Opinión

A Samuel García le ganó la soberbia y su inexperiencia política, pero también el miedo a que se reactivaran las investigaciones que inició, paradójicamente, la 4T en contra de él y de su familia. El fugaz precandidato presidencial acusó a sus detractores del “PRIAN” de lo que él mismo teme: que se desempolven las carpetas con acusaciones de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso de empresas “factureras” para evadir impuestos.

Cuando Samuel García peleó por la gubernatura de Nuevo León, en 2021, hubo mucha guerra sucia entre él y sus competidores, Adrián de la Garza, del PRI, y Clara Luz Flores, de Morena –quien será senadora por este partido en la siguiente Legislatura–, lo que puso al estado a punto de ebullición. Durante dicha campaña se revelaron investigaciones contra el joven candidato de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con las pesquisas que condujo la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto, se encontraron suficientes pruebas para determinar delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En 2012 se detectaron un par de transferencias realizadas a Samuel García por más de 26 millones de pesos, desde una razón social identificada como Grupo Renok, la cual está incluida en la lista en la que el SAT identifica a los entes conocidos como “factureras” o “empresas fachada”.

En la indagatoria también se identificó un esquema concentrador y de triangulación de recursos en el que participaron varias empresas vinculadas con Samuel García y con su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Entre 2016 y 2019, la firma Saga Tierras y Bienes Inmuebles, de la que el gobernador de Nuevo León es accionista, recibió en 56 operaciones bancarias casi 172 millones de pesos de tres razones sociales vinculadas con su padre: García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC, Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros SC y Firma Jurídica Fiscal y Abogados SC. Las sospechas en este caso se basan en que en la empresa Saga no se identifican actividades u operaciones que justifiquen la transferencia de los recursos, además de que se tienen detectados desde esta razón social retiros de hasta 17 millones de pesos en efectivo.

No sólo a Samuel, también a su esposa Mariana Rodríguez y a su suegro Jorge Rodríguez Valdez se les han detectado operaciones con empresas reportadas en el sistema financiero por comportamiento inusual, por lo que la información sería dinamita para el político si pierde las riendas de su gobierno.

El escándalo que se generó en Nuevo León, la desaprobación de su compadre, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, aunado a lo que sucedió hace unos meses en Jalisco, cuando el gobernador emecista, Enrique Alfaro, criticó al líder del movimiento Dante Delgado por su falta de “claridad” y por los “errores” que ha cometido y amagó con dejar el partido, y al anuncio de este fin de semana sobre que el dirigente de MC en la CDMX, Héctor Hugo Hérnandez, se suma al grupo del panista Santiago Taboada para no dividir el voto opositor, son muestras nítidas de que Movimiento Ciudadano se ha ido desfondando a una velocidad estrepitosa.

Posdata 1

Después del “tiradero” de sentencias encontradas que ha dejado el caso de Samuel García, se cierne un nuevo escándalo en el Poder Judicial Federal. Este lunes, cuando el presidente del Tribunal Electoral (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, rinde su informe anual, se confirma que una persona adscrita a su ponencia, la licenciada Yhalí Cruz Valle, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República por intento de extorsión contra el magistrado Felipe de la Mata, también del TEPJF.

En la denuncia contra Cruz Valle, la cual contiene audios y otras pruebas que buscan desestimar las acusaciones contra De la Mata, por “acoso laboral y sexual”, hay dos temas de fondo: la intención de Yhalí Cruz de avanzar en su candidatura para ser magistrada de la Sala Especializada del TEPJF, y la segunda, para obligar a renunciar a De la Mata de la Sala Superior Electoral, a efecto de hacerse de espacios claves para el arbitraje político electoral del 2024.

Los audios que se entregaron a la FGR presuntamente dan cuenta de dicha estrategia y hacen mención de varias figuras públicas que estarían involucradas en la trama, entre ellas algunas de las más altas autoridades judiciales del país. Ahora el Ministerio Público deberá de llamar a comparecer a todos los señalados en un caso que pinta para ser delicado.

Posdata 2

Le platicaba que el excanciller Marcelo Ebrard, además de cabildear su posición como líder de Morena en el Senado, impulsa la apertura de espacios en esa misma cámara para sus allegados y entre ellos suena el nombre del extitular de la UIF, Santiago Nieto, quien aspira a ocupar la primera fórmula a la senaduría por el estado de Querétaro y apuntalar sus aspiraciones para buscar más adelante la gubernatura.

En el camino para hacerse de esta posición, Ebrard y Nieto se enfrentarán al grupo de Martí Batres, que impulsa para el mismo cargo y en la misma plaza a Luis Humberto Fernández, el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. En este escenario, el damnificado principal es el Partido Verde y su candidato al Senado por Querétaro, Ricardo Astudillo.

Respecto a otros espacios, como lo comentamos la semana pasada el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, apareció en el evento del domingo de Claudia Sheinbaum. El expriista busca un escaño en el Senado bajo los colores de Morena, pero el gobernador en turno, Salomón Jara, se resiste a que se lo otorguen.

Posdata 3

Vaya que ha generado controversia la intención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, de nombrar a Luis David Fernández Araya como titular de la Secretaría de la Contraloría, debido a su pasado.

En 2021, cuando se desempeñaba como titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, se inició un expediente de investigación donde se determinó la probable responsabilidad por ostentarse con el grado académico de doctor en Finanzas sin contar con el documento oficial y legalmente válido que así lo acredite.

Tal como lo marca el protocolo, se le emplazó a un procedimiento administrativo y en el desahogo de la audiencia inicial el entonces servidor público no ofreció pruebas que desvirtúen la conducta atribuida. Dentro de las consideraciones en la emisión de la resolución se señala que se acreditó el dolo del servidor público al ostentar el grado de doctor con plena voluntad, ya que a sabiendas que el documento “Diplome de Docteur” no poseía la revalidación del grado de Doctor, presuntamente obtenido en el extranjero, se ostentó con el mismo.

De la traducción del documento denominado Diplome de Docteur en Finances, supuestamente expedido por la Université de Poitiers, que exhibió el servidor público, se advirtieron inconsistencias como que el documento señala que nació en Francia el 19 de diciembre de 1977 y del acta de nacimiento se desprende que nació en México el 23 de febrero de 1968, fecha que sería coincidente con su INE y la CURP.

Agotado el procedimiento administrativo quedó acreditado que ostentó un grado académico que no contaba con validez oficial. Antes de que se le notificara la resolución, presentó su renuncia y no hay noticia de alguna impugnación.

A lo anterior se suma que, en su declaración patrimonial con fecha 22 de enero de 2015, se ostentó como doctor en Economía y Finanzas, pero esta vez por Tufts University, institución ubicada en Medford, Massachusetts.

Fernández Araya aspira a un cargo en la Secretaría de la Contraloría en el Edomex, pero la SEP, de Leticia Ramírez Amaya, al día de hoy no tiene registro de ninguna cédula profesional expedida a su nombre, de licenciatura ni de ningún otro grado.

Fernández Araya fue director General de Talleres Gráficos de México entre 2013 y 2014, y es accionista en al menos cinco empresas: Cajas y Autobuses Integra, Soluciones Logísticas de Campeche, Afco, Cafer & Integra del Sureste y, Cafer & Integra de Occidente.

@MarioMal