Opinión

El flamante supersecretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene ya su primera prueba de fuego.

En línea con las tareas que le asignó el Presidente, tendrá que convencer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la viabilidad de seguir comprando medicamentos en el extranjero y sin licitación, justo cuando el modelo impulsado por la 4T ha demostrado ser un verdadero desastre.

En la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara, de la Primera Sala de la Corte, se cocina una resolución que dejaría sin validez la reforma que impulsó Morena a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante la cual se exceptúan de licitación las compras de medicamentos que el gobierno hace en el extranjero, a través de organismos intergubernamentales e internacionales.

La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados el 29 de julio de 2020, y dos días después el Presidente recibía al representante de la UNOPS en México, Fernando Cotrim Barbieri, con quien firmó un convenio para realizar la compra consolidada de medicamentos, vacunas y equipo médico del 2021, por un monto de más de 100 mil millones de pesos.

En principio se concibió que, de las casi 3 mil 600 claves que se requieren en los institutos públicos de salud, alrededor de 2 mil se adquirirían mediante esta colaboración. A las farmacéuticas mexicanas –o a las foráneas con representación en el país– se reservó sólo 40% de las claves, principalmente para la compra de medicinas de patente.

Pero en el experimento de la UNOPS fallaron todas las partes, desde los proveedores que no lograron cubrir la oferta en cantidad y en calidad; el organismo internacional que exhibió su falta de experiencia en la compra de ese tipo de insumos –ni siquiera consideró la complejidad del proceso de distribución–, y por supuesto el Insabi, a cargo del arqueólogo Juan Ferrer, que ni siquiera pudo liberar a tiempo los recursos para garantizar el abasto en el sector salud.

A esto se suma que la industria nacional interpuso unos 20 juicios de amparo contra la reforma que posibilitó este tipo de compras sin licitación en el extranjero, sustentados en el argumento de una posible violación al artículo 134 constitucional que demanda procedimientos de compra que garanticen para el Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

La cruzada legal ya había alcanzado algunos logros en los juzgados, como el amparo que otorgó a inicios del año la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina Alcántara, que argumentó que ese tipo de compras excepcionales en el extranjero debía reservarse para los insumos médicos en los que no existieran alternativas de proveedores nacionales.

El caso pasó a revisión de la Corte y se espera, en un par de semanas, la definición final de los ministros, quienes tendrán que enfrentarse una vez más a la presión del Ejecutivo, quizá hasta en un nivel superior al que vivieron en días pasados con el caso de la devolución de impuestos de la familia Azcárraga.

Arropan a AMLO en Oaxaca

El presidente López Obrador inició este domingo una gira de dos días en Oaxaca, donde supervisará el avance del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y participará en un foro sobre energía y cambio climático.

A diferencia de lo que sucedió en Tabasco hace unos días, no se espera que se enfrente con la CNTE. Parece que en el estado que gobierna Alejandro Murat, López Obrador se siente más en casa que en su natal Tabasco.

El funcionario clave para evitar confrontaciones es el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Villarreal, político local cercano a Murat, a la Sección 22 y a prácticamente todos los sectores políticos del estado. Se dice que es el caballo negro de Murat para 2022.

Recursos para reconstrucción

Con el reciente inicio de legislatura en San Lázaro y ante la catástrofe a la que se enfrentan miles de familias en Hidalgo, el diputado federal por el estado, Cuauhtémoc Ochoa, tiene en la mira conseguir recursos para que inicie la reconstrucción de hogares y comercios, por lo que busca impulsar que las inundaciones sean incluidas tanto dentro de la cobertura de los Bonos Catastróficos, como de los beneficios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Entre sus proyectos está poner en marcha programas dedicados especialmente a otorgar beneficios a los damnificados, en coordinación con el Ejecutivo y la Banca de Desarrollo, además de utilizar el Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu para la rehabilitación del centro de Tula.

En materia de prevención, Ochoa Fernández también ha dado a conocer que va por la actualización y aplicación permanente del Atlas Nacional de Riesgo por Inundación, así como la liberación de la primera parte de los 3 mil millones de pesos necesarios para ampliar el cauce del Río Tula.