Opinión

Hace más de 10 años que la ciudad de Monterrey y su Zona Metropolitana, donde habitan más de 6 millones de personas en 13 municipios, no vivía jornadas de violencia tan extrema como las que se han registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana. El martes de madrugada aparecieron 12 cuerpos desmembrados tirados y repartidos en calles, banquetas y avenidas de al menos 7 municipios metropolitanos, incluido Monterrey, donde en total se reportaron 18 asesinatos ese día, y ayer miércoles por la tarde hubo narcobloqueos con vehículos incendiados en Linares y Montemorelos, hechos que revivieron el terror y pánico entre los regiomontanos que no se vivían desde el periodo 2010-2013, cuando esa ciudad vivió una grave crisis de seguridad.

Si bien la violencia criminal no se generó de la noche a la mañana y ya hace meses que varios municipios de la Zona Metropolitana venían registrando incremento en asesinatos dolosos y balaceras, sí sorprende la forma tan repentina y fuerte en que ocurrieron las dos jornadas de violencia que motivaron incluso el envío de más de 100 soldados de las fuerzas especiales del Ejército para apoyar a la Fuerza Civil regiomontana, luego de que el presidente López Obrador reconociera los hechos violentos del pasado martes como “un día particularmente difícil” que vivieron los habitantes de esta gran urbe.

Oficialmente las autoridades estatales han atribuido estos brotes violentos del crimen organizado a los operativos y detenciones realizados por la Fuerza Civil, que dejaron un saldo de 3 sicarios abatidos y 7 detenidos, pero extraoficialmente se menciona en reportes de inteligencia estatal que la violencia tan fuerte de los últimos días también podría estar ligada a intenciones políticas de provocar caos y desestabilizar al gobierno del emecista, Samuel García, que había expresado públicamente sus intenciones de ser candidato presidencial por su partido.

Y es que justo en momentos en que en Nuevo León se libra una guerra política entre el gobernador García y la mayoría opositora en el Congreso local, conformada por las bancadas del PRI y el PAN, además de diferencias con varios alcaldes metropolitanos de esos mismos partidos, se disparan los hechos de violencia vinculados al narcotráfico. Es inevitable pensar que un clima de inestabilidad y violencia, como la que empieza a vivir Monterrey y Nuevo León, claramente complicarían cualquier intento del mandatario estatal por pedir licencia a su cargo para buscar una postulación presidencial.

De hecho, las reacciones de la clase política y de los organismos empresariales, ante esta ola de violencia en el estado, fueron casi todas en el sentido de pedir al gobernador Samuel García y a los diputados del Congreso local “que cesen sus pleitos y se pongan a trabajar para evitar que se generalice la violencia”. Hubo voces, como la de la directora del Consejo Cívico, Sandrine Molinard, que directamente le pidieron al gobernador que deje a un lado sus diferencias políticas y encabece las reuniones de seguridad. "Sabemos que ha estado viajando mucho y que está muy distraído ahorita con una campaña electoral, algo que tal vez ni siquiera se da, es necesario que se enfoque a arreglar los problemas de Nuevo León".

Ayer, durante una reunión de la Comisión de Marina del Senado de la República, a la que asistió personalmente el almirante Rafael Ojeda Durán, el senador por Nuevo León, Víctor Fuentes, le solicitó al secretario de Marina el envío “urgente” de agentes de la Armada para contener y frenar la ola de violencia en su estado. El legislador recordó que los elementos de Marina fueron claves para acabar con la ola de violencia que afectó al estado entre 2009 y 2012 y que permanecieron desplegados en el estado y en la Zona Metropolitana de Monterrey hasta 2019, cuando el presidente López Obrador ordenó su retiro.

Hasta anoche el gobernador Samuel García no se había pronunciado ni fijado la postura de su administración ante el aumento de la violencia y las acciones del narcotráfico. Hace dos meses, en julio pasado, cuando ya empezaba el repunte de la violencia con enfrentamientos entre grupos criminales y ataques a las fuerzas policiacas, el mandatario dijo en una rueda de prensa que la violencia que vivía el estado era consecuencia de la falta de una estrategia de seguridad federal. “En Nuevo León nos podríamos seguir blindando y cada vez más, pero si no hay una política de seguridad, de estabilización y de paz, en un México en llamas y en violencia, pues no me pidan que Nuevo León sea, ahora que está de moda, Dinamarca”.

