Opinión

En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador han ocurrido 12 accidentes fatales de helicópteros propiedad de las Fuerzas Armadas, como el de ayer en el mar de Michoacán, en los que en total han muerto 38 efectivos de la Marina y el Ejército. En este contexto, además de la probable injerencia del crimen organizado en los desplomes, otro elemento a investigar es el mantenimiento y el origen de las aeronaves.

Ayer dimos a conocer el contrato más oneroso de reparación overhaul otorgado por la Sedena para sus unidades aéreas, de casi mil millones de pesos, adjudicado directamente a una empresa que carece de talleres en el país y que están vinculada al funcionario encargado del organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Óscar Artemio Argüello Ruiz. El servicio contratado es para brindar mantenimiento a los helicópteros de manufactura rusa MI-17, un modelo que ha estado involucrado en cuatro de los percances.

Uno de los más cercanos colaboradores de Argüello Ruiz, hoy director de Mexicana MRO, es Joaquín Adrián Caudillo Piña, encargado de firmar el contrato multimillonario como representante de la empresa Trans Ce Cargo SA de RL de CV. El joven ingeniero se ostenta todavía en sus redes sociales como gerente de Ingeniería de ASA, cargo que ocupa desde mayo de 2019, pero de manera simultánea se presenta desde 2016 como CEO de la firma CC&A Aerospace and Defense.

Al parecer, esta última es la marca comercial de Trans CE Cargo, pues los servicios que presume haber otorgado al sector público son los mismos que contabilizamos en la columna de ayer: casi mil 400 millones de pesos entregados desde 2019 por la dependencia que encabeza Luis Cresencio Sandoval a una empresa liderada abiertamente por el directivo de un organismo descentralizado del Estado.

Pero el conflicto de interés y posible corrupción no es todo lo que llama la atención de Caudillo Piña; también están sus vínculos con la industria aeronáutica rusa, la misma que dio el aval a la razón social Trans Ce Cargo para participar como proveedor único de mantenimiento de los helicópteros MI-17, y para justificar con estos argumentos la excepción del procedimiento de licitación. Resulta que el ingeniero aeronáutico por el Instituto Politécnico Nacional fue formado también en el Instituto de Aviación de Moscú, por lo que es un especialista y además promotor de la técnica aeronáutica soviética.

En la hoja de servicio de Caudillo Piña para la empresa Interjet se destaca que fue el responsable del programa SuperJet 100, que consistió en la compra y puesta en operación de 22 aeronaves modelo Sukhoi SSJ100 –conocidas como SuperJet 100–, fabricadas por la firma rusa Aviones Civiles Sukhoi. Joaquín Caudillo llegó a laborar a la aerolínea de la familia Alemán Velasco en junio de 2013, justo cuando arribó la primera unidad rusa para operar en el mercado mexicano, y se quedó como responsable de ingeniería y operación de esos aviones hasta finales de 2018.

La historia de las aeronaves rusas de Interjet es más que conocida: la compra de esos 22 aviones, cada uno por alrededor de 25 millones de dólares, fue una de las peores decisiones financieras de la compañía y aceleró su quiebra. La mexicana se convirtió en la segunda mayor operadora del SuperJet 100 a nivel mundial, solo superada por la aerolínea soviética Aeroflot, una situación crítica si se toma en cuenta que la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia determinó no operar algunas unidades de este modelo por haber detectado fallas en su estructura y considerar de amplio riesgo su operación.

En los últimos años, la industria de la aviación se ha preguntado quién convenció a los Alemán de embarcarse en esa peligrosa aventura soviética, y parece que la respuesta está en los contactos de su entonces director de operaciones, Óscar Argüelles, y sus colaboradores. La Marina ya tomó nota de estos sospechosos asuntos y relevó al funcionario de la dirección del GACM a principios de año. ¿Qué hará el Ejército? ¿Quién va a rendir cuentas por esos contratos y por los accidentes?

Posdata

A finales del 2021 revelé en esta columna cómo se gestó y se concibió Altor Casa de Bolsa, un despacho de asesoría financiera encabezado por el exsubsecretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, Fernando Aportela, quien se relacionó con el entonces jefe de Inversiones de Hacienda, Jorge Nuño Lara, un funcionario muy cercano a Andrés Manuel López Obrador.

De inicio costaba trabajo entender que un expeñista egresado del ITAM se moviera como pez en el agua dentro de la administración lopezobradorista, pero Aportela logró que Nuño Lara –entonces encargado de promover y echar a andar las obras de infraestructura de la 4T– mandara a su flamante despacho a los empresarios y directivos de las constructoras para “asesorarlos” y así ganar los contratos, según me lo revelaron cuatro empresarios del sector.

Desde entonces, Fernando Aportela buscaba que Altor no fuera solo un despacho de asesoría, sino una casa de bolsa, por lo que se acercó al entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf , quien estuvo a punto de otorgarle el permiso, pero se topó con pared: el secretario Rogelio Ramírez de la O.

Aportela fue paciente y gestionó en el sureste este permiso. Hace un par de semanas, Altor y sus socios acudieron al campanazo de la Bolsa Mexicana de Valores para celebrar la licencia para operar como casa de bolsa. La clave fue el empresario tabasqueño Gustavo Matía Gutiérrez León, egresado del ITAM –igual que Aportela y Nuño–, muy cercano al exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Fue este íntimo contratista y colaborador de la 4T quien logró unir lo que, ideológicamente, se considera el agua y el aceite: a los “neoliberales” con los contratistas de los gobiernos de Tabasco. La investigación completa se publica hoy en elceo.com

@MarioMal