Opinión

En Palacio Nacional, entre el Presidente y sus principales colaboradores, empieza a correr la idea de que “ya no hay tiempo” para terminar todas las reformas o planes que se propuso Andrés Manuel López Obrador en su autonombrada “Cuarta Transformación”. La percepción que se comenta entre el mandatario y sus colaboradores es que, con las graves complicaciones y repercusiones de la pandemia de Covid, será difícil aterrizar y terminar todo lo que se proponía cambiar esta administración, por lo que han empezado a diseñar salidas alternas y formas de no dejar inconclusos asuntos considerados prioritarios como la autosuficiencia energética a partir de fortalecer a Pemex y a la CFE, entre otros.

A los efectos nocivos que dejará el Covid, se suma otro escenario que en el gabinete presidencial cada vez ven más cercano: que en las próximas elecciones legislativas no se logre refrendar la mayoría absoluta de Morena en la Cámara de Diputados y eso impida realizar nuevas reformas constitucionales y legales para la 4T. Esa posibilidad ya la han comentado el Presidente y sus colaboradores más cercanos en reuniones que tuvieron durante su cuarentena, en las que López Obrador se lamentó de que veía “demasiado desorden” en su partido y falta de conducción y operación en la actual dirigencia morenista. La prioridad, dijo el Presidente, son las diputaciones, las gubernaturas no importan tanto.

Un reflejo de la preocupación con la que ya ven en Palacio la próxima elección, es la cantidad de iniciativas legales y constitucionales que el Presidente mandó a aprobar a sus bancadas de Morena en este último periodo de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. La consigna es sacar en este periodo todo lo que se pueda porque no hay en este momento seguridad ni garantía de que en la nueva Legislatura parlamentaria se tenga la mayoría necesaria para procesar muchas de esas reformas.

Entre San Lázaro y el Senado tienen que procesar en los siguientes dos meses, de aquí a abril, más de 50 reformas ordenadas por el Presidente, algunas de ellas consideradas prioritarias, como la constitucional para que nadie, ningún funcionario, gobernante o servidor público de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes del Estado mexicano ni de los organismos autónomos pueda ganar un sueldo por arriba de lo que gane mensualmente el Presidente.

EN EL SECTOR ELÉCTRICO: NEGOCIAR O MORIR

Pero, aunque hay varios temas encomendados a Ricardo Monreal y a Ignacio Mier, los coordinadores morenistas en el Congreso, algunos de ellos expresamente por el Ejecutivo, la prioridad de prioridades es la única iniciativa preferente que hasta ahora ha mandado López Obrador al Congreso: las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que modifican el mercado de generación de energía en el país y le devuelven a la Comisión Federal de Electricidad su carácter dominante en el sector eléctrico, en detrimento de las empresas privadas generadoras de energía y los llamados Certificados de Energías Limpias (CEL). La decisión del Presidente es total a favor de dejar, al terminar su sexenio, una CFE que vuelva a ser la mayor generadora y la que controle y domine el mercado nacional eléctrico. Podría decirse que, junto con el aumento de la producción de combustibles y gasolinas en Pemex para alcanzar la autosuficiencia, son las dos prioridades que se propone dejar concluidas López Obrador al terminar su sexenio.

El problema es que, aunque se apruebe la contrarreforma eléctrica con la mayoría de Morena en San Lázaro y aunque Monreal consiguiera los votos necesarios de la oposición para votarla también en el Senado, la ley ya está prácticamente “maldita o sentenciada”, según le explicaron al Presidente sus expertos jurídicos, porque con el fallo de la Suprema Corte de Justicia que tiró el Acuerdo para la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, también llamado “Decreto Nahle”, se abre la puerta para que, en una controversia constitucional o un recurso de inconstitucionalidad, esa Ley de la Industria Eléctrica reformada pueda ser declarada inconstitucional por los ministros de la Corte.

Ante ese escenario que ya le explicaron a López Obrador sus asesores, la propuesta que le hacen es buscar una “negociación” con los inversionistas y dueños de las empresas eléctricas privadas. “Se tiene que negociar a fondo el tema de sus contratos. El gobierno puede proponerles un esquema en el que le vendan sus empresas y toda su producción a CFE, que acepten una indemnización acordada por rescindir sus contratos y que, terminado este sexenio, ellos pueden volver a tomar el control de sus empresas. Si no hacemos un acuerdo y una negociación así, ya no hay tiempo para lograr las reformas que el Presidente quiere para devolver a la CFE todo el control del sector eléctrico”, comentó un integrante del gabinete presidencial que ha participado en las reuniones sobre el tema.

Esa es la lógica y la percepción que empieza a prevalecer en el gobierno de López Obrador: que después del 6 de junio, con los resultados que vengan en la elección y un inevitable “voto de castigo” que reduce las posibilidades de triunfo en el Congreso para Morena, además de la crisis del Covid y el avance de la vacunación que aún serán un problema en lo que resta de este año, el tiempo para la “transformación” que se propusieron en esta administración empieza a agotarse y, pasada la elección, empieza la cuenta regresiva y el inevitable ciclo del declive del poder que han vivido todos los presidentes.

