Opinión

Un juez federal, al que la Fiscalía General de la República, ya le había solicitado una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, detuvo el trámite para esa petición, luego del fallo del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara Carrancá, lo que significa que, en términos del Poder Judicial Federal, los argumentos del desechamiento de la Controversia Constitucional que dictó el ministro, sí le otorgaron un blindaje jurídico y constitucional al mandatario estatal, al considerar que sigue manteniendo el fuero porque así lo decidió el Congreso local.

El juez en materia penal, ubicado en un centro penitenciario del Valle de México, ya había aceptado tramitar la orden de aprehensión contra Cabeza a petición de la FGR, pero el fin de semana, tras la decisión del ministro González Alcántara, dio aviso de que ya no podía procesar la petición de la Fiscalía, por considerar que el acusado seguía gozando de la protección constitucional, según el criterio establecido en el texto con el que se desechó la Controversia interpuesta por el Congreso local de Tamaulipas, en el que se establece que los diputados locales tienen la última palabra en materia del desafuero del gobernador.

En ese sentido, la Cámara de Diputados, según fuentes del Palacio Legislativo de San Lázaro, prepara una impugnación al fallo del ministro para que sea revisado por la Corte, al considerar que Juan Luis González Alcántara “se excedió en sus facultades”, pues al desechar la controversia pretendió establecer criterios y argumentaciones jurídicas que no le correspondía a él fijar, sino que debieron ser discutidas o votadas por el pleno de alguna de las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Están viendo qué hacer y cómo presentar su recurso de inconformidad ante el Poder Judicial para no provocar un pleito o enfrentamiento entre poderes, pero sí dejar en claro que no le correspondía al ministro tratar de establecer una realidad jurídica haciéndolos pasar como argumentos del desechamiento”, comentó a esta columna un funcionario federal que sigue el tema.

En ese sentido se pronunció ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el líder morenista, Ignacio Mier Velazco, quien en su cuenta de Twitter cuestionó la autoridad del ministro para desestimar o desechar una decisión, como el desafuero de la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia: “Los efectos a los actos de la Cámara de Diputados no se rigen por un desechamiento; Cabeza de Vaca no tiene fuero. La FGR debe ejercer la acción penal y el Congreso de Tamaulipas debe nombrar a un gobernador interino conforme al artículo 84 de la Constitución del estado”, dijo el coordinador parlamentario de la mayoría de Morena.

El mismo Mier citó en su tuit el texto del mencionado artículo 84 de la Constitución tamaulipeca, que señala que: “En los casos de renuncia o muerte del gobernador o cuando se le declare con lugar a formación de causa, ya sea por violación a la presente Constitución o por delito del orden común, o ya por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que ella emanen, en los casos de competencia de las Cámaras Federales (…) Si los hechos tuviesen lugar dentro de los últimos tres años de éste, no se convocará a nuevas elecciones y la persona designada por el Congreso durará en sus funciones de gobernador hasta terminar el periodo”, dice el texto publicado por el legislador poblano.

Así que mientras el choque de interpretaciones continúa, y en el gobierno federal y en la 4T apuran y presionan para que la Fiscalía General de la República ya proceda a la detención del gobernador de Tamaulipas, en el Poder Judicial el juez al que le pidieron la orden decidió frenarla atendiendo el criterio del ministro González Alcántara, mientras que en la entidad tamaulipeca advierten, como ayer lo hizo el líder del Congreso local, el panista Gerardo Peña, que “una decisión como la detención del gobernador significaría la ruptura no sólo del orden constitucional, el estado de derecho, sino también de la República, si actúan de esa manera ya no tendría sentido la República federal que somos”, comentó ayer el presidente del Congreso tamaulipeco en una especie de advertencia de que su estado podría desconocer o romper el pacto federal si, a pesar del fallo del ministro González Alcántara, se decide proceder contra el gobernador Cabeza de Vaca.

Y en medio de todo ese debate que se tensa cada vez más, ayer López Obrador apareció en su conferencia matutina, desde Torreón, Coahuila, completamente desinformado. Cuando le preguntaron su opinión sobre el desechamiento y los argumentos del ministro Juan Luis González Alcántara, el presidente dijo que “al ser desechada la controversia, el gobernador Cabeza de Vaca ya no tiene fuero y la FGR podría proceder en su contra”, pero cuando los mismos reporteros trataron de explicarle, el mandatario tuvo que reconocer que no se había enterado del documento con el que el ministro desechó el recurso del Congreso de Tamaulipas. El problema que tienen ahora el presidente y la 4T es que, por más que quieran y presionen, el fiscal Alejandro Gertz no podrá obtener una orden de aprehensión, pues los jueces del Poder Judicial federal se están apegando al criterio emitido por el ministro que le reconoció aún el fuero a Cabeza de Vaca por la decisión soberana y constitucional del Congreso local. Veremos qué juez se avienta a ordenar la detención.

NOTAS INDISCRETAS…

Por cierto que al interior de la Suprema Corte, además de reconocer y respetar el fallo del ministro Juan Luis, a quien el resto de sus compañeros respetan por su trayectoria judicial y académica como constitucionalista, también se comenta que una explicación de los argumentos del desechamiento de la Controversia, que le otorgan la razón y la facultad constitucional al Congreso local para tener la última palabra sobre el desafuero de su gobernador, es que con eso el ministro refleja también la molestia e indignación que provocó en el Poder Judicial federal y particularmente en la Corte, los comentarios, ataques y decisiones del presidente López Obrador en su trato hacia los jueces y hacia los mismos ministros. Tantos ataques y críticas del Ejecutivo a los juzgadores a los que acusa de corrupción con generalizaciones, aunado a sus repetidos dichos de que sólo hay un ministro “honesto y capaz de conducir la recién aprobada Reforma Judicial” y ese es el ministro presidente Arturo Zaldívar, al que propusieron desde Palacio Nacional y el Congreso ampliarle dos años más su mandato en una clara reelección que pasa por encima del Poder Judicial, calaron fuerte en el ánimo de los juzgadores del Poder Judicial y con fallos como el de González Alcántara, que significa un revés para el Ejecutivo federal y para sus bancadas en el Congreso. “Es la venganza de la Corte y de los ministros por tanto maltrato e injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial”, dicen en los corrillos de la Suprema. ¿Será?... Y a propósito de la Reforma Judicial, el extraño retraso en la promulgación de esas reformas en el Diario Oficial ya es visto como una clara estrategia de la 4T para alargar, lo más que puedan los tiempos para que se presenten y discutan las Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad que ya tienen listas las bancadas de oposición en el Congreso. Entre más se tarde López Obrador en promulgar las nuevas leyes, más tardarán en llegar las impugnaciones a la Corte y más se tardarán los ministros para admitirlas e iniciar su discusión. Y la estrategia, dicen diputados opositores, podría ser esperar a que termine esta Legislatura en San Lázaro, para que ya no puedan controvertir las reformas estas bancadas y por otro lado, dar tiempo para que en noviembre próximo, cuando termina el encargo del ministro José Fernando Franco, el presidente pueda proponer a un nuevo ministro o ministra afín a su gobierno y de esa manera garantizar un voto más para aprobar la reforma y la posible extensión de mandato de dos años al ministro Zaldívar. Así que no es por gusto ni por disgusto, que no se promulga la Reforma Judicial, sino por hacerles la maldad a los opositores a la reelección en la Suprema Corte… Los dados mandan Serpiente. Descendemos.