Entonces Samuel García afirmaba que su estado no era una isla, pero sostenía que la mayoría de los delitos iban a la baja “y ahorita Nuevo León está tranquilón”. Hoy esa tranquilidad claramente no existe y en el industrioso estado del norte se están juntando varias crisis: la política con un pleito a muerte entre los poderes estatales, la del agua, con las protestas por la falta del vital líquido en varias colonias metropolitanas, y la de la violencia del narco que, después de 10 años, vuelve a asomar su rostro cruel y descarnado, reviviendo épocas de pánico y terror para los regiomontanos en particular, y los neoleoneses en general. Y repetimos la pregunta: ¿quién quiere incendiar a Monterrey?

NOTAS INDISCRETAS…

Ayer Dante Delgado confirmó que las puertas de Movimiento Ciudadano y su proceso interno para elegir candidato presidencial, cuyos primeros requisitos dará a conocer hoy el dirigente, no están cerradas para Marcelo Ebrard. “Nosotros no estamos descartando ni encartando a nadie, apenas va a salir la convocatoria, que debe ser aprobada después por el INE”. ¿Se puede inscribir Marcelo?, le insistieron los reporteros: “Va a depender de una serie de condiciones, pero el 50% de nuestras candidaturas están abiertas a la sociedad”. Veremos qué requisitos anuncia hoy, en el World Trade Center, Dante Delgado, pero está claro que la posibilidad de ver a Marcelo Ebrard en la boleta, como candidato presidencial emecista, sigue abierta…Y hablando del rebelde Ebrard, anoche diputados afines al excanciller acordaron que plantearán cambios al paquete del Presupuesto 2024 y, aunque no precisaron aún qué cambios pedirán, advirtieron que si la mayoría de Morena se niega a realizar los ajustes que propondrán, están dispuestos a negociar con la bancadas de la oposición. Daniel Gutiérrez, diputado por Oaxaca, dijo que se va a "modificar el presupuesto a favor de los mexicanos". Según los marcelistas, tienen al menos 47 diputados, por lo que sin esos votos Morena y sus aliados no alcanzarían la mayoría simple para aprobar el Presupuesto federal presentado por la Secretaría de Hacienda. Y si los morenistas no acceden a las peticiones del bloque marcelista, la mayoría simple cambiaría del lado de la oposición si a los votos del PRI-PAN-PRD y MC se suman los de los 47 legisladores que dicen querer hacerle cambios al presupuesto…A la ofensiva de los duros de Morena en contra de las aspiraciones de Omar García Harfuch, ayer se sumó nada menos que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien en la presentación de su informe sobre los avances de las nuevas investigaciones del Caso Ayotzinapa, respondió a pregunta expresa de los reporteros que García Harfuch “sí asistió” y estuvo presente en las reuniones que se llevaron a cabo “para armar la verdad histórica” en el gobierno de Peña Nieto. Según el subsecretario, quien dijo tener bitácoras de esas reuniones celebradas entre el 7 y el 8 de octubre de 2014, en las instalaciones del 27 batallón de infantería, “Omar N” estuvo presente junto con otros mandos del Ejército y el gobierno de Peña Nieto, a los que se refirió como “Enrique N, Miguel Ángel N, Salvador N, Vidal N”, en aparente alusión al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, al secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, y al entonces secretario de Marina, almirante Vidal Soberón. “Son quienes condujeron y donde se discutió la versión final de la verdad histórica, y por supuesto con el soporte de todas las personas que participaron en las reuniones llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería y de las cuales tenemos las minutas de estas reuniones del 7 y 8 de octubre de 2014, donde estaban encabezadas por el entonces Procurador General de la República y participaban autoridades estatales, el propio Gobernador, el ex Procurador, autoridades militares y distintas corporaciones federales, como la Policía Federal Preventiva, como el Cisen y estuvieron participando en todas estas", dijo Encinas, leyendo un mapa con el diagrama de esas reuniones. “Sí está, así de concreto”, respondió Encinas cuando le insistieron sobre la presencia de Omar García Harfuch en esas reuniones. Ayer mismo, el aspirante al gobierno capitalino le respondió al subsecretario de Gobernación con un mensaje en su cuenta de Twitter: “Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes, en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”. ¿Será que también desde el gobierno de López Obrador quieren tumbar a García Harfuch, o será sólo que al subsecretario Encinas le gana la grilla?...Los dados mandan Doble Serpiente. Mala racha.