A menos de una semana de la primera elección judicial, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se encuentra en una encrucijada: tiene en su estado una de las estructuras de votación más grandes de Morena, con casi un millón de sufragios, y deberá decidir si inclina la balanza hacia los candidatos que le mandaron desde Palacio Nacional o hacia los que le indican en el Senado de la República.
Para nadie es un secreto que el exsenador llegó a su actual posición con el apoyo de Adán Augusto López, quien para tener influencia en esa entidad se alió con el ahora diputado Ricardo Monreal. La apuesta primaria del tabasqueño por esa gubernatura era el también senador Ignacio Mier, pero tuvo que ceder el espacio porque no logró reunir los apoyos suficientes para impulsarlo.
Una vez alineado con la candidatura de Armenta, le mandó a su operador financiero Fernando Padilla, el mismo que ha recibido contratos por casi 2 mil millones de pesos en los estados en los que Adán Augusto tiene influencia, y aquel que en los últimos meses ha sido señalado de financiar las campañas de posicionamiento en Chihuahua de la senadora Andrea Chávez, con miras a convertirla en gobernadora en ese estado.
Abundan evidencias en Puebla que confirman que Padilla Farfán financió una buena parte de la campaña del actual mandatario; existen fotografías que muestran que las empresas y flotillas de este personaje distribuyeron material de propaganda durante la campaña y habrían participado en labores de “acarreo” el día de la votación.
El punto es que el agradecimiento o la dependencia que el gobernador de Puebla tiene con respecto al actual coordinador de los senadores de Morena es muy marcada, por lo que no puede comprometer el voto de su estructura a la lista que hace un par de semanas le revelé en este espacio, y que está palomeada, según diversas fuentes, por la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
De entrada, el grupo de Adán Augusto López –nada cercano al de la Presidenta– no está convencido de entregar sus votos a la llamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, mucho menos para que obtenga una preferencia que le permita presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en el periodo inmediato o en años subsecuentes. En el Congreso de la Unión ven con mejores ojos a la ministra Yasmin Esquivel, por su perfil menos radical.
Alejandro Armenta, dicen sus cercanos, fue uno de los gobernadores que aseguró que buscaría una audiencia con la presidenta Sheinbaum para cuestionar la famosa lista de candidatos para la elección judicial, pero no se atrevió a tocar el tema en su reciente visita a Palacio Nacional, a donde fue a reportar los resultados del programa IMSS Bienestar.
Puebla tiene entonces unos 925 mil votos que se pueden dirigir hacia determinados candidatos. Sólo superan a esta entidad la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas y Veracruz.
El problema es que Alejandro Armenta tampoco tiene el control total de esa estructura, por una pugna interna que prevalece entre su secretario de Gobierno, Samuel Aguilar Pala, y su jefe de Gabinete, José Luis García Parra, conocido como “El Choco”, quien arrastra sus propios escándalos por la estridencia con la que se maneja y los cuestionamiento sobre el origen de los recursos con los que presume autos valuados en más de tres millones de pesos y viajes en aviones privados. Debe ser por esa razón que el mandatario está tan enojado y desquita su frustración con empresarios y periodistas, a los que encara en público y luego regresa a decirles “que Dios te bendiga”.
Posdata 1
Este lunes compareció el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en la Cámara de Diputados. El llamado “hombre fuerte” del Gabinete presidencial tocó prácticamente todos los temas relevantes relacionados con la estrategia de seguridad, que lleva en coordinación con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina.
Algunos de los puntos más importantes que se trataron, a puerta cerrada, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal fueron las reformas en materia de seguridad que están pendientes de aprobarse, por ejemplo, las que incluyen la obtención de datos biométricos de los ciudadanos y la creación de un padrón de telefonía para interceptar llamadas vinculadas a crímenes, previa aprobación de un juez.
