Opinión

El caso más emblemático y sonado de la lucha contra la corrupción de este sexenio, el de la corrupción en Pemex con Emilio Lozoya y los sobornos de Odebrecht, está prácticamente estancado y mientras el exfuncionario del sexenio de Peña Nieto cumple ya 7 meses gozando de comodidades y tratos privilegiados como “testigo colaborador”, que le ha otorgado la Fiscalía General de la República, sigue sin dar resultados y hasta ahora no se ha enjuiciado a ninguno de los casi 70 políticos, expresidentes, excongresistas y exsecretarios que fueron acusados e imputados por el exdirector de Pemex. De hecho, dentro del mismo gobierno de la 4T hay serias dudas de si lo más adecuado fue otorgarle el beneficio del “criterio de oportunidad” o si era mejor enjuiciar directamente a Lozoya por varios delitos graves que le han documentado.

La propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha controvertido en los tribunales la decisión de la FGR de otorgar el criterio de oportunidad a Emilio Lozoya, y aunque en una primera instancia un juez federal le negó la apelación a la UIF por no acreditar su calidad de víctima, la instancia que dirige Santiago Nieto se amparó contra el fallo de los jueces y ha presentado nuevas denuncias en contra del exdirector de Pemex, a quien acusa de haber desviado hasta 3 mil millones de pesos del presupuesto de la petrolera para pagarle a Odebrecht contratos de obras que, aunque se otorgaban con toda la apariencia de legalidad, en realidad eran parte de un mecanismo para que la compañía brasileña “limpiara” el dinero de origen público a través del uso de empresas factureras y fachada, que terminaban dispersando los recursos entre particulares para que finalmente, terminara siendo utilizado para fines políticos o campañas electorales.

La investigación de la UIF, que revisó las operaciones financieras realizadas entre Pemex y Odebrecht, encontró que entre 2014 y 2016 la empresa mexicana le realizó 17 transferencias de pagos a las tres compañías de la familia Odebrecht que operaban en México:

Constructora Norberto Odebrecht, S.A. de C.V; Odebrecht Ingeniería y Construcción Integral de México y Odebrecht Servicios Integrales SRL de C.V. Entre las tres filiales del emporio brasileño recibieron los SPEI´s desde las cuentas de Pemex y, según tienen documentado en la Unidad de Inteligencia, esos recursos de origen público fueron trasladados a otras empresas privadas, varias de ellas consideradas “fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que las tiene incluso enlistadas. Esas compañías fachada o inexistentes se encargan de dispersar el dinero con pagos de montos menores a otras empresas más pequeñas y en algunos casos a través de cheques expedidos a particulares, que tiene identificados la autoridad financiera, para burlar los reportes de los bancos.

La presunción que tienen en la oficina de Santiago Nieto es que ese mecanismo de “blanqueado” de dinero que operó entre Pemex y Odebrecht era en realidad una forma de sacar los recursos públicos para desviarlos a fines políticos, como campañas o financiamiento de candidatos. Esta sería otra versión del tipo de la “estafa maestra”, distinta a la que ya ha investigado la Función Pública y por la que ya ha habido incluso exfuncionarios acusados e inhabilitados por haber transferido 568 mdp a una empresa fantasma. En este caso, los contratos que la empresa petrolera pagaba a Odebrecht y sus tres filiales en México por instrucciones directas de Emilio Lozoya, tenían todo el aspecto de legalidad y de supuestas obras y contratos otorgados a las empresas brasileñas, pero lo que llamó la atención de la UIF y los llevó a rastrear esos pagos por 3 mil millones de pesos, son las operaciones y transferencias que después hacían las tres empresas de Marcelo Odebrecht para mandar el dinero a empresas fachada y terminar dispersándolo en pequeñas cantidades con la intención de “diluir” o “repartir” ese dinero de origen público.

