Un grupo de empresas creadas en diciembre del 2018 –el mes en el que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como Presidente de la República– ha sido beneficiado con contratos por cerca de 4 mil millones de pesos para proveer servicios de salud a por lo menos 10 dependencias federales.
Se trata de las empresas Atlantis Operadora de Servicios de Salud, Corporativo Médico Community Doctors y Challenge Consulting, que acumulan conjuntamente más de 3 mil 800 millones de pesos en contratos. En lo que va del 2023, suman adjudicaciones por 800 millones. Las dependencias que les han entregado los negocios son Banjército, Nacional Financiera, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Lotería Nacional, Sociedad Hipotecaria Federal, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el IMSS, Banobras, Pronósticos y la CNBV.
Los procesos de adjudicación a las microempresas, como son catalogadas en la plataforma Compranet, han tenido irregularidades que apuntan a corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo con información de fuentes gubernamentales, un poderoso funcionario del gobierno federal ha sido clave para la adjudicación de los multimillonarios contratos.
A pesar de todas estas suspicacias, el 27 de febrero pasado el gobierno del presidente López Obrador le otorgó a este grupo un nuevo contrato para el “servicio médico integral y de hospitalización mediante un modelo capitado, para los fideicomisarios y sus derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, a través de un prestador de servicio que proporcione mediante red propia o red de terceros”.
Es el mismo servicio que contrató Nacional Financiera en febrero de 2022, por 290 millones de pesos, a Atlantis Operadora de Servicios de Salud. Ahora, a través del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado se contrató por 710 millones de pesos a la razón social que suele acompañar a Atlantis en las licitaciones como segunda posición de consorcio: Challenge Consulting. Es decir que el gobierno entregó un contrato similar con un costo más de dos veces mayor.
Este sospechoso grupo se ha llevado otros cuatro contratos más pequeños este año, por 60 millones de pesos, estos sí bajo la razón social de Atlantis Operadora de Servicios de Salud y con dependencias contratantes como el IMSS, Banobras, Pronósticos para la Asistencia Pública y más recientemente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Resulta curioso que se ha buscado esconder los contratos en la plataforma Compranet, no sólo eliminándolos de la nueva versión de la plataforma Compranet 5.0 y reservándolos para su exposición en la versión tradicional, sino alterando los montos totales del servicio para reportar únicamente el costo de cada atención individual.
Fuentes cercanas a Palacio Nacional aseguran que se trata de un grupo de empresas y funcionarios que tienen la posibilidad de manipular los sistemas electrónicos de compras del gobierno federal.
El nuevo cártel político-empresarial busca operar también en el sector de la construcción, la distribución de combustibles y ya está metido en la seguridad privada.