Opinión

Tras dos años y medio exiliado en Estados Unidos, el excandidato presidencial Ricardo Anaya alista su regreso a México para convertirse en senador por la vía plurinominal. Es el primero en la lista del PAN y la apuesta es que retome un liderazgo legislativo y funja como un personaje incómodo y peligroso frente a un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum.

El pasado se combate con el pasado, se suele decir, por lo que a un gobierno y a un presidente que está enfocando en comunicar todos los agravios cometidos por sus antecesores se le debe combatir, según las fuerzas de oposición, con figuras de una época anterior. Por eso están de regreso en la coyuntura política personajes como el expresidente Vicente Fox –con todo y sus dislates y disparates– y ahora Ricardo Anaya.

El Senado de la República se anticipa como un polvorín para una eventual presidencia de Sheinbaum, en el que, además de contar con el contrapeso de Marcelo Ebrard, tendría a un experimentado Ricardo Anaya, aquel que hizo de su actividad parlamentaria su principal plataforma política para catapultarse como líder nacional de su partido y luego como candidato presidencial.

A diferencia de muchos otros políticos que pasan desapercibidos en Palacio Nacional, Anaya sí es un nombre que pesa en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador. Las expresiones que el queretano plasmó en sus redes sociales cuando Morena perdió en 2021 la mitad de la capital del país –haciendo alusiones al triunfo de la oposición con una marca de cerveza–, calaron hondo en el presidente, como lo hicieron en su momento los señalamientos que éste le hizo en los debates de 2018.

Irónicamente, las ocurrencias de ponerle el mote de “Ricky Riquín Canallín” y de “cuidar la cartera” ante la presencia de Anaya reflejaron que López Obrador empezó a tomar con seriedad las aspiraciones del panista, como nunca llegó a hacerlo con el candidato priista José Antonio Meade. En ese contexto se entiende la feroz persecución judicial que ejecutó el gobierno de Enrique Peña Nieto contra el panista, aunque el expresidente me ha asegurado desde su exilio que nunca hubo un acuerdo para la transición.

Ante las señales del retorno político de Anaya, el presidente ya empezó a acusar recibo. La semana pasada López Obrador adelantó que revelaría en su siguiente libro detalles de supuestos momentos en que el último gobierno priista consideró quitarles la candidatura tanto a José Antonio Meade como a Ricardo Anaya. Primero plantearon que Meade declinara por el segundo y después a la inversa; finalmente consideraron impulsar a otro perfil, según los dichos de López Obrador.

Testimonios que obtuve para un libro que se publicará a inicios del 2024 dan cuenta de que el perfil que se contempló hace cinco años como “bateador emergente” para pelearle la presidencia a López Obrador fue el del exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, José Narro Robles. La legitimidad y seriedad que entre los ciudadanos le aportaba a Narro el haber dirigido los destinos de la máxima casa de estudios fueron los elementos que invitaron a considerarlo como un mejor presidenciable.

Es posible que Andrés Manuel López Obrador adelantó un pasaje de esta historia porque considera a Ricardo Anaya como un posible candidato presidencial o bien un aguerrido legislador el próximo año. Y es que a pesar de que en el frente opositor aseguran que Xóchitl Gálvez está firme como su candidata, la realidad es que no termina de conectar, no la conocen en la mitad del país y tiene por lo menos 20 puntos de distancia con la puntera en las encuestas, Claudia Sheinbaum. Los tiempos establecidos por el INE permiten todavía esa opción, que es una carta muy escondida en el as bajo la manga de la oposición.

Posdata 1

Tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le hicieron el vacío al presidente Reyes Rodríguez Mondragón ayer en su informe anual. Se trata de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto, por lo que solo acudió, de la Sala Superior –donde se toman las principales decisiones del Tribunal– la magistrada Janine Otálora.

El presidente del Tribunal se llamó a sorpresa porque sus compañeros prefirieron irse a desayunar al hotel Four Seasons en lugar de asistir al acto protocolario, al que sí llegaron otros liderazgos del Poder Judicial de la Federación. Pero como dimos a conocer el lunes, la pugna, además de visiones distintas por cómo se “operó” la solicitud de presupuesto 2024 para el TEPJF y otros temas, tiene que ver con una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Yhalí Cruz Valle, de la ponencia de Reyes Rodríguez, por un presunto intento de extorsión contra el magistrado Felipe de la Mata.

Yhalí Cruz busca ser magistrada de la Sala Especializada del TEPJF y desde la presidencia se pretende obligar a renunciar a De la Mata de la Sala Superior Electoral, según fuentes del Tribunal. Así las cosas en el Tribunal que deberá defender los resultados de la elección histórica que tendrá el país en 2024.

Posdata 2

En abril expusimos que el entonces subdirector Jurídico de Contratos y Convenios de Pemex, José Samuel Sánchez Reyes, pidió su salida de la compañía y de paso su liquidación adelantada.

“Solicito se reanuden los efectos de mi jubilación en los mismos términos en los que fue otorgada el 1 de diciembre del 2018 como gerente Jurídico de Contratos”, decía el oficio enviado a la Dirección Jurídica, a cargo de Luz María Zarza Delgado.

La renuncia de Sánchez Reyes era la punta del iceberg de una investigación por presunta corrupción detrás de este personaje, quien está involucrado también en el escándalo de Odebrecht y los contratos fraudulentos para la refinería de Tula, Hidalgo.

Por un lado, el tema de su jubilación es en sí mismo un escándalo, pues todo apunta que no cumple los requisitos contractuales establecidos por Pemex.

Según información interna de Pemex, la relación de Sánchez Reyes con contratistas y proveedores de la empresa estatal ha sido también escandalosa. Nombres de compañías, colaboradores, compañeros, expetroleros, amigos y familiares saltan en las denuncias presentadas ante el Órgano de Control Interno de la petrolera.

Se le relaciona con el despacho Galtec (Grupo de Asesores Legales y Técnicos de la Construcción SA de CV), donde operan Roberto Zavala y Ernesto Beltrán, compadres y socios, quienes en conjunto han sido adjudicados con millonarios negocios con la petrolera y otras entidades de gobierno.

La novedad es que, a pesar de las acusaciones, José Samuel Sanchez Reyes se convirtió nuevamente en un funcionario público activo, ahora como director general de Normatividad en Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, posterior a su jubilación.

La pasividad de las autoridades frente a este caso ha llevado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a solicitar el inicio de un proceso de fiscalización de los recursos públicos de Pemex –donde operó hasta marzo de 2023–, específicamente en las áreas jurídicas en las que se desempeñó Sánchez Reyes, a quien también se le acusa de enriquecimiento ilícito, pues en su declaración patrimonial exhibió un sueldo neto de 106,732.54 pesos; sin embargo, se le detectaron múltiples inmuebles en zonas de alta plusvalía, así como diversos créditos hipotecarios que no corresponden con su salario como servidor público.

@MarioMal