Opinión

Tras más de un año de investigaciones y con un expediente que consta de 157 fojas por ambas caras, la Fiscalía General de la República solicitó ayer a la Cámara de Diputados que inicie un juicio de procedencia para eliminarle el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien acusan de los delitos graves de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La petición de desafuero busca que la FGR, a través de la SEIDO, pueda proceder penalmente en contra del mandatario de extracción panista, a quien señalan como “responsable de crear un esquema de operación financiera en la que involucró recursos públicos mediante empresas fachada que le redituaron ingresos que pueden catalogarse como ilícito, además de obtener recursos de una fuente no identificada y declarar ambos recursos ante las autoridades fiscales”.

La petición de desafuero contra Cabeza de Vaca, que podría ser aprobada por la mayoría de Morena, se presenta a un mes del arranque de las campañas electorales para las elecciones del 6 de junio que tendrán lugar tanto a nivel federal como local en el estado de Tamaulipas para elegir ayuntamientos y Congreso local. Con base en el artículo 111 de la Constitución, se solicita a los diputados que emitan una “declaración de procedencia” en contra del gobernador de Tamaulipas con un oficio que firman un agente del MP y dos funcionarios de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la FGR, petición de la que fue enterado ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier Velasco, en una comunicación de la secretaria general de la Cámara, Graciela Báez, quien le informa que la solicitud de desafuero será ratificada por los funcionarios de FGR el 25 de febrero a las 12:00 del día.

La carpeta de investigación que le abrió desde hace un año la SEIDO a Cabeza de Vaca se originó por diversas denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República y en sus 157 fojas se revisan no sólo las finanzas, operaciones, declaraciones y cuentas del actual gobernador panista de Tamaulipas, sino también de familiares cercanos suyos, quienes aparecen mencionados en la investigación, entre ellos su hermano, el senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, su esposa Mariana Gómez Leal y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez, quienes aparecen en la red y el esquema de operaciones financieras con presuntos recursos de procedencia ilícita, de delincuencia organizada y de defraudación fiscal de la que se acusa al mandatario estatal.

La SEIDO y su unidad de lavado de dinero presumen que el origen de los recursos que eran movidos por Cabeza de Vaca en distintas transacciones financieras, pagos a empresas familiares y depósitos a cuentas que fueron revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto, proviene de dos fuentes: una el presupuesto público del estado de Tamaulipas y otra de “fuentes no identificadas”, de ahí se derivan las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las de delincuencia organizada tiene que ver con la participación de varias personas en el esquema de lavado, simulación y defraudación para mover esos recursos en el sistema financiero y en transferencias a empresas y compra de bienes inmuebles. En cuanto a la acusación de defraudación fiscal equiparada, se basa en que los recursos que obtenía por esas dos vías, el erario estatal y las “fuentes no identificadas” eran declarados al SAT por parte de Francisco García Cabeza de Vaca en sus declaraciones fiscales.

La solicitud de procedencia o de desafuero, sería la primera que se dicta contra un gobernador en funciones en el actual sexenio de López Obrador y será contra un gobernador del PAN con el que la 4T, y en particular el presidente, ha tenido fuertes diferencias políticas en los últimos meses. Cabeza de Vaca encabezó la creación de la Alianza de Gobernadores que se separó de la Conago y en la que lo siguieron otros mandatarios como el de Jalisco, Enrique Alfaro, y el de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”. A últimas fechas el jalisciense Alfaro se acercó a Palacio Nacional y dialogó con el presidente López Obrador para “dejar atrás las diferencias y trabajar juntos”, en lo que parecía ya el anticipo de lo que vendría contra el gobernador Cabeza de Vaca y por lo que otros gobernadores aliancistas prefirieron bajar el tono y reanudar su diálogo y cooperación con el gobierno federal.

Veremos el tratamiento que le dan los diputados a la solicitud de la FGR pero es casi seguro que será aprobado sin mayor trámite por la mayoría de Morena para que se pueda proceder penalmente contra el mandatario tamaulipeco a quien incluso podrían girarle una orden de aprehensión o de presentación en las próximas horas, aunque la petición oficial ante la Cámara de Diputados aclara que el trámite de desafuero es parte del procedimiento constitucional y “la persona involucrada ha de presumirse inocente  en tanto se determine judicialmente lo que en derecho corresponda”. En cualquier caso, si ya hay una acusación penal en contra de Cabeza de Vaca, es casi seguro que el gobernador tenga que pedir licencia a su cargo para enfrentar las acusaciones federales y que el Congreso de Tamaulipas tendría que nombrar a un gobernador sustituto para que termine el año y medio que le queda al actual sexenio.

Anoche reaccionó el gobernador Cabeza de Vaca descalificando la solicitud de procedencia ante la Cámara de Diputados y atribuyéndole todo a una filtración política: “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra; de nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito, se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley, me defenderé ante cualquier atropello”, comentó anoche en un mensaje de Twitter el gobernador tamaulipeco.

Y así, una guerra política entre la 4T y el gobernador de Tamaulipas, que hasta ahora había sido mediática y de golpes bajos, llegaría al terreno judicial con acusaciones graves para un mandatario en funciones. El hecho sienta un precedente en la época reciente donde al único gobernador que acusaron antes de terminar su sexenio fue a Javier Duarte, pero le quedaban apenas 48 días para terminar su gobierno, por lo que huyó en un helicóptero oficial con rumbo a Guatemala donde meses después fue capturado. A Cabeza de Vaca lo estarían acusando casi 18 meses antes de que termine su periodo, ya se verá sin con pruebas sólidas que, previa sentencia de los jueces, podrían llevarlo a prisión.

NOTAS INDISCRETAS… 

La percepción de que el auditor superior de la Federación, David Colmenares, se dobló a la primera de cambios ante los reclamos y descalificaciones que hizo el presidente de los datos de la ASF en su Informe General de la Cuenta Pública 2019 no ayuda mucho al trabajo de un órgano autónomo constitucional como la Auditoría. El auditor Colmenares no es nuevo en estas lides y tiene una amplia trayectoria en el trabajo hacendario y de auditoría, y sería muy grave que un simple berrinche del presidente y sus falaces “otros datos” motivaran que se suavizara la revisión que inició ya la Auditoría que depende de la Cámara de Diputados y no del Ejecutivo. Hoy que las presiones y golpes al auditor superior vienen lo mismo del gobierno que de los opositores y la prensa, unos para descalificar su trabajo y otros para llamarlo “blandengue” ante el enojo presidencial, en la oficina de don David Colmenares aseguran que “no nos dejaremos utilizar ni por unos (el inquilino de Palacio) ni por otros (los opositores y críticos del presidente) y haremos nuestro trabajo con criterios técnicos y no políticos”. Veremos qué tanto resiste la ASF y su titular a las presiones y qué tantos de los 44 mil millones de pesos que hizo en observaciones y los 55 mil millones de pesos de los que hizo solicitudes de aclaración se mantienen al final del proceso que apenas comienza con el periodo de 8 a 9 meses que tienen las dependencias federales y sus áreas administrativas para aclarar y solventar esas observaciones y aclaraciones. De las denuncias penales o de responsabilidad que presente la ASF para los servidores públicos que no aclaren ni respondan a esas observaciones satisfactoriamente se derivará un buen parámetro para medir si el auditor superior de la Federación y su cuerpo técnico de auditores profesionales resistieron las presiones del que vive en el Palacio Nacional o realmente hicieron su trabajo objetivo y técnico, como lo marca la Constitución. Hoy parece muy temprano para descalificar y medir a la ASF y sus profesionales… Los dados mandan Escalera doble. Subimos.