Opinión

En los primeros meses del gobierno López Obrador, el expresidente Enrique Peña Nieto recibió un mensaje contundente: sus crecientes apariciones públicas agraviaban a Palacio. El político mexiquense se apegó a la liturgia de la política mexicana e informó al mensajero que haría sus maletas de inmediato. Ese emisario fue un viejo amigo, que acababa de ayudarlo a tramitar su divorcio: Juan Collado, el controvertido abogado que durante dos décadas se había codeado con lo más granado del poder en México. 

Collado Mocelo, rodeado siempre de artistas, políticos y otros integrantes del jet set nacional,está por cumplir 33 meses en la cárcel desde que en julio de 2019 fue ingresado al Reclusorio Norte de la ciudad de México. Desesperado, hoy parece una bomba de profundidad en el sistema. 

La tarde de su arresto, a las afueras de un lujoso restaurante, áreas de inteligencia reportaron que despachos de conocidos penalistas recibieron llamadas telefónicas de personajes de alto nivel de la política ligados al PRI. La lista incluye a dos expresidentes de la República. La petición común fue acudir en auxilio de Collado, tenido por confidente, gestor jurídico y aun prestanombres de parte de la cúpula política y sindical. 

Pero Collado sigue en prisión. Sus reportes médicos dan cuenta de una salud deteriorada por diabetes e hipertensión, más trastornos anímicos que van desde la desesperación hasta la depresión más profunda. Un conocido empresario con el que compartió penal informó a autoridades que en siete ocasiones el famoso litigante le pidió: “Consigueme algo para matarme…”. 

Parte de una familia de juristas que incursionó tempranamente —por sí mismos o de la mano de la política— en negocios hoteleros, farmacéuticos y de casas de empeño (Prenda Oro fue quizá la pionera), Collado ya vivía antes de ser detenido el producto de una vida ostentosa, negocios cuestionables y el derrumbe de su influencia política, como se trasluce en la demanda presentada en octubre de 2021 a la Fiscalía General de la República (FGR) para que le sea otorgado un “criterio de oportunidad”, un acuerdo que le permita salir en libertad a cambio de que, establece la ley, “pueda aportar información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa…”. 

La misma demanda —copia de la cual dispone este espacio— da cuenta de cómo Collado vio anegarse otras opciones para no caer en la cárcel. O ya en ella, lograr un acuerdo para pagar al fisco por una fortuna depositada en Andorra -propia o de cómplices- estimada en 3,000 millones de pesos, como lo pidió públicamente el Presidente en febrero pasado. 

El último clavo ardiente puesto a su alcance fue demandar al despacho de abogados que lo defendió inicialmente, al que acusa de ofrecerle la protección de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico y amigo por décadas de López Obrador”.

Las pruebas que ofrece —que ameritarán nuevas entregas de esta columna— difícilmente pueden sustentar su dicho, pues son copias de “chats” en los que sus hijos conversan afectuosamente con los abogados, o les envían “memes”. 

Apuntes: El despliegue de 1,500 efectivos de la Marina en tareas de vigilancia del aeropuerto de la ciudad de México desplazó de esas tareas a la Guardia Nacional. Ello atrae la percepción de que ésta se hallaría al centro de acusaciones por extorsión de extranjeros, entre otras irregularidades denunciadas en este espacio. Los marinos asignados a la terminal aérea superan en número a sus antecesores, y tienen presencia en todas las áreas, con el propósito de prevenir excesos por parte de agentes de Migración, entre otros.