Las pensiones son un reto a nivel global; mientras más aumenta la esperanza de vida, más complicado es su manejo. En el caso de México, con la mitad de la población económicamente activa en el sector informal y una disminución del índice de natalidad que empieza a invertir la pirámide poblacional, el reto es mayúsculo.
En este contexto, el presidente López Obrador planteó una ambiciosa reforma al sistema de pensiones que busca que los trabajadores reciban el cien por ciento de su último salario. Esto aplicaría para quienes ganan menos de 16,777 pesos mensuales. Para financiarla propuso usar los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, las ganancias que genere la operación del Tren Maya y la aerolínea Mexicana, sumados a lo que arroje el cierre de la Financiera Rural.
El problema es que no alcanza. De hecho, la principal crítica que la iniciativa ha recibido desde diferentes sectores es la dificultad para su financiamiento. Algunos de plano consideran que es imposible solventarla.
En el esfuerzo por hacerse de más recursos para convertirla en viable, legisladores de Morena plantearon transferir los ahorros no reclamados de las cuentas de Afore de las personas de 70 años o más, al llamado Fondo para las Pensiones del Bienestar. El coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, explicó que ese dinero está siendo utilizado por las administradoras de las Afore. De ahí la pertinencia de aprovecharlo para fondear la reforma de pensiones.
Por ley, los ahorros de los trabajadores no prescriben aún si estos tardan años en reclamarlos. Ante eso, los defensores de la reforma han dicho que, si el trabajador reclama su ahorro, simplemente se lo devolverán. Según cálculos de la Asociación Mexicana de Afores, estamos hablando de unos 40,000 millones de pesos El problema, nuevamente, es que no alcanza.
A esa insuficiencia de recursos hay que sumarle la falta de confianza. La semana pasada, el dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar fue modificado. La nueva versión contemplaba tomar los ahorros de todas las cuentas de los trabajadores mayores de 70 años, incluso las activas. Eso no había sido aprobado en el dictamen. Cuando el cambio fue detectado, los legisladores de Morena argumentaron que se había tratado de un “error humano”.
La legisladora de oposición que detectó los cambios, Carmen Rocío González, advirtió además que la redacción no era clara y no daba garantías para que los pensionados puedan reclamar sus recursos. Ante lo sucedido, la discusión ante el pleno se pospuso para hoy.
El problema es que el “error humano” se queda ahí como un preocupante precedente que golpea a la confianza, ya de por sí tan mermada en estos tiempos electorales. Si fue un intento tramposo para allegarse de recursos haciendo una modificación en lo oscurito, es muy grave. Pero si efectivamente fue un error, también es grave. Estamos hablando de una falla con consecuencias serias para miles de adultos mayores, que refleja la incompetencia de quienes tienen en sus manos decisiones clave para el país. Ni a cual irle. Tenemos la mala y la peor.