Para poder aprobarlas en el próximo periodo extraordinario, los diputados y diputadas de oposición solicitaron a García Harfuch la instalación de mesas de trabajo. También pidieron seguir apoyando a estados como Guanajuato, donde pese a que los índices de violencia y asesinatos siguen siendo de los más altos del país, se han logrado estabilizar. Se dijo en la reunión que en las entidades donde mayores avances hay en materia de seguridad es donde los gobernadores o gobernadoras están participando activamente.
También está firme la propuesta de la dependencia que encabeza García Harfuch de contar con unos 2 mil 350 policías de investigación para combatir al crimen organizado, así como la estrategia de fortalecer las policías estatales.
Posdata 2
En Guerrero las cosas se están moviendo muy rápido, aunque faltan todavía bastantes meses para la elección del 2027. Ya se registró, por ejemplo, lo que se considera una “intromisión” del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en la política interna de la entidad que gobierna Evelyn Salgado.
Resulta que el vicecoordinador de los diputados federales en San Lázaro, quien asegura ser un operador directo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, impulsó la incorporación del expriista y excandidato a la gubernatura en las pasadas elecciones, Mario Moreno, a las filas de Morena, con el objetivo de que sea el próximo candidato y gobernador en Guerrero.
Así como suena de fuerte la afrenta contra Félix Salgado y su hija, la actual gobernadora Evelyn Salgado: Alfonso Ramírez Cuéllar incorporó a Morena al que fue el contendiente de Morena en la pasada elección para la gubernatura, lo que ha ocasionado fuertes reacciones en el estado que ya llegaron también al Senado de la República, donde Rubén Cayetano García, fundador de Morena en Guerrero y actual asesor de Gerardo Fernández Noroña en la Cámara Alta, lanzó una dura crítica a Ramírez Cuéllar, acusándolo de traicionar al movimiento al abrirle la puerta a un personaje del viejo régimen.
El senador publicó en sus redes sociales: "¡Váyase al carajo!", porque ahora va a Guerrero a presumir junto con la experredista Beatriz Mojica a políticos del viejo régimen "introduciéndonos al movimiento como si las mujeres y hombres libres guerrerenses, dirigentes y consecuentes con el movimiento de transformación nacional, estuviéramos aquí pintados”.
Se avecina un conflicto de pronóstico reservado.
Posdata 3
Y siguiendo con los conflictos electorales que están por venir, ayer dimos cuenta del pleito que se inició entre la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, quien llamó a no votar por Morena en las próximas elecciones.
El pleito no solo está en Querétaro, sino en las otras dos entidades gobernadas por panistas y que van a ir a elecciones en el 2027; es el caso de Chihuahua, donde gobierna Maru Campos, y Aguascalientes, gobernada por Tere Jiménez. En el estado norteño, la batalla será contra Ariadna Montiel o Andrea Chávez, en caso de ser mujer, o Cruz Pérez Cuéllar, el actual alcalde morenista de Ciudad Juárez, si es hombre. En el caso de la entidad del Bajío, prácticamente solo un morenista se enfila para competirle al delfín de la gobernadora: el diputado Arturo Ávila.
En este contexto, Ávila asegura que la publicación de este lunes sobre una propiedad suya en Estados Unidos valuada en casi 5 millones de dólares tiene que ver con la popularidad que ha ganado en el estado. Hace apenas unos días fue el propio coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien destapó a Arturo Ávila como próximo candidato de Morena en Aguascalientes.
Sea como sea, las propiedades de morenistas en Estados Unidos, hayan sido o no reportadas en sus declaraciones patrimoniales –como sí fue el caso de Arturo Ávila–, y aunque provengan de su pasado como empresarios, están generando escándalo en el movimiento. ¿Cuántos políticos más de Morena, el PT y el Verde poseen casas o activos en el país que gobierna Donald Trump, a pesar de que pregonan que son como el “pueblo” y, como dijo en un mitin reciente la gobernadora sin visa de Baja California, Marina del Pilar Ávila, “prefieran los tacos a las hamburguesas”?
@MarioMal
