Opinión

El pasado 22 de febrero, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a una guerra de filtraciones de datos personales y números telefónicos de figuras relevantes de la política en la “mañanera” en la que quiso anticiparse, para hacer control de daños, al reportaje del periódico más prestigiado del mundo, The New York Times, el cual se disponía a dar a conocer una investigación emprendida por la DEA sobre la presunta entrega de millones de dólares del narcotráfico a la campaña que lo llevó a la Presidencia en 2018, y sobre posibles vínculos entre operadores de los cárteles y personajes de su círculo cercano.

Citando una versión que consta en documentos de la DEA, el reportaje informaba que cárteles del narcotráfico poseían videos de algunos de los hijos de López Obrador recibiendo dinero del narco.

Aunque el reportaje firmado por Alan Feuer y Natalie Kitroeff señala que la investigación fue archivada porque el gobierno de Estados Unidos estaba poco interesado en rastrear acusaciones que involucraran con dinero sucio al gobierno de uno de sus principales socios comerciales, y su colaborador más importante en la lucha para detener el tráfico de fentanilo; aunque el reportaje señala que los investigadores no lograron hallar conexiones directas “entre el presidente en sí y organizaciones delictivas”, López Obrador estalló en la “mañanera”.

Llamó “pasquín inmundo” a The New York Times y, al exponer el cuestionario que, con impecable rigor periodístico, le había enviado Natalie Kitroeff, leyó en voz alta, desde la tribuna más alta del país, el número telefónico de la periodista.

Unas semanas atrás se habían filtrado los datos personales de cientos de periodistas que cubren la “mañanera”. Esta vez, al revelar la información de contacto de la corresponsal de The New York Times, el presidente colocó a esta en riesgo, en un país envenenado por las pasiones políticas, que es, además, “el más peligroso para la prensa en el Hemisferio Occidental”.

El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, consideró que esto se trata de “una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial, en un momento en que las amenazas a periodistas van en aumento”. El Inai abrió una investigación de oficio. La vocera de la Casa Blanca declaró que la reacción de López Obrador contra la libertad de prensa “no es algo que nosotros apoyemos”.

Pero en una de las confesiones más escandalosas en un sexenio lleno de confesiones escandalosas, el presidente justificó el delito que había cometido al divulgar los datos de la corresponsal, y dijo que lo volvería a hacer, pues estaba dispuesto a ir “con todo” contra quienes lo calumniaran a él y a sus hijos.

Dijo todavía más. Declaró que por encima de la ley estaba su autoridad moral y política.

Dijo también que los periodistas se sentían “bordados a mano” y señaló que si Kitroeff estaba preocupada por la divulgación de sus datos, lo que debía hacer, sencillamente, era cambiar de número telefónico: “No pasa nada”, declaró.

Las declaraciones de López Obrador, quien lleva semanas totalmente acorralado, intentado desprenderse del hashtag “Narcopresidente”, crisparon de manera delirante a las antes benditas redes sociales. YouTube bajó de su plataforma las palabras de AMLO, alegando acoso y bullying. Estalló una vergonzosa guerra de teléfonos, en la que fueron filtrados los números de varios personajes ligados a la llamada 4T: el de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente; el de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum; el del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas; el de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; incluso el de personajes completamente irrelevantes, como Jorge Gómez Naredo, editor de un portal llamado Polemón.

Si esto fue el verdadero inicio de las campañas políticas de cara a junio de 2024, es posible esperar lo peor. Desde Sinaloa, López Obrador calificó como algo “muy vergonzoso” la filtración del teléfono de su hijo, y luego, con bajeza digna de los días que vivimos, reviró con un video en el que dio a conocer los supuestos sueldos de dos periodistas que han sido críticos de su gobierno (Jorge Ramos y León Krauze) y en el que celebró a mandíbula batiente las declaraciones de un pescador que llamó “corrupto” a uno de los periodistas arriba mencionados.

Los titulares de los números telefónicos filtrados durante la nueva guerra denunciaron acoso y la llegada masiva de mensajes de odio.

Las dos principales candidatas a la Presidencia de la República reaccionaron de modo diametralmente opuesto a la “guerra de teléfonos”.

En su cuenta de X, Claudia Sheinbaum —quien hace unos días calificó de hipócritas y falsarios a los ciudadanos que colmaron libremente el Zócalo para defender el voto libre y exigirle al presidente que saque las manos de la elección—, denunció la filtración de su número, calificó los ataques de “burdos” e “inofensivos”, y envió un mensaje cargado de soberbia: “Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas”.

Siguiendo los pasos y el tono acostumbrado por el presidente, Sheinbaum incluyó indebidamente en su post el número de contacto de una de las personas que le habían enviado mensajes.

Una de las cuentas más tóxicas al servicio de la 4T se encargó de filtrar a continuación el número telefónico de la candidata de oposición Xóchitl Gálvez, quien recibió también una andanada de mensajes violentos. La candidata atribuyó el hecho al “pésimo ejemplo” ofrecido por el presidente, pero a diferencia de su contrincante decidió compartir, “si aún no lo tienes”, su número telefónico. “He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita: lo que no se quieta es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Así que preocúpense porque esto ya nadie lo para”, declaró en un video.

El lodazal donde se confunden el delito, el odio, la falta de escrúpulos y el resentimiento enturbia el proceso electoral más grande y complicado que el país haya enfrentado. Es de algún modo, a unos días de su arranque oficial, el banderazo de salida de unas campañas presidenciales, de una lucha por el poder en la que todo, al parecer, estará permitido. Y el responsable, para vergüenza del país, es nada más y nada menos que el presidente.

Como dice el clásico: ya lo dirá el corrido.

Héctor de Mauleón