Opinión

Cuando el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., integrado por 31 científicos y académicos mexicanos que hoy se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República por presunta delincuencia organizada, dejó de recibir fondos del Conacyt, se interpuso un recurso de amparo.

Desde mediados de 2019 el Conacyt, a cargo de la cuestionada María Elena Álvarez-Buylla, desconoció de un plumazo la relación jurídica con la asociación: el juicio de amparo se radicó en el juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 1440/2019.

En ese juicio, el Foro obtuvo una suspensión provisional, y más tarde la definitiva, a fin de que el Conaycyt siguiera entregando los recursos gracias a los cuales, a lo largo de dos décadas, lo han convertido en un espacio de reflexión e investigación central en la vida de México.

Como se sabe, el Foro ganó la demanda dos veces.

Con intención de apagar el fuego, el 21 de noviembre de 2019, Conacyt expidió un cheque (0000030) por siete millones de pesos. Pero era un cheque incobrable.

Venía a nombre de la secretaría técnica del Foro: esto imposibilitó que ingresara en la cuenta correspondiente y la colocó a ella, en caso de cobrarlo, en la mira del SAT.

Como era previsible, la secretaria técnica regresó el cheque, que fue entregado a los juzgados.

Los jueces le exigieron al Conacyt que cumpliera con la ley de Ciencia y Tecnología: entregar los fondos. Pero Álvarez-Buylla y sus operadores hicieron una jugada perversa: el 11 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual “se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”.

Ese día el Foro dejó de tener personalidad jurídica: la capacidad de tener autonomía y patrimonio propio.

¿Qué significó? Que a través de esta estrategia el Conacyt de María Elena Álvarez-Buylla –el Conacyt de Alejandro Gertz Manero, es decir, el Conacyt de Andrés Manuel López Obrador, dejémoslo claro– anuló los efectos de la sentencia que le obligaba a entregar los fondos al Foro Consultivo.

Las fechas en que el Conacyt modificó sus estatutos fueron el 11 de diciembre de 2019, el 11 de febrero de 2020 y el 2 de junio de 2020.

A través de esas modificaciones se eliminó el artículo que establecía que el Foro tenía una A.C. Había dejado de existir esa relación jurídica y por tanto no existía ya la sentencia de amparo dictada por el juez de distrito, por lo que se resolvió sobreseer dicho juicio.

Vino una campaña realizada por las plumas (perdón por el cultismo) ancilares de la 4T:

“La crítica en los medios (…) proviene de personas que no participan en la investigación dentro de los 26 centros ni las universidades, ni son docentes o directivos ni mucho menos conocen la ecología de los procesos de producción, acceso, divulgación y generación del conocimiento científico ni de los mecanismos de evaluación de sus programas. Es decir, se trata de una crítica parcial y descontextualizada”.

No se esperaba, desde luego, la explosión mundial que las acciones de Gertz y compañía iban a despertar.

Cabe señalar que el Foro Científico Consultivo y Tecnológico alzó la mano contra la desaparición de fideicomisos que estaban destinados a actividades de investigación, innovación y labores científicas centrales para México.

Este espacio de asesoría estratégica, constituido de manera democrática, es (¿o era?) uno de los esfuerzos mayores por colocar a México a la vanguardia de la investigación científica.

Una vez, sin embargo, el presidente aseguró que existía un grupo de científicos a cuyos integrantes se les tenían que pagar lujos: “No existían más que coloquios”.

Su fiscal determinó que debían ser encarcelados en Almoloya.