Opinión

Esta semana cuando la secretaria de seguridad Rosa Icela Rodríguez dio a conocer en la mañanera las cifras delictivas, el presidente -como siempre- se mostró satisfecho. Sin embargo, el bailoteo de cifras de incidencia delictiva ha terminado por no reflejar la realidad que vive la gente, y por tanto tampoco servir para diseñar estrategias.

Quizá esto tiene que ver con la costumbre de llevar la conversación pública hacia los homicidios dolosos. Como son tan pocas las denuncias de otros delitos, principalmente por la dificultad de presentar una denuncia, nos quedamos con las cifras de homicidios dolosos como las más confiables, y entonces todo gira en torno a cómo reducirlas.

Así que, cuando estos números bajan ligeramente, López Obrador y su gabinete de seguridad parecen extasiarse como si ya fuéramos Dinamarca. Recordemos que el presidente inició su gobierno en 2018 con una tasa de 29 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (cifras del Inegi), en 2019 y 2020 se mantuvo igual, en 2021 hubo una tenue baja a 28 y este año es previsible termine cercano al mismo número. Pero nada indica que lleguemos a reducirla en un 50% como prometió al principio del sexenio. Y comparado con años anteriores, no hay nada que presumir, este gobierno tiene 4 de los 5 años más violentos del siglo XXI.

Además, las cifras de homicidios dolosos que da a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cada día 20 de mes, están en entredicho por la forma como las fiscalías reportan los delitos y la falta de auditoría por parte del gobierno federal. Por ejemplo, hay casos como el de Sinaloa, que muestran una disminución de 10% en el número de homicidios dolosos de enero a octubre de 2022, respecto del mismo periodo del 2021, pero en la categoría de “víctimas por otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, el número de víctimas reportadas incrementó 90%. Esta categoría incluye “entre otros” (sic), inducción o ayuda al suicidio, peligro de contagio e inseminación artificial no consentida. ¿Será que en algunos estados hay mucha gente que ayuda a que otros se suiciden, o que hay muchos laboratorios de inseminación artificial donde llevan a las mujeres por la fuerza?

Otro caso que llama la atención es Baja California, que está en los primeros lugares de homicidio doloso con 2,279 de enero a octubre de 2022, pero además reporta 2444 víctimas en la categoría descrita en el párrafo anterior y en la categoría de “otros delitos que atentan contra la libertad personal” pusieron 2739. En esta, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) incluye, entre otros, el rubro de desaparición forzada de personas cometida por particulares.

Estos y otros casos nos llevan a pensar que están colocando homicidios dolosos en rubros distintos a los que pertenecen, y que se requiere que el SESNSP audite y ponga orden.

No dejo de señalar, además, que en todo el sexenio anterior tuvimos 35,065 personas desaparecidas; y en solo 4 años de este gobierno ya tenemos 37,957 personas. Lo que podría significar que tristemente muchas de las víctimas de homicidios dolosos se encuentran literalmente, bajo la tierra.

Por último, no mostrarse agobiados por estas cifras en homicidios dolosos, cuando además, están en sus máximos históricos delitos como el cobro por derecho de piso, la trata, los ciberdelitos, delitos contra las mujeres y teniendo municipios tomados por los criminales y comunidades enteras desplazadas, es, por lo menos, desvergonzado.

Este fracaso es atribuible al gobierno federal por centralizar los recursos y dar toda la responsabilidad al Ejército, pero también es imputable a los gobernadores y presidentes municipales. Al parecer, por no confrontarse con el presidente o por ser omisos e insolentes han permitido que les quiten recursos, les impongan secretarios de seguridad y fiscales militares, los obliguen a tener reuniones mañaneras infructuosas y se dejen de hacer cargo de lo que constitucionalmente es su su primera responsabilidad, cuidar a sus ciudadanos.

Entonces debemos exigir que los gobiernos locales tomen su responsabilidad, aborden los fenómenos delictivos y construyan respuestas desde lo local. Hay algunas experiencias muy positivas que todos deberían tomar en cuenta.

Y no sobra recordar a los gobernadores que existe un Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde están obligados en conjunto a tomar decisiones y que por ley debe sesionar dos veces por año, aunque en este gobierno la ley les tenga sin cuidado.