Opinión

Un día después de que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, había sido llamado de “emergencia” a una reunión en Washington con su contraparte, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ocurrió un hecho pocas veces visto en la historia reciente del país: agentes armados de la Secretaría de Marina tomaron posesión de las oficinas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), hasta donde los marinos llegaron sorpresivamente el pasado jueves 30 de septiembre, para controlar no sólo el edificio del organismo de la Secretaría de Salud, sino también para destituir a varios funcionarios en posiciones clave y nombrar en su lugar a militares que asumieron las funciones de la dependencia sanitaria.

La toma militar de la institución civil, que tomó por sorpresa a los trabajadores y directivos de la Cofepris, incluyendo su titular Alejandro Svarch Pérez, obedeció a una orden directa de la Presidencia de la República, luego de que el fiscal Gertz Manero notificara de la exigencia directa del fiscal Garland de Estados Unidos, para que el gobierno de México controlara los permisos para la importación de fentanilo que estaba otorgando la comisión sanitaria. Y es que, en sus oficinas de la Fiscalía en Washington, Garland le mostró al fiscal mexicano una investigación de la DEA que documentaba la existencia de una banda que estaba fabricando pastillas de fentanilo en México y que las distribuía en Estados Unidos, y las pruebas de que parte del químico utilizado en la elaboración de esa droga letal había sido adquirido por los narcotraficantes a través de permisos oficiales de la Cofepris.

A partir del informe del fiscal Gertz, que acusaba la existencia de una red de corrupción en la Cofepris, a través de la cual se estaban dando permisos de importación de fentanilo que luego terminaba en manos del crimen organizado, el presidente López Obrador ordenó que la Secretaría de Marina tomara el control físico del edificio y que se hiciera una limpia profunda en los principales cargos de la institución, permitiendo que incluso en algunas áreas clave, que tienen que ver con la revisión y otorgamiento de permisos de importación de sustancias, se nombrara a funcionarios de la Marina.

Desde ese jueves 30 de septiembre, cualquier trabajador, directivo o visitante que desee entrar a las instalaciones de la Cofepris, ubicadas en la colonia Nápoles frente al edificio del World Trade Center, tiene que pasar por los filtros de revisión donde hay marinos armados con armas largas que revisan cuidadosamente todos los ingresos. También las bases de datos y padrones de empresas y particulares que tienen permisos para la instalación de sustancias como el fentanilo, que se utiliza legalmente en la industria farmacéutica, fueron puestas a disposición de las áreas de inteligencia de la Semar que revisa detalladamente a todos los involucrados en el manejo e importación de esta sustancia.

La limpia y los cambios en la Cofepris comenzaron un par de días antes de la toma militar de la Cofepris con el nombramiento de Bertha Alcalde Luján como titular de la Comisión de Operación Sanitaria; en tanto que Hermilo Domínguez Zárate fue designado al frente de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos. Esos dos nombramientos, anunciados el martes 28 de septiembre, significaron la remoción de funcionarios vinculados al subsecretario Hugo López-Gatell y fueron la primera parte de la sacudida que continuaría con la destitución de la directora de la Comisión de Autorización Sanitaria, América Azucena Orellana Sotelo, otra cercana al subsecretario, en cuyo lugar fue designado el pasado 7 de octubre el médico Natan Enrique Ríos.

La llamada urgente del fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, al fiscal mexicano Gertz Manero se produjo el 28 de septiembre pasado, en donde le pedía que viajara de inmediato a Washington, luego de que un día antes, el 27 de septiembre, la DEA lanzara una “Alerta Nacional de Salud Pública” por la circulación en los 50 estados de la Unión Americana de pastillas falsas con fentanilo, producido mayoritariamente en México a partir de precursores químicos importados de China, algunos de contrabando ilegal, pero otros incluso con permisos oficiales otorgados por la Cofepris.

