Opinión

En la recta final del sexenio y aun con la campaña electoral por la presidencia en puerta, el corazón militarista de este gobierno sigue dando de qué hablar. Ya no se trata únicamente del control militar en la seguridad pública o de la entrega de obras públicas millonarias. Ahora buscan legalizar sus actos inconstitucionales de espionaje en redes sociales.

Esta semana, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) publicó en su sitio web la información que ha logrado documentar sobre lo que la organización explica como “operaciones militares para monitorear las críticas en redes sociales y manipular la conversación digital”. Para ello, aseguran que incluso hay un área de la Secretaría de la Defensa Nacional encargada de esta tarea. Se trata del Centro de Operaciones del Ciberespacio (C.O.C). Entre sus actividades se encuentra el monitoreo de cuentas de redes sociales. Sí, el Ejército utiliza parte del dinero del pueblo en actividades enfocadas en vigilar lo que la ciudadanía publica, opina o conversa en el espacio cibernético. Además, informan que el Ejército crea perfiles falsos para obtener más información sobre las amistades, familiares y contactos de las cuentas objetivo del monitoreo. La cereza del pastel es que también operan con sus bots para “ejercer influencia suave sobre la opinión pública”.

Uno de los aspectos más importantes es que el general secretario de la Defensa Nacional ejerce un seguimiento personal a las actividades del C.O.C. Ese tiempo que podría dedicar a monitorear las labores de paz de los miles de efectivos desplegados para contrarrestar la violencia, prefiere enfocarlo a revisar a ciudadanos en redes sociales.

Resalta –por preocupante– uno de esos documentos en los que se ordena a los jefes regionales de inteligencia enviar un reporte sobre los medios y líderes de opinión que hacen señalamientos negativos y positivos de las Fuerzas Armadas. En el formato que se envía como ejemplo aparece la fotografía del defensor de derechos humanos José Antonio Guevara Bermúdez, quien ha dado valientes argumentos contra la militarización.

Recordemos que la información de los Guacamaya llega hasta 2020. ¿Cuánto más ha hecho el C.O.C. en los últimos cuatro años para perseguir las actividades de defensores de derechos humanos en las redes sociales? ¿Hay personas que han sido silenciadas en las redes sociales sin darnos cuenta? ¿Hasta dónde llega el Ejército con la información que obtiene de los “opositores” en redes sociales? ¿Se paran afuera de sus casas para terminar de armar el expediente que inició por un tuit o una columna de opinión?

Estas actividades de monitoreo, como lo explica la R3D en su informe, son todavía secretas. Forman parte de la “inteligencia” que hace el Ejército mexicano a total discrecionalidad.

La moreniza militariza. Los legisladores de Morena han invertido ya tiempo y esfuerzo para dotar de legalidad estas actividades inconstitucionales. En abril del año pasado, el diputado de Morena Javier López Casarín –asegurando ser un experto en tecnología– presentó una iniciativa para crear la ley de ciberseguridad. Su iniciativa crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, con la que podría legalizar la actividad de Operaciones Militares en el Ciberespacio y crea la “Ciberdefensa”. Se propone que la Sedena y la Semar tengan atribuciones para monitorear el ciberespacio para prevenir, identificar y neutralizar ciberamenazas y ciberataques, ejercer el derecho de legítima defensa ante toda ciberamenaza y ciberataque, realizar operaciones militares y navales en el ciberespacio.

Esta iniciativa se encontraba en el cajón, pero todo indica que será discutida y aprobada por el Congreso este año. El diputado militarista del ciberespacio ya no estará en su curul, pues estará en campaña para ocupar la alcaldía de la Álvaro Obregón en CDMX.

El Ejército por todos lados. Mirando y vigilando lo que la ciudadanía decide hacer, decir, y opinar. No puede permitirse un atropello legislativo que otorgue facultades al Ejército para perseguir periodistas, activistas y “opositores”.

@MaiteAzuela