Esa investigación y denuncia de la UIF contra Lozoya es parte de lo que no se le ha podido imputar al exdirector de Pemex, en parte por la calidad de “testigo colaborador” que le otorgaron junto con el “criterio de oportunidad”, y también porque esas acusaciones no estaban incluidas en la solicitud de extradición con la que el Gobierno de México y la FGR le solicitaron a España la entrega de Emilio Lozoya que finalmente se concretó en julio del 2020. Pero mientras son peras o son manzanas, lo cierto es que Lozoya Austin hoy sigue gozando de los beneficios de haber dado “información” con la que supuestamente el fiscal Alejandro Gertz Manero podría acusar a otros superiores jerárquicos y excongresistas que fueron parte de la red de corrupción y sobornos instrumentada entre Pemex y Odebrecht.

Pero de 71 nombres que mencionó Lozoya y que la Fiscalía se tomó 6 meses para investigar (que se vencieron el pasado 31 de enero) hasta ahora sólo hay una carpeta que ha sido judicializada y una acusación contra el exsenador panista Jorge Lavalle, a quien extrañamente se le pospuso la audiencia que tenía programada el pasado 25 de enero.

Así que, tanta tardanza en el Caso Lozoya, tanto ruido y tan pocas nueces hasta ahora, generan ya todo tipo de dudas, teorías y sospechas. Desde “arreglos políticos” entre el fiscal y los panistas en el Senado para impulsar su controvertida iniciativa de Ley Orgánica de la FGR, hasta la idea de que fue un error que le hayan dado el criterio de oportunidad a Lozoya porque la “información” que le entregó a la Fiscalía eran más dichos que pruebas y que por eso no hay hasta ahora acusaciones formales.

El caso es que mientras su caso no parece tener mucho caso, el señor Lozoya sigue siendo un privilegiado y un protegido de la justicia mexicana, a pesar de haber sido uno de los mayores exponentes de la desmesurada corrupción del sexenio peñista.

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito de la iniciativa de la Ley de la FGR que comentamos en este espacio el sábado pasado, a las críticas y cuestionamientos que han surgido de expertos, organizaciones sociales y algunos integrantes del gabinete federal, se suman ahora las dudas que la propuesta de ley genera entre los senadores de la República, tanto en la bancada de Morena como en la oposición. La desaparición del Consejo Ciudadano de la Fiscalía, entre otros contrapesos que son eliminados en la propuesta del fiscal Gertz, es algo que no ha sido bien recibido ni por los morenistas ni por los opositores. La senadora Claudia Ruiz Massieu, por ejemplo, es de las que encabezan ya el análisis de la propuesta y ha expresado que no está de acuerdo con varios de los cambios y retrocesos que plantea la iniciativa de Ley Orgánica que se discutirá en este periodo. Así es que, nos adelantan desde la cúpula de Morena en el Senado, difícilmente le van a aprobar a Gertz Manero su proyecto de ley tal y como lo mandó y lo más seguro es que le hagan varios cambios importantes al polémico texto que desmantela buena parte del diseño de la nueva FGR…