Esta fue la primera “Alerta Nacional de Salud Pública” emitida por la agencia antidrogas estadounidense en 6 años y tuvo que ver primero con la detección de estas pastillas de fentanilo altamente adictivas que se vendían con etiquetas de medicinas fabricadas en México, y segundo con el alarmante incremento en el número de muertos que se registran todos los días en Estados Unidos a causa de una sobredosis que, de acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) es de 255 cada 24 horas.

Las pruebas que le mostraron a Gertz en la oficina del fiscal estadunidense, sobre presuntos actos de corrupción en la Cofepris en el otorgamiento de permisos para importación de fentanilo desde China, junto con la exigencia de que el gobierno mexicano actuara de inmediato para frenar ese tema, fue lo que motivó la toma militarizada de la Cofepris, que todavía hoy, si bien es dirigida por civiles, sigue bajo el control y la supervisión de la Marina, sobre todo en los temas que tienen que ver con el otorgamiento de permisos para la importación de precursores químicos.

Eso, junto con los compromisos adquiridos en Migración, para que México siga aceptando la aplicación del polémico Capítulo 42 y la reedición de facto del “Remain in México”, aceptando recibir a todos los migrantes indocumentados que soliciten asilo en los Estados Unidos, explica en parte por qué los recientes apapachos que la Casa Blanca le ha concedido al gobierno de López Obrador, primero con la apertura de la frontera común a partir del 8 de noviembre, después de año y medio que permaneció cerrada, y el lunes pasado con la visita del enviado de Joe Biden para el Cambio Climático, John Kerry, que vino a elogiar el programa “Sembrando Vida” del gobierno lopezobradorista y a ofrecer apoyo para implementarlo en Centroamérica.

Nada es nunca gratis en la relación con Estados Unidos y, si se tienen que militarizar las instituciones civiles, está claro que López Obrador lo hará sin ningún problema, como ya lo hizo en muchos otros casos y ahora con la Cofepris. El problema es que los marinos podrán controlar la importación legal de fentanilo, pero no han podido evitar, y se ve difícil que lo logren, que sigan entrando toneladas de contrabando ilegal de fentanilo y otros precursores químicos utilizados por los cárteles mexicanos para la producción de drogas que son enviadas a Estados Unidos y distribuidas también en México. Ese contrabando ilegal continúa en los puertos mexicanos, principalmente Manzanillo y Lázaro Cárdenas, con todo y que a la Secretaría de Marina el Presidente ya le entregó también la administración de las aduanas marítimas.

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito de la Marina, el almirante secretario, Rafael Ojeda, ha sido visto jugando golf en el exclusivo campo del Club Campestre de la Ciudad de México en Churubusco. Un día a la semana por los últimos dos años, el almirante llega vestido de civil, manejando un bajo perfil, y tira varios hoyos a veces solo y otras acompañado de algunos amigos. Hasta ahí no pasa de ser una afición del secretario que se da tiempo para practicar el elitista deporte. El tema es que, en chats internos de los socios del Campestre, se ha empezado a comentar, con cierta inconformidad, el hecho de que el almirante no paga una membresía en el exclusivo club, que por cierto no es nada barato, sino que ingresa a utilizar las instalaciones a través de un “pase especial” que le otorgó la directiva del Club a partir de la solicitud de uno de los socios distinguidos que pidió el favor para el titular de la Secretaría de Marina. Los integrantes de la Mesa Directiva autorizaron el “pase especial” para el almirante Ojeda Durán, tal vez por su cargo o por la recomendación de su amigo socio, pero ese hecho ha provocado ya señalamientos internos de otros socios que cuestionan si no se trata de un caso de influyentismo del secretario y se preguntan ¿por qué el almirante no hizo su solicitud para convertirse en socio y pagar sus cuotas como todos los demás socios y prefirió gozar de los servicios del club de manera gratuita? ¿Será que al secretario no le alcanza su sueldo o le es más cómodo utilizar su cargo para obtener un beneficio gratuito por el que otros socios pagan? Cualquiera que sea la razón, está claro que lo que está haciendo el almirante Ojeda no va mucho con el discurso del presidente López Obrador de que en su gobierno se acabó el influyentismo…Los dados repiten Serpiente. Mala racha.