Opinión

En contra del fallo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró constitucional el fuero que el Congreso local le mantuvo al gobernador de Tamaulipas, un juez federal, Iván Aarón Zeferín Hernández, otorgó ayer una orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República, en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. El mismo juez que hace unos días había rechazado la misma orden, ayer decidió otorgarla, con lo que el juzgador y la propia Fiscalía federal ignoran e invalidan los argumentos de constitucionalidad que emitió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, al desechar la controversia interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, y asegurar que el mandatario aún conservaba fuero y no podía ser detenido hasta que concluya su encargo porque así lo decidió, por facultad del artículo 111 de la Constitución, el Congreso local.

Hasta anoche la noticia de la orden de aprehensión girada por el juez federal ubicado en el Centro Penitenciario Federal de Almoloya de Juárez, no había sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General de la República, por lo cual en Tamaulipas el gobierno estatal y el Congreso local guardaban silencio y no habían fijado una posición en espera de que se oficializara la información. En contraparte, funcionarios del gabinete federal, como Santiago Nieto, titular de la UIF validaban la orden de aprehensión al emitir un “congelamiento de cuentas” en contra de Francisco García Cabeza de Vaca y de otras 12 personas y 22 empresas, todas ellas de familiares, hermanos, esposa, cuñado y suegro del gobernador de Tamaulipas. Junto a Nieto salió también la Secretaría de Gobernación, que encabeza la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, a emitir una “Alerta Migratoria” a través del Instituto Nacional de Migración para que no se permita la salida de Cabeza de Vaca.

Y mientras en el gobierno federal daban por válida la orden de aprehensión del juez Zeferín Hernández y sostenían que no había violación constitucional alguna ni desconocimiento de la Corte, bajo el argumento de que “los argumentos del ministro Juan Luis González Alcántara no tienen ningún efecto jurídico ni constitucional y no son obligatorios para nadie”, el grupo de senadores del PAN, junto con el Comité Estatal de ese partido de Tamaulipas, denunciaron en comunicados y redes sociales que al emitir una orden de aprehensión en contra de un gobernador que aún tenía fuero constitucional, no sólo se desconoce el fallo del ministro González Alcántara, sino que “se produce un rompimiento del orden constitucional y se pone en riesgo el Pacto Federal” en la República.

En contraparte, del lado de Morena había casi una celebración de la decisión que tomó el juez a contracorriente de la opinión de un ministro de la Corte. Mario Delgado celebró la orden de detención y dijo que “ahora toca a la FGR hacer su trabajo con transparencia e imparcialidad para que no haya impunidad”; el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, se autofelicitó con un mensaje en el que dijo que él siempre tuvo la razón: “Como lo sostuve, la Cámara de Diputados retiró el fuero al gobernador Cabeza de Vaca y finalmