Opinión

La Ley Federal de Telecomunicaciones tiene un apartado denominado ‘Colaboración de la Justicia’ que habla de dos supuestos para hacer intervenciones legales a las comunicaciones:

1. Fiscalías: prácticamente cualquier fiscalía puede pedir, sin orden judicial, los datos generales de cualquier teléfono móvil. Las fiscalías pueden pedir, y los operadores telefónicos deben entregarles, nombre y domicilio del suscriptor, tipo de comunicaciones que realiza el usuario (llamada, SMS, acceso a datos, etc.) y con quién se comunica, aunque sin revelar el contenido de las llamadas y mensajes. En esta modalidad también pueden pedir la ubicación geográfica del celular.

2. Un juez federal: a petición de las autoridades locales o de la FGR, se puede pedir que un juez federal otorgue la intervención de cualquier comunicación privada (SMS, llamadas, mails, archivos etc.).

Ambos casos son intervenciones “legales”, pero hay también otros tres tipos de intervención:

3. Autoridades pidiendo datos de manera ilegal: lo que le aconteció al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y a otros políticos, parece confirmar, según los dichos de la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, que los escritos enviados a Telcel para entregar información de varios móviles conllevan números de oficio que no son los que usa la FGJCDMX. Hay una investigación en curso, pero esto significaría que hay funcionarios de las fiscalías de Colima y de la CDMX haciendo espionaje político a espaldas de la titular. Lo grave aquí (y estúpido) es que dejaron los oficios irregulares como prueba de ese mal actuar.

4. Pegasus: otra forma de espiar es a través de la infección del equipo móvil a través del software israelí Pegasus. La investigación más a fondo de esto la hizo el NYT, vía Natalie Kitroeff. En su reportaje, la periodista reveló que México es el país con más equipos infectados en el mundo. Este espionaje, que no usa autorización judicial, lo practicarían en México tres dependencias: la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de la Defensa Nacional.

5. Espionaje privado: por último está el espionaje que algunas empresas hacen, sobre todo las telefónicas, que “pinchan”, sin ninguna orden judicial, los teléfonos de sus clientes y venden la información. El caso más evidente fueron los audios que se hicieron públicos del Fiscal General de la República, siendo escuchado ilegalmente. Se buscó hacerle un daño reputacional. Quienes hicieron esto fueron empleados de Telmex, quienes “pincharon” la línea telefónica de su residencia y vendieron las llamadas. No fue una práctica corporativa, sino empleados abusivos, aunque también hay empresas que hacen espionaje en México para saber qué hace su competencia y/o espiar a políticos.

Los puntos 3 y 5 dejan ver que el espionaje en México está fuera de control, al estarse espiando a figuras públicas de alto nivel (el fiscal Gertz y el alcalde Taboada) sin tener consecuencias para quienes lo ordenaron.

¿Qué hacer? La primera recomendación, en una era tan tecnológica, es no decir ni hacer nada comprometedor por vías electrónicas. Pero para complicar el espionaje, en México hay otra modalidad, que es tener un equipo móvil con número de Estados Unidos. Por una demanda en curso de Meta/WhatsApp contra la empresa israelí NSO Group, creadores de Pegasus, al parecer sus equipos no tienen permitido espiar, desde su software, a números adscritos a EU.

Desde luego, también una fiscalía actuando de manera ilegal va a tener más cuidado en pedir información de números telefónicos domiciliados en EU a concesionarios extranjeros. Así que, para mitigar riesgos, lo que no significa evitarlos, lo más práctico es tener un celular con número emitido en EU. Usar en un móvil mexicano cualquier app (Telegram, Signal, WhatsApp) no es garantía.

A raíz de los recientes casos de espionaje, quien debiera actuar es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a quien la ley da facultades para emitir lineamientos del tema y, sobre todo, debe “combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos a la seguridad nacional”.

Hasta ahora no se sabe si el IFT esté tomando cartas en el asunto. No hubo respuesta a una consulta planteada el día de ayer.