Opinión

Enfocados en colocar sus fichas en las listas de los aspirantes que llegarán por votación a los más altos cargos del Poder Judicial de la Federación, los grupos políticos se han olvidado del proceso de selección de los integrantes del denominado Órgano de Administración Judicial, el único que no se someterá al supuesto proceso democrático. A este ente arribarán enviados directos de la Presidencia de la República y del Congreso, así como de los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, su conformación podría ser la “madre de todas las batallas”, debido a que tendrá bajo su control el manejo de un presupuesto de 75 mil millones de pesos.

La coincidencia entre los expertos y juristas es que la reforma judicial y sus leyes secundarias están mal planteadas y redactadas, además de que dejan un espacio muy amplio para la interpretación, lo que a la postre derivará en falta de certeza jurídica. La concepción y descripción del nuevo Órgano de Administración Judicial no es ajena a esa falta de detalles. Se sabe a grandes rasgos que asumirá algunas funciones del Consejo de la Judicatura Federal, las correspondientes a la parte administrativa, mientras que los temas relacionados con el actuar de los juzgadores pasarán al Tribunal de Disciplina Judicial, a integrarse por abogados que sí se someterán al voto popular.

De acuerdo con el texto de las reformas, el Órgano de Administración Judicial estará conformado por cinco funcionarios: uno designado por el Poder Ejecutivo, otro por el Poder Legislativo y los tres restantes serán enviados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las nuevas leyes no se define –ni siquiera en las leyes secundarias aprobadas la semana pasada– un perfil específico sobre quiénes tendrán en sus manos la administración de los recursos del sistema judicial del país, por lo que se entiende que estos podrán no requerir de trayectoria judicial o incluso podrán ser ajenos a la carrera de Derecho y a las actividades propias de un abogado.

El tema ha levantado mucha polémica en los foros especializados, pero no ha llegado a trascender a una discusión nacional, por estar enfocada a lo relacionado con los cargos que irán a votación. El reclamo de los catedráticos es que, si bien a estas posiciones podrían llegar funcionarios avezados en los temas administrativos y financieros, se requiere para esos cargos a perfiles que tengan conocimiento del quehacer judicial. Las decisiones en materia de recursos asignados a las labores de jueces magistrados y ministros sólo podrían ser adecuadas si se toman con la visión integral de quien ha estado en los juzgados y ha experimentado sus vicisitudes.

Otro reclamo es que el Poder Ejecutivo y Legislativo tengan injerencia directa en las decisiones administrativas y financieras del Judicial. Para ellos representa un golpe directo a la autonomía, el más claro que pueda observarse en la totalidad de la Reforma Judicial. Tanto Claudia Sheinbaum, por el lado del Ejecutivo, como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, por el del Legislativo, tendrán voz y voto en el órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, como nunca antes se había visto en la historia del país, por lo menos en la parte en la que se constituyó como una República con Poderes de la Unión independientes.

El único asunto en el que cedió la 4T y, según diversas fuentes, directamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue en dejar que los tres enviados por la SCJN al Órgano de Administración Judicial sean designados por los actuales ministros, con los que podrían hacer todavía mayoría en una votación colegiada.

La concesión podría no resultar tan útil para la facción opositora si se considera que quienes está tomando más fuerza en el recinto de Pino Suárez, con el apoyo de Morena, son las tres ministras afines al régimen: Yasmín Esquivel, Loretta Ortíz y Lenia Batres, quienes se pelean la presidencia de la Corte. A esto se suma que se han doblado ante el poder ministros como Alberto Pérez Dayán.

Ya se verá cuáles serán los consensos para designar a quienes se encargarán de manejar el presupuesto del Poder Judicial a partir de la reforma constitucional.

Posdata 1

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la carga. Este domingo dijo que no podrá garantizar que los precios al consumidor se mantengan si implementa aranceles comerciales y se mantuvo en su política de  deportar inmigrantes mexicanos.

Trump ganó en noviembre en medio de preocupaciones sobre la inflación y el costo de vida de los estadounidenses, quienes ahora serán sometidos a presiones de precios si decide emprender una guerra comercial con sus socios de Norteamérica.

Trump además reiteró su promesa de poner fin a la ciudadanía de nacimiento.

Por su parte, de gira por Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la renovación del T-MEC es la única forma de enfrentar la competencia económica y comercial con China.

“Estoy convencida que el tratado México, Estados Unidos y Canadá es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China”, dijo durante un evento de los Programas Sociales para el Bienestar.

Así, en medio de los dimes y diretes por la llamada telefónica entre ambos mandatarios, siguen latentes la guerra comercial y las amenazas para atacar problemas comunes entre México y Estados Unidos.

De pronóstico reservado, lo que sucederá a partir del 20 de enero.

Posdata 2

Agon, la firma de abogados y economistas especializada en competencia, regulación y comercio internacional, acaba de fichar como socio a Fidel Sierra Aranda, quien hasta mayo pasado fungió como Secretario Técnico de la Cofece. Antes de eso, fue funcionario técnico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esta combinación de experiencias en el regulador y el Poder Judicial, el despacho espera enfrentar el cambio de naturaleza jurídica de la Comisión, que se aprobó por el Congreso hace un par de semanas, las modificaciones a la ley de competencia que se avecinan y la reforma judicial que alterará la manera tradicional de litigar casos de competencia y regulación.

Sierra Aranda se concentrará en la defensa judicial de los clientes de Agon, que cobra mayor relevancia ante el escenario de incertidumbre y riesgo para las empresas que se vislumbra en el futuro inmediato.

Posdata 3

Frente a los altos niveles de violencia en Acapulco, como en Chilpancingo e Iguala, las autoridades locales y estatales presentaron la estrategia "Guerrero por la Paz"

En principio, dicha estrategia será aplicada en 30 colonias, según dijo la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, quien refirió que la idea es atender de forma integral las causas que generan violencia y vulnerabilidad social.

El plan fue secundado por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla programas, trámites y acciones en beneficio de la población, mediante actividades deportivas, culturales y artísticas para reconstruir el tejido social.

Serán 10 colonias de Acapulco, 10 de Chilpancingo y 10 de Iguala las que recibirán el apoyo por ser las de mayores índices de violencia.

Dichos operativos son necesarios ante la llegada de las fiestas decembrinas. El dispositivo integral de seguridad para la temporada vacacional se extenderá hasta el 6 de enero de 2025 y tiene como principal objetivo garantizar la tranquilidad y el bienestar de los habitantes y visitantes de Guerrero en esta época.

@MarioMal