Opinión

Una imagen que tardó un año y cinco meses en llegar: Emilio Lozoya Austin, detenido por miembros de la Guardia Nacional, ingresó a la prisión del Reclusorio Norte, luego de que el juez federal le dictara la prisión preventiva oficiosa por riesgo de fuga. 17 meses después de haberlo protegido y privilegiado como su testigo colaborador, la Fiscalía General de la República, en un giro sorpresivo y radical, le retiró el criterio de oportunidad a Lozoya y le pidió al juez modificar la medida cautelar para que se quedara en la cárcel, entre otras razones, por su “provocación” de haber cenado en un restaurante de lujo y no haber mostrado ningún interés en reparar el daño por 7.3 millones de dólares causado al erario federal.   
 
El Lozoya que ayer llegó temprano al Juzgado, en medio de una nube de reporteros y cámaras que lo acosaban y le cerraban el paso, era muy distinto al que el pasado 10 de octubre cenaba Pato a la Pekín en un restaurante de Las Lomas totalmente relajado y con una risa cínica que le costó muy cara. Esa cena fue mencionada por el representante de la UIF en la audiencia, Antonio López, y por el fiscal del caso Manuel Granados, como el principal elemento para presumir una “conducta inapropiada y una provocación” del exdirector de Pemex, además de una muestra de que, al cenar con sus amigos empresarios, tenía una red de personas pudientes que podían ayudarlo a escapar.
 
Cuando salió esposado del juzgado para ser fichado, consignado e internado en el reclusorio, como cualquier presunto delincuente acusado de delitos graves, era evidente que los días del Lozoya que vivió como príncipe durante el gobierno de Peña Nieto, que aún en su fuga de la justicia se dio vida de rico entre Alemania, Rusia y Málaga, y que con un misterioso y millonario acuerdo con la FGR, negociado por los abogados del despacho del juez Baltasar Garzón en España, había conseguido regresar extraditado a México con todos los privilegios: nunca pisar la cárcel, seguir su proceso en libertad y solo con un brazalete electrónico y acogerse al criterio de oportunidad, habían terminado.
 
El pacto de impunidad que existió por casi año y medio entre la FGR y el principal involucrado en la corrupción de Odebrecht del sexenio peñista, se hizo ayer añicos. Enojados luego de que el juez Artemio Zúñiga le diera una nueva prórroga de un mes a Lozoya, el fiscal y el representante de la UIF tronaron contra el que fuera “testigo consentido” de la Fiscalía. “Es sabido que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas”, dijo Antonio López, mientras el fiscal Manuel Granados remató: “Su actitud ha sido evasiva, grosera (...) no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada”.
 
Desde ese momento Emilio Lozoya se había quedado solo y sin la protección que por 17 meses le dispensó la FGR. Sus abogados, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas intentaron distintas maniobras y hasta ofrecieron vender propiedades para reparar el daño de 7.3 mdd, pero el juez Zúñiga fue implacable en su fallo: Lozoya Austin merecía desde la primera audiencia del 28 de agosto de 2020 la prisión justificada; hoy por la penalidad de 12 a 35 años por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, y por las redes familiares que tiene dentro y fuera del país, generan la posibilidad de que pueda evadirse de la justicia.
 
Antes de que el juez lo mandara a prisión, cuando ya era un hecho que no volvería a salir ni a comer en los restaurantes de lujo que tanto le gustan, Emilio Lozoya pidió al juez que le diera la palabra y con voz grave y apesadumbrada dijo: "Yo no me fugué. Yo vine un 1 de mayo de 2019 y tuve reuniones con altos funcionarios del Gobierno de México y me regresé a trabajar como financiero internacional. Cuando sacaron la orden de aprehensión yo nunca me evadí de la justicia… Cuando se ejecutó la orden de aprehensión yo ya tenía la plena intención (de colaborar con las autoridades). Ya estábamos en diálogos con la FGR”, argumentó un Lozoya que se dijo “víctima de una persecución en la opinión pública” y negó haber recibido un trato privilegiado de la Fiscalía porque su madre Gilda Austin estuvo presa en Alemania y lleva 2 años en prisión domiciliaria.
 
El Lozoya que hablaba desde el estrado judicial ya había empezado la metamorfosis de aquel funcionario poderoso, altivo y soberbio que dirigía Pemex y gustaba de lujos, excesos y mujeres extranjeras. Conforme decía que era víctima de un “asesinato por carácter” y aseguraba que “nunca me van a encontrar un solo ingreso ilegal ni antes ni después de que fuera servidor público”, Emilio ya no miraba a todos hacia abajo como siempre lo hizo. Y para cuando insistía en que “hay muchos intereses que no quieren que se sepa la verdad” sobre los sobornos que recibió y repartió, y que él sólo fue un “instrumento de un aparato de Estado organizado”, ya lo esperaban los integrantes de la Guardia Nacional con las esposas para conducirlo a la celda en la que pasó ayer su primera noche.
 
