La “soberanía nacional”, esa entelequia más propia del siglo XIX que del globalizado siglo XXI, ha sido siempre una muletilla muy socorrida y utilizada por los presidentes de México para tratar de defender su actuación ante los avasallantes gobiernos de Estados Unidos.
Empezando por Antonio López de Santa Anna, que mientras decía defender la soberanía nacional, entregó más de la mitad del territorio de la República al país vecino, siguiendo con la era priista donde los presidentes predicaban en público la defensa soberana de la República mientras acataban en privado, al grado que varios de ellos (López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo) llegaron a colaborar como informantes de la CIA, o la guerra de Felipe Calderón que abrió de par en par las puertas nacionales a las agencias estadounidenses, no ha habido presidente y ahora presidenta que no invoque la soberanía como retórica nacionalista y patriotera, mientras cede en privado ante las presiones y amenazas de Washington.
La presidenta Claudia Sheinbaum, tratando de sostener la narrativa de la vieja izquierda —en la cual ella y su movimiento no se someten ante los gringos, con los que “colaboran” o “cooperan” pero no entregan al país, porque además los “vendepatrias” son los opositores— lleva meses repitiendo la cantaleta de una defensa soberana del territorio que le gana simpatías entre sus militantes y seguidores, pero que hacia afuera, en otros sectores de la sociedad, y también en los círculos políticos de Washington, se interpreta más bien como la resistencia a aceptar que los cárteles de la droga mexicanos, esos con los que su antecesor hizo pactos y les dio impunidad, deben de ser combatidos de manera abierta y frontal, para terminar con su reinado de violencia, miedo y extorsión hacia los indefensos mexicanos.
Porque al final ¿de qué soberanía habla la doctora cuando la mayor parte de los estados y municipios del país (según el Departamento de Estado más del 30% del territorio mexicano) está en control de los narcos y su violencia criminal? ¿De qué sirve defender la soberanía territorial con tanta demagogia y saliva si el Estado en su conjunto y su gobierno en particular, no tienen el control total y absoluto de ese territorio, y comparten el monopolio de la violencia y otras funciones constitucionales como la seguridad, el cobro de impuestos y hasta el sistema de penas y castigos con los capos de la droga y su sicariato del terror?
Ayer mismo, cuando la presidenta Sheinbaum, el poderoso secretario de Seguridad, García Harfuch, y el fiscal Alejandro Gertz Manero repetían, en un coro bien ensayado, que la entrega de 26 capos y sicarios del narcotráfico mexicano no era por peticiones de Estados Unidos sino que eran “decisiones soberanas” del gobierno de México por razones de seguridad, en el territorio del Estado de México, muy cerca de la capital nacional, un dron espía del gobierno estadounidense sobrevolaba la zona de Valle de Bravo ubicando objetivos e instalaciones de los cárteles que operan en la conflictiva región sur mexiquense, mientras que el Departamento del Tesoro revelaba un nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación al confiscar y desmantelar una red de empresas ficticias que defraudaban a los mexicanos con la supuesta venta de tiempos compartidos.
¿Si somos tan soberanos por qué la corrupción de empresas estatales como Pemex la tienen que investigar y sancionar desde Estados Unidos, como en el caso reciente de los dos empresarios mexicanos acusados de sobornar a funcionarios a cambio de contratos y negocios con la petrolera, mientras aquí el gobierno federal encubre y protege a esa misma corrupción? ¿O por qué tienen que venir desde el Departamento del Tesoro las alertas y sanciones sobre lavado de dinero narco en tres bancos mexicanos o negocios fraudulentos montados por el narco cuando aquí ni la Fiscalía General de la República, ni la UIF o la Secretaría de Hacienda detectaron esos casos de fraude y lavado?
Decía ayer García Harfuch, que el dron gringo que andaba espiando en Valle de Bravo no era de tipo militar, cuando todos los drones que utiliza el gobierno estadounidense, en cualquier actividad, son provistos por el Pentágono para labores de inteligencia, y agregaba el titular de la seguridad, que fue a petición de autoridades mexicanas que ese dron, y seguramente muchos otros que ya estarán en el territorio nacional, colaboraba en tareas de inteligencia contra el crimen organizado.
Es muy probable que, en vísperas de que se anuncie el Acuerdo de Seguridad ya próximo a firmarse entre México y Estados Unidos, ya estén llegando a México equipos tácticos y de inteligencia que, sin aparecer del todo públicamente, van a coordinar con las fuerzas federales comandadas ahora por Harfuch, los ataques y operativos contra los principales cárteles. Será, como ha sido históricamente, la inteligencia estadounidense y su poderío ahora no sólo armado sino tecnológico la que fije las directrices y objetivos de la guerra contra los narcos, y el gobierno mexicano, con el papel del secretario de Seguridad como “hombre fuerte” tanto de México como de Estados Unidos, el que ejecute las órdenes de Washington.
Y al final la sagrada “soberanía”, que tanto dice defender este gobierno, será supeditada y sometida, guardando todas las apariencias, a los designios de Donald Trump y sus órdenes ejecutivas contra el narcoterrorismo mexicano. Quizás sería mejor que la Presidenta, que tanto dice defender la soberanía, empiece por defender la suya propia y se decida, de una vez por todas, a tomar ella sola sus “decisiones soberanas” sin que acepte que le tengan que sugerir, corregir o de plano reconvenir desde Palenque.
NOTAS INDISCRETAS…
Entre tanto indicador positivo que últimamente genera el Inegi, que siempre pone muy contenta a la Presidenta con sus cifras y porcentajes que parecen apuntalar el discurso gubernamental de que “todo va muy bien”, ayer llamó la atención el contraste en dos de los informes del instituto que controla la estadística nacional. Por un lado, el Inegi reportó en su informe sobre Pobreza Multidimensional, que 8.3 millones de mexicanos salieron de esa condición de pobreza entre 2022 y 2024, pasando de 46.8 millones a 38.5 millones. La cifra emocionó tanto a la presidenta Sheinbaum que, con una gran sonrisa hasta coreó en su mañanera: “¡Que viva la Cuarta Transformación!”. Pero hubo otro dato, dentro del mismo reporte de pobreza del Inegi, que no comentó la mandataria y que seguramente no daría para una porra, porque el mismo instituto reportó ayer que, lejos de la promesa mentirosa de “construir un sistema de salud, mejor que el de Dinamarca”, en el sexenio de López Obrador se disparó al doble la cantidad de mexicanos que no tienen acceso al servicio de salud pública y carecen por tanto de cobertura médica. En 2018, al arranque del pasado sexenio, el porcentaje de los mexicanos que carecían de un servicio de salud, era 16.2% de la población, es decir 20.1 millones de personas; en cambio para 2024, luego de tantas mentiras y fracasos del Insabi y las crisis de medicamentos y el llamado IMSS-Bienestar, ese indicador se disparó a 34.2%, es decir 44.5 millones de mexicanos que se quedaron sin cobertura de salud, muchos de ellos que antes la tenían por el desaparecido Seguro Popular. O sea que tal vez el dinerito en efectivo que le dan a la gente les ayude a paliar la pobreza, que no necesariamente a dejar de ser pobres, pero esas mismas ayudas y la carga cada vez más pesada que representan para el presupuesto público, está condenando a la misma gente pobre a quedarse sin servicios de salud o a tener, en el caso de los que sí cuentan con cobertura, servicios cada vez más malos, deficientes y donde ni los curan ni les dan medicina y si bien les va terminarán atendiéndose en la farmacia de la esquina. Ahí también ¿que viva la 4T?... Ruedan los dados. Capicúa.
