Opinión

Estos días han sido de mucha reflexión, indignación, coraje e impotencia por toda la situación alrededor del caso de Debanhi Escobar, que se ha caracterizado por el descaro y la ineptitud de las autoridades para esclarecer su desaparición y las causas de su muerte. En ese sentido, hay que ser contundentes en señalar que no es un hecho aislado, todos los días desaparecen niñas y mujeres, y muchas de ellas son encontradas sin vida, asesinadas por hombres que las violentan, las vejan y abandonan sus cuerpos con total impunidad.

En México, por cada 9 delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay 1 delito sexual cometido contra hombres (INEGI, 2020). En el mes de marzo de 2022 se registraron 231 víctimas de feminicidio, es decir, que se detectó que la víctima presentaba signos de violencia sexual; se le infligieron lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; existieron antecedentes de una relación entre el victimario y la víctima de naturaleza sentimental, afectiva o de confianza y que en ella se haya existido violencia, amenazas, acoso o lesiones; que la víctima fuera incomunicada previo a la privación de la vida; o que el cuerpo se encontró expuesto o exhibido en un lugar público.

Todo lo anterior está estipulado en la ley, ya que la definición del feminicidio como tipo penal es una conquista del feminismo para visibilizar y diferenciar la violencia estructural que padecemos las mujeres de la violencia homicida que tiene otro tipo de implicaciones y orígenes sociales. Si bien es cierto que los hombres son víctimas de asesinato con mayor frecuencia, Marcela Lagarde, promotora de esta distinción, señaló en 2004, que la violencia feminicida, en su mayor parte es una violencia ejercida por hombres contra mujeres, pero hombres colocados en supremacía social, sexual, jurídica, económica, política y de todo tipo, sobre mujeres en condiciones de desigualdad, de subordinación, de explotación o de opresión, y con la particularidad de la exclusión¹.

Los debates en torno a este tipo de violencia surgieron por el caso conocido como “las muertas de Juárez”, tema de vergüenza nacional que fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió en 2009 la sentencia de “Campo Algodonero”, en la que se encontró al Estado mexicano responsable de la violación de ocho derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la vida y a las garantías judiciales. De ese tiempo a la fecha han transcurrido casi 20 años y la bestialidad del trato a las mujeres en este país continúa.

Hoy lamentablemente tenemos “las muertas de Nuevo León”, “Las muertas de la Ciudad de México, de Morelos, del Estado de México…” caracterizados por la impunidad y la ineficacia de las autoridades para esclarecer los asesinatos. Lo que es peor, existe una tendencia por mirar hacia otro lado y negar el fenómeno creciente que se está viviendo en el país.

¿Quiénes son los agresores que dañan a mujeres y niñas?, la violencia brutal contra las mujeres se puede prevenir, quienes cometen feminicidios no son primo delincuentes, son criminales que ya cometieron otros actos antes de matar a una mujer, y hay que decir que no solo las autoridades, también la sociedad permite la violencia contra las mujeres en espacios públicos y privados.

Por el caso de Debanhi han sido cesados dos fiscales especializados, mientras que la fiscal especializada en feminicidios ha tomado la vocería del caso, pero ¿qué vamos a hacer todos desde lo local para que esto pare? Es necesario tomar un papel activo ante esta realidad, educar, cohesionar la comunidad, exigir y cambiar la cultura machista por una igualitaria. Estamos estancados en esta lucha en todos los frentes, la familia, la comunidad, las instituciones, a nivel nacional… la indiferencia y la impunidad son las piedras angulares de este México feminicida.