Hoy que regresa a la actividad el presidente López Obrador, si es que lo hace porque anoche todavía sus médicos analizaban la decisión, la expectativa será ver qué tantas secuelas le dejó la enfermedad de la Covid al mandatario y si podrá volver a retomar su ritmo habital y su rutina que comienza a las 4 de la mañana con ejercicios de cardio, su reunión de gabinete de seguridad de 6 a 7 am y luego su conferencia mañanera de dos y hasta 3 horas de duración. Será difícil que el presidente aguante tanto tiempo de pie y hablando, por lo que podríamos ver conferencias más breves y concisas. Y sobre las consabidas giras y viajes del fin de semana, aunque López Obrador insiste en reanudarlos a partir de esta semana, los 5 médicos militares que lo trataron en su recuperación y cuarentena insisten en que el presidente tiene que “bajarle al ritmo” hasta que no se recupere completamente y se observen todas las secuelas que le dejará la enfermedad. La mayor duda es si AMLO le hará caso a los médicos o hará lo que él crea conveniente, sobre todo en tiempos en que las elecciones se acercan, la pandemia sigue fuera de control y las vacunas nada más no llegan… Hablando de elecciones, la rebelión dentro del PRI por las listas de candidatos plurinominales sigue creciendo. Desde la bancada del Senado, desde varias gubernaturas y de los tradicionales sectores priistas, la queja es la misma: las listas de aprobaron “en lo oscurito”, sin consultar a nadie y privilegiando a los cuates, familia y amigos del grupo de Alejandro Moreno, el dirigente nacional y sus amigos. De hecho, entre los priistas inconformes y enojados corre la versión de que el dirigente Moreno Cárdenas, una vez que logre su diputación plurinominal, para la que va en un lugar privilegiado, renunciará a la presidencia del CEN para quedarse sólo como legislador federal y aprovechar la protección del fuero constitucional ante presuntas denuncias que le siguen en la FGR por actos de enriquecimiento ilícito. Según esa versión, quien asumiría la presidencia del PRI sería Fernando Galindo, exsubsecretario de Egresos de Hacienda y uno de los más cercanos a Luis Videgaray Caso. De hecho, en las cuestionadas listas pluri, la mano de Videgaray aún se ve fuerte en los primeros lugares que se otorgaron a sus amigos como Cinthya López y Frine Azuara, con lo que el poderoso exsecretario de Hacienda, hoy en la mira de la FGR por el caso Lozoya, mantendría sus posiciones en San Lázaro. En los estados hubo muchos lastimados. Por ejemplo, en Sinaloa, el CEN le dio un octavo lugar al dirigente estatal Jesús Valdez, quien era un fuerte aspirante a la gubernatura, con lo que no sólo lo dejan casi fuera de posibilidades de llegar a la diputación, sino además “ningunearon” la recomendación del gobernador Quirino Ordaz. En Tlaxcala, por ejemplo, el gobernador Marco Mena y los priistas locales levantaron la ceja al ver que no les dieron ninguna posición en las listas y la única fue para Mariano González Aguirre, hijo del exgobernador González Zarur, a quien metieron a otra circunscripción, a pesar de que el priismo tlaxcalteca lo acusa de “traidor” por haber jugado en contra del partido en las elecciones de 2018. En Hidalgo, por ejemplo, a pesar de que fue junto con Coahuila un estado que dio la pelea en los últimos comicios y derrotaron a Morena, ninguna de las recomendaciones del gobernador Omar Fayad fue tomada en cuenta para las listas y no aparecieron ni la dirigente estatal, Ericka Rodríguez y el diputado local Julio Valera. Eso sí, los que sí aparecen son los amigos y colaboradores del equipo de Alito Moreno y de Carolina Viggiano, a los que les dan los primeros lugares sin tener en muchos casos ni méritos ni trayectoria: Paloma Spanchez, Laura Haro, Nélida Díaz, Monserrat Arcos, Fuensanta Guerrero, Sofía Carvajal, Lorena Piñon, Mariana Nazar y Martha Albores, entre otros. En la tercera circunsripsión, que comprende el sureste y parte de Veracruz, los primeros ocho lugares, que son los de mayores posibilidades, están repartidos entre cuatro candidatos de Campeche, dos de Oaxaca identificados con José Murat, el tutor político de Alito, y hasta metieron a una candidata calderonista como Eufrosina Cruz Mendoza. Eso por no hablar de las candidaturas del matrimonio Moreira-Viggiano, que además de ir los dos metieron como suplente a Juan Pablo Beltrán Viggiano, hijo de la secretaria General, quien va en la fórmula del secretario particular de doña Carolina, Marco Mendoza, que es muy probable que en cuanto pase la elección renuncie para dejarle la diputación al joven Viggiano. Y luego están a los que los propios priistas llaman “bebesaurios” hijo de dinosaurios tricolores como Pablo Emilio Gamboa, Eduardo Murat, quien brinca del Senado a San Lázaro, y Carlos Miguel Aysa Damas, hijo del gris gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa. Así que hay bulla en el PRI que, tal vez no se mueva porque se está recuperando o se está reformando, pero sí por el “agandalle” que acusan los priistas contra su dirigente nacional y sus amigos…Los dados mandan Serpiente Doble. La semana viene intensa.