Opinión

La relación del presidente López Obrador con la Suprema Corte de Justicia no ha sido fácil en los tres años de gobierno. El único de los tres poderes del Estado al que no ha podido controlar y someter el Ejecutivo, a pesar de que lo intentó con todo, ayer mandó un mensaje claro y contundente a Palacio Nacional: por unanimidad de los 11 ministros, la propuesta que tanto defendió Andrés Manuel, para ampliar 2 años más la actual presidencia de la Corte, fue calificada de “inconstitucional” por representar, dijeron los ministros, “una reelección de facto”.

Aunque ya era un revés anunciado, que se vio venir desde que el propio ministro Arturo Zaldívar, que fue el destinatario del polémico artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial, se deslindó públicamente del llamado “regalazo” y anticipó su rechazo a la propuesta que ayer votó también en contra, no deja de ser significativo que todos los ministros, incluidos los 3 que han sido propuestos por López Obrador, rechazaran la ampliación de mandato para el presidente de la Corte, una propuesta que fue ideada, impulsada e instrumentada por el influyente ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, con el conocimiento y el aval de su jefe el Presidente y con la ayuda de la mayoría de Morena y el PVEM en el Senado de la República.

Justo el mismo día que el pleno de la Corte confirma su rechazo total y contundente a una intromisión en la vida interna del Poder Judicial Federal, orquestada por el Poder Ejecutivo y legalizada por el Poder Legislativo, el Presidente anuncia la terna que propondrá al Senado para elegir a un nuevo ministro de la SCJN, ante la salida del ministro Fernando Franco González, que concluye su ministerio el próximo 12 de diciembre, en lo que parece claramente un intento por minimizar el duro revés que significó el fallo unánime de los ministros.

Los tres nombres propuestos por López Obrador no sorprenden porque han sido repetidos por el Presidente en varias ternas, ya sea para la misma Corte o para otros cargos autónomos. Bernardo Bátiz, que fue aspirante a Fiscal General de la República al igual que Verónica de Gyves, mientras que a Loreta Ortiz, el Presidente la ha repetido en dos ternas, primero para al Corte en 2018 que perdió y luego para el Consejo de la Judicatura, en donde es actualmente consejera. Los tres son militantes o ex militantes de Morena, además de su cercanía política e ideológica con el Presidente.

Es claro, a partir de los tres nombres reciclados, que López Obrador busca un ministro o ministra incondicional, cercano a su proyecto, sin menoscabo de las trayectorias o los merecimientos que los tres juristas, tanto Bátiz como las dos doctoras, tienen en el derecho y la jurisprudencia. Cualquiera de los tres que sea electo por el Senado le garantiza al Presidente un voto a favor de los temas y controversias que le interesen y le afecten al Poder Ejecutivo en la Suprema Corte.

Y es que, lo decíamos desde el inicio, no ha sido fácil para López Obrador su intento de dominar a la Corte y lograr tener mayoría de ministros, por más que lo intentó en estos tres años con Julio Scherer como su encargado y operador personal ante el Poder Judicial. Si bien el Presidente tendrá una ventaja que no tuvo ninguno de sus antecesores, salvo el caso de Ernesto Zedillo que le dio un golpe de Estado técnico a la Corte y la disolvió para crear una nueva. A diferencia de la mayoría de presidentes, cuyo sexenio solo les alcanza para proponer el nombramiento de dos o máximo tres ministros de la Corte, Andrés Manuel está proponiendo ya a su cuarto integrante del máximo tribunal judicial y constitucional del país.

Sin embargo, lo que parecía ser una gran ventaja para tratar de tener una mayoría en la SCJN se le complicó demás al Presidente. Hoy, de los tres ministros que él propuso: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, hoy los dos primeros han tomado cierta distancia de la 4T y ya no votan de manera incondicional a favor de los temas que le importan al Presidente. Y el voto del ministro presidente, Arturo Zaldívar, que en algún momento también creyeron tener “controlado” desde Palacio Nacional, sobre todo en la época de Scherer, hoy ha vuelto a recuperar su independencia y lo ha demostrado en varias votaciones recientes. Es decir, que de 11 ministros, López Obrador hoy solo tiene un voto seguro, mientras otros dos ya no siempre van con los intereses del Ejecutivo, y de los 8 restantes, el de Zaldívar no están en contra de la 4T, pero sí los otros 7.

Por eso le urge al Presidente recuperar, aunque sea un voto cercano o hasta incondicional, con el nuevo ministro o ministra que elija el Senado. Porque con la composición actual y los votos cambiantes de dos de los tres ministros que él creía seguros, prácticamente la sucesión de la Corte, que se renueva en diciembre de 2022, se ve prácticamente perdida para la 4T y es casi un hecho que el nuevo presidente o presidenta de la Corte no será necesariamente alguien afín al gobierno lopezobradorista. Es decir que los sueños de controlar y someter al único de los tres poderes que no domina, prácticamente terminaron para el omnipotente y autoritario presidente que es López Obrador. Esa no es una buena noticia para el Presidente, pero sí lo es para la salud de la República.

NOTAS INDISCRETAS…

Ayer por la tarde, desde Washington, un alto funcionario del Departamento de Estado le filtró a algunos periodistas una versión que no parece casual en vísperas del encuentro trilateral que este jueves sostendrán los presidentes Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau: que el tema energético sí será parte de la agenda que tratarán los tres mandatarios en el marco del TMEC.  "No quiero adelantar totalmente la reunión del Presidente, pero diré que habrá una amplia discusión sobre la integración de las cadenas de suministro de América del Norte, temas laborales, y asegurar que sigamos haciendo progreso en la integración energética de América del Norte", dijo Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental durante un audiencia legislativa en la Cámara Baja de EU. “Estos son algunos ejemplos de los temas relativos al T-MEC (que serán abordados)", insistió el funcionario estadounidense. Dice el dicho que “sobre aviso no hay engaño” y el aviso que mandaron ayer desde Washington debió ser escuchado en Palacio Nacional, sobre todo a partir de las quejas y denuncias reiteradas que tanto empresas de Estados Unidos, como congresistas de ese país, han expresado en torno a la Reforma Eléctrica y energética de López Obrador. Incluso el embajador estadounidense, Ken Salazar, ya lo había expresado, tanto en Palacio como en sus conferencias de prensa, donde fue reiterativo sobre las “graves preocupaciones” que su gobierno tiene sobre la reforma constitucional del Presidente mexicano que pretende modificar las reglas y leyes que rigen el funcionamiento de las empresas privadas en el sector energético. Así que, cuando hablan de “preocupaciones” y de “integración energética”, es claro que la administración Biden no va a aceptar nada que contravenga esos conceptos en el marco del TMEC…Los dados repiten Escalera doble. Buena racha.