Ayer por la tarde sus abogados emitieron un comunicado donde dicen que “mantiene su firme colaboración con la FGR” para seguir buscando el criterio de oportunidad que solicitó cuando lo trajeron de España en junio de 2020. Pero era claro que para la Fiscalía ese criterio de oportunidad ya no tiene interés y que, a juzgar por lo dicho por el fiscal Granados en la audiencia, la instrucción de su jefe, el fiscal general Alejandro Gertz Manero fue romper cualquier trato con Lozoya y pedirle al juez que lo mandara a la cárcel para continuar con su proceso bajo prisión justificada.
 
Está claro que ayer Gertz Manero lanzó un “¡ya basta!” ante las duras críticas que le costó la imagen de Lozoya cenando en aquel restaurante y que el regaño presidencial que recibió por aquellos días el fiscal surtió su efecto. Se acabó el pacto de impunidad, Emilio Lozoya difícilmente saldrá de la cárcel, al menos en lo que resta de este sexenio. No habrá más Pato a la Pekín ni trajes de diseñador para el exdirector de Pemex.
 
NOTAS INDISCRETAS… El restaurante San Ángel Inn, en San Ángel, se convirtió ayer en una especie de sala alterna del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una misma mesa estaban cinco ministros en funciones: Luis María Aguilar, Yasmín Esquivel, Fernando Franco, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán.  La comida, según comentaron los propios ministros, era para despedir al ministro Franco cuyo ministerio termina este mes de noviembre tras 15 años de ocupar el máximo cargo del Poder Judicial Federal. “Es una comida de amigos, una despedida para un compañero y un ministro ejemplar”, comentó una de las ministras asistentes. Un comensal que se acercó a saludar a los juzgadores les comentó en tono de broma: “Aquí está el pleno de la Corte, con votos para sacar cualquier asunto”, a lo que el ministro Franco respondió: “Si supiera lo difícil que es conseguir un solo voto en la Corte”. A los ministros se les veía contentos en la comida de despedida… Y a solo unas mesas de distancia, en el mismo patio de la antigua hacienda, estaba otro exministro de la Corte, José Ramón Cossío, quien comía con Diego Fernández de Cevallos. Por supuesto Cossío saludó a varios de los que fueron sus compañeros en la Corte y luego siguió en animada plática en su mesa con Diego, a quien por estos días Manuel Bartlett acusó de ser parte del “amasiato entre Carlos Salinas y el PAN” al recordar su papel en aquel polémico Colegio Electoral de 1988 en San Lázaro, donde Fernández de Cevallos, entonces diputado federal, propuso quemar las boletas de la elección presidencial de aquel año, en un intento por borrar cualquier evidencia del fraude llamado “la Caída del sistema” que, aunque hoy no se acuerde y tenga Alzheimer, quien sabe si por su edad o por conveniencia política, ejecutó el ahora redimido morenista Manuel Bartlett… Hablando de morenistas, el ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla no irá a ninguna posición del gabinete y regresará a su cargo en el Senado, al menos eso es lo que dice un alto funcionario de la Presidencia… Y a propósito de ex gobernadores, al sinaloense Quirino Ordaz la decisión del Consejo Político del PRI, de negarle la licencia temporal que solicitó a su militancia priista, le hizo lo que el viento a Juárez. En realidad,  Quirino quiso correrle una cortesía política a su partido, pero no necesitaba para nada licencia alguna para aceptar el cargo de Embajador de México en España que le ofreció el presidente López Obrador. “Se ve que Alejandro Moreno desahogó sus frustraciones y volvió a mostrar su protagonismo enfermizo al ordenarle a los consejeros que votaran en contra de la licencia. Confunde la cortesía política con grosería y falta de seriedad”, nos dijo un cercano excolaborador del sinaloense, cuya propuesta como embajador ya está en el Senado y sólo espera la votación respectiva para ir a España a solicitar la aceptación de sus cartas credenciales. Sin duda parece un berrinche del dirigente priista que domina el Consejo Político Nacional el negarle la licencia a Ordaz Coppel, como si eso fuera a cambiar en algo su decisión de integrarse al cargo diplomático que le ofrecieron en la 4T… Por cierto, este sábado tendrá lugar una boda muy política. Dos personajes de primer nivel, uno de la 4T y la otra del INE, contraerán nupcias en una antigua hacienda ubicada en la frontera sur; se trata de Santiago Nieto, director de la UIF, y de la consejera electoral Carla Humphrey, quienes se darán el sí después de varios meses de relación que ambos personajes han hecho pública incluso en los medios de comunicación. Sera interesante ver quiénes asisten a la boda, a la que están convocados políticos de la 4T, funcionarios y varios personajes de la sociedad. ¡Felicidades... y que vivan los novios!... Los dados mandan escalera, bueno el tiro.