Opinión

Por si algo le faltara al ya de por sí complicado tema del desabasto de medicamentos, ahora resulta que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) solamente tiene registro de pago a proveedores de 16% del monto autorizado para el ejercicio 2020, sin que hasta ahora se sepa el porqué ni a dónde fue a parar el 84% restante.

Esta observación fue notificada a la Secretaría de la Función Pública por el Órgano Interno de Control (OIC) del propio Insabi dentro de la verificación efectuada al pasivo de proveedores al 31 de diciembre de 2020, en relación a las actividades, funciones, procedimientos y controles de las diversas áreas que realizan contrataciones y autorizan o llevan a cabo el pago a proveedores.

La cédula de observación asienta:

“De una muestra tomada de quince Contratos de Adquisición y Distribución por un importe total de cuatro mil 88 millones 880 mil 818 pesos se mostró la documentación de los pagos realizados por medio de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), las que reflejan un monto pagado por 635 millones 437 mil 790 pesos, lo que representa el 16%, quedando un pasivo neto de tres mil 453 millones 443 mil 28 pesos por cubrir”. (Ver documento 1).

De ahí que el OIC del Insabi ordene a la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico un reporte detallado que explique y justifique ese bajo porcentaje de pago a proveedores, más aún cuando los contratos terminaron su vigencia el 31 de diciembre de 2020; y que informe en qué derivaron los recursos autorizados por más de tres mil 400 millones de pesos no ejercidos o si se cubrieron bajo el sistema de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS).

Otra cédula de observación también firmada por los auditores Francisco Hernández Cabrera y Joaquín García Gutiérrez, así como por la titular del OIC, Yolanda Cano Castillo, considera que esta irregularidad “podría provocar (¿más aún?, pregunta quien esto escribe) el desabasto de medicamentos, material de curación, equipo médico e insumos en los hospitales y centros de servicios de salud, al retrasar el pago a los proveedores y, en consecuencia, las entregas de bienes con demoras, al no recibirse el pago oportuno conforme a los plazos y la condiciones contractuales”. (Ver documento 2).

Entre los proveedores a los que más se les debe están, entre otros: Laboratorios Pisa (755.1 millones de pesos), Integradora Logística en Salud (335.4 millones de pesos), Chiesi México (306 millones de pesos), DL Médica (299 millones de pesos) y Bruluagsa (280.1 millones de pesos). (Ver documento 3).

Si este tipo de ocultamientos o pifias administrativas no se solventan, el problema del desabasto se agravará el año entrante. AMLO, la 4T y el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar no deben olvidar que también es corrupción aceptar cargos públicos sin la preparación y experiencia debida o mal administrar los recursos públicos.

Instantáneas:

1. RELACIONES Y NEGOCIOS. Algunos empresarios que fueron beneficiados en gobiernos anteriores se vieron en la necesidad de buscar refugio en estados donde conservan buenas relaciones políticas. Un ejemplo es Carlos Bayo Martínez, quien fuera director del Fonden en las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y, después, en la priista de Peña Nieto y la perredista de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, hizo buenos negocios con su empresa Normatividad Integral Mexicana. Con Mancera, en la capital del país, recibió de su subsecretario de Administración y Capital Humano un contrato para la prestación de servicios funerarios completos para los trabajadores del gobierno. Ahora está contratada su empresa filial Serenité para dar ese mismo servicio a trabajadores y maestros sindicalizados en el Estado de México, algunos de los cuales han denunciado que no cuenta con la capacidad técnica, material y humana para ofrecerlo. Hay antecedentes similares en otras dependencias como es el DIF Nacional que le contrató en 2020 a Normatividad Integral servicios funerarios para sus trabajadores en al menos 20 estados del país. Algunos de los que los utilizaron, denuncian que no les consiguió el espacio prometido en algún panteón civil o público.

2. APUROS. Pues ya salió el peine. Resulta que el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla fue estos días visitante frecuente del Palacio Nacional no por su supuesta designación como subsecretario de Gobernación –versión que, aseguran, él mismo hizo correr– sino para evitar que el nuevo gobierno de la también morena Marina del Pilar Ávila le cancele el que fue su proyecto emblema durante su corta administración de dos años: una planta fotovoltaica que planteó como solución para el abastecimiento de energía para el acueducto San Luis Río Colorado-Tijuana. La planta tendría un costo de 44 mil millones de pesos y para su realización el gobierno de Bonilla firmó con las empresas constructoras en septiembre pasado cuatro certificados de inversión por seis mil millones de pesos. El problema es que lo hizo ya en el periodo de transición de gobierno, lo que está prohibido por legislación bajacaliforniana y es la razón por la que Marina del Pilar quiere cancelar. Pero no solo preocupa a Bonilla la cancelación del negocio, sino la indemnización que a cargo de su gestión deberá aplicarse en el caso de que así sea y que, de acuerdo a los contratos de inversión firmados, es exactamente por esos seis mil millones de pesos. Ese es su verdadero apuro.

3. DEFENSA DE ASPIRACIONES. Ricardo Monreal defiende y reafirma en todos los flancos su aspiración a la Presidencia de México. Muy claro quedó el miércoles pasado en el Senado cuando Germán Martínez quiso sacar raja política de que el llamado Grupo Plural, del que forma parte, no quedara representado en la Comisión Permanente y acusó a Monreal de ser el responsable de la exclusión, sin aceptar lo que en la misma cámara alta se argumenta: la decisión se debió a que no se trata de un partido político ni grupo parlamentario sino solo de una agrupación política. Los señalamientos de Martínez de que Monreal no tiene la capacidad como para aspirar a la Presidencia provocaron un fuerte debate en el Senado del que el líder de la mayoría senatorial salió con más simpatías que animadversiones.

4. HOMENAJE. El Senado rendirá mañana sábado homenaje a las y los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos. La ceremonia será presidida por Ricardo Monreal, por el exsenador Heriberto Galindo y por el invitado especial Antonio Villaraigosa, quien fuera alcalde de la ciudad de Los Ángeles durante ocho años y que es hijo y nieto de migrantes mexicanos. En el evento que se realizará a las once de la mañana se develará una inscripción en letras doradas en el Patio del Federalismo como reconocimiento perene a los paisanos migrantes. A su vez, Heriberto Galindo, quien en su tiempo como senador abrazó la defensa de los trabajadores migratorios, presentará el libro “Drama y Odisea de la Migración Mexicana” que elaboró con el apoyo del especialista en el tema Emilio Coral García.