Opinión

Tras fracasar los rumores que él mismo propaló sobre su incorporación al gabinete presidencial, Jaime Bonilla, el controvertido exgobernador de Baja California, notificó al Senado que retomará su escaño. Pese a estar al centro de señalamientos de corrupción y de violentar principios legales básicos, encontrará en la cámara alta un refugio que lo dotará de fuero y de nuevo protagonismo en un equipo que se mueve en las penumbras de la llamada cuarta transformación.

Bonilla Valdez construyó durante los últimos meses de su breve mandato de dos años un camino minado contra su sucesora, Marina del Pilar Ávila, también impulsada por Morena, pero con un perfil radicalmente distinto al de su antecesor, al grado de ser, a los 36 años, uno de los rostros más presentables del oficialismo.

Una sola de las herencias envenenadas de Bonilla lo describe: contrató a la empresa “Nex Energy”, mediante un contrato que comprometió 123 millones de pesos de participaciones federales al estado para construir una planta fotovoltaica en Mexicali que dotaría de electricidad al acueducto Río Colorado-Tijuana. La compañía nunca pudo obtener los correspondientes permisos federales, el proyecto se detuvo y ese dinero se halla retenido en Banca Afirme.

Bonilla abandonó su mullido sillón senatorial en 2019, menos de tres meses después de haberlo asumido. Fue designado delegado federal único del gobierno López Obrador en la entidad, y con ello arrancó una ruta expedita hacia la gubernatura de la mano de Ricardo Peralta, el igualmente polémico subsecretario de Gobernación, personaje cercano a la entonces titular, Olga Sánchez Cordero.

Peralta se había desempeñado previamente como titular de las Aduanas del país y su ingreso a Gobernación estuvo acompañado de versiones de que permitió el avance del crimen organizado en el control de diversas plazas fronterizas, en particular de Baja California y Tamaulipas.

Antes de que Bonilla asumiera la gubernatura, en noviembre de 2019, operadores suyos y de Peralta fueron señalados de ofrecer “moches” a integrantes del Congreso local, lo que derivó en la llamada “Ley Bonilla”, que pretendió ampliar su mandato de dos a cinco años. La intentona fue desechada por sentencia de la Corte en mayo de 2020, no sin que antes la secretaria Sánchez Cordero fuera exhibida en un video con el propio Bonilla expresando un confuso aval al escandaloso proceder del gobernante.

Ricardo Peralta, que había ingresado a Gobernación en mayo de 2019, presenció la desaparición de su puesto en agosto de 2020 por determinación de la propia Sánchez Cordero, enterada de que su subordinado y amigo se había implicado en el rejuego de aspirantes a las candidaturas a gobernador que serían disputadas en 2021.

Peralta fue señalado de atraer patrocinios de dudoso origen a algunas de esas campañas, y su despacho en la exclusiva zona de Las Lomas en la capital del país fue referente de imputaciones diversas. En semanas recientes, se asegura, ha comenzado a desplegar una estrategia para buscar en 2024 la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

Apuntes

La Corte determinará en las próximas horas el otorgamiento de un amparo a la señora Alejandra Cuevas Morán, sobrina política del fiscal Alejandro Gertz Manero, la cual se halla en prisión desde hace 18 meses bajo cargos enderezados por el funcionario y que el máximo tribunal considerará sin sustento. Su liberación será inmediata. Se tratará de una derrota para el funcionario, pero no el fin de la guerra que sostiene en varios frentes. Gertz semeja un guerrero herido y con escasos aliados, pero de acuerdo con información disponible, aún restan a esta historia nuevos episodios en los que será una figura central.