las mujeres indígenas y sus comunidades víctimas de un exterminio físico y cultural a consecuencia de la guerrilla de las FARC; lo que se busca es impulsar la construcción de la paz, la prevención y resolución de los conflictos para que estas mujeres puedan vivir tranquilamente.

En México, lamentablemente estamos muy lejos de tener verdaderos programas de protección. La muerte de activistas constituye una lamentable omisión de los gobiernos federal y estatales, haciéndose cómplices de estos terribles asesinatos. (Colaboró Erick Guzmán González)