NOTAS INDISCRETAS…

Los apuros del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien se le han complicado más de la mitad de los procesos internos para elegir candidatos a gobernadores de su partido, no terminan. En San Luis Potosí, donde la postulación de la médico Mónica Rangel desató una tormenta interna que le estalló a Delgado el mismo día en que le comunicaba a las otras aspirantes mujeres la decisión de postular a la secretaria del gobierno priista de Juan Manuel Carreras, ahora no sólo le tienen tomada la sede del partido sino que la fractura morenista en tierras potosinas prácticamente le resta posibilidades de ganar y podría allanarle el camino al cuestionado candidato del PVEM, Ricardo Gallardo. Quizás lo único que salve a Morena del fracaso total en San Luis es el fichaje de último momento de Salvador Nava, el popular alcalde de la capital potosina, quien después de ser despreciado por el PAN para la gubernatura, aceptó buscar la reelección en la presidencia municipal por Morena. Veremos si Nava, con su popularidad, logra evitar el naufragio morenista en San Luis…Hablando de apuros de líderes partidistas, nos dicen que al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le tienen muy sin cuidado las quejas de los grupos de su partido, tras lo que muchos priistas consideraron un “agandalle” de Alito y sus amigos. Aunque en la oficina del presidente priista sí reconocen que hubo “algunos excesos” en las listas pluri, como el de Carolina Viggiano que se metió ella pero además metió a su secretario particular y hasta a su hijo, además de la reelección de su esposo Rubén Moreira, en el caso de los colaboradores cercanos de Alito, justifican que el dirigente del PRI decidió armar una bancada de “leales y cercanos” en la que él tenga el control y no los gobernadores del PRI, a los que ciertamente ni consultó ni tomó en cuenta a la hora de armar las listas, porque en general considera que casi todos los gobernadores están “entregados al Presidente” y han traicionado a su partido al grado de entregar el poder en las próximas elecciones. Y hasta dan nombres de los gobers a los que en Insurgentes Norte ven como “traidores”, empezando por el mexiquense Alfredo del Mazo, que por cierto andaba aplaudiendo con el presidente López Obrador el show de los aviones en Santa Lucía, hasta el potosino Juan Manuel Carreras, que pactó con Morena; el sinaloense Quirino Ordaz, que mandó a un candidato “suave” como Mario Zamora para dejarle el paso libre a su amigo el candidato morenista Rubén Rocha, o el de Guerrero, Héctor Astudillo, que ya hasta le está retirando las denuncias de violación a Félix Salgado porque ya tiene un acuerdo para entregarle la gubernatura. “¿Por qué Alito iba a darles a los gobernadores diputaciones que sólo le van a entregar sus votos a Morena y a López Obrador?”, preguntó un cercano colaborador del presidente priista. Así que, en la lógica de un PRI resquebrajado y desunido, en el que cada quien está ya viendo por su santo y cuidándose las espaldas, Alejandro Moreno prefirió hacer su propia bancada con sus amigos Murat y Moreira…Con el escándalo de la mafia rumana que operaba en México, con su sede principal en Cancún, empiezan a aflorar las conexiones políticas de ese grupo dedicado al robo de tarjetas y que defraudó con millones de dólares a turistas mexicanos y extranjeros. Aunque la UIF de Santiago Nieto ha negado que existan conexiones con personajes cercanos del lopezobradorismo como René Bejarano, empiezan a surgir evidencias y relaciones que confirman que al menos hay dos personajes que estuvieron presentes como invitados en la toma de posesión del presidente López Obrador, el 1 de diciembre de 2018 en Palacio Nacional, que aparecen entre los personajes mexicanos investigados por estar vinculados a los rumanos que lidera Florian Tudor “El Tiburón”. Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina, presuntos operadores de la Mafia Rumana, estuvieron en la lista de asistentes a aquel evento en Palacio y hasta se tomaron fotografías con miembros del nuevo gabinete lopezobradorista como Manuel Bartlett y Miguel Torruco. Israel López era muy cercano a Bejarano desde los tiempos del PRD y al actual secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, quien lo utilizaba para la organización de eventos de López Obrador desde las campañas perredistas y luego en la campaña presidencial de 2018. Los dos Israel y Luis Miguel Zetina, tenían tratos directos y operaban asuntos para Bejarano y Esquer, pero también eran amigos de Greg Sánchez, exalcalde perredista en Cancún, y de Nicolás Mollinedo, el famoso “Nico”, quien fuera el chofer de todas las confianzas de AMLO durante varios años. Nico, junto con Marco Mejía, exjefe de Seguridad de López Obrador, a quien llamaban “Puma”, se fueron a vivir a Cancún y obtuvieron allá cargos y contratos. Nicolás Mollinedo obtuvo en 2008 un contrato por varios millones de pesos para proporcionar el servicio de alimentos en la cárcel de Cancún, por asignación directa, mientras Marco Mejía fue nombrado director del penal municipal y un año después, en 2009, fue detenido y acusado por haber participado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello, el teniente de infantería Getulio César Román y el sobrino del alcalde Greg Sánchez, Juan Ramírez Sánchez. Todos esos personajes, en algún momento muy cercanos al ahora expresidente, aparecen conectados a los dos operadores de la mafia rumana, Israel López y Luis Miguel Zetina. ¿Irán a fondo la UIF y la FGR en contra de todos los involucrados con esa mafia que defraudó con más de 240 millones de dólares en robos a tarjetas bancarias? Es pregunta…Los dados mandan Escalera doble. Bien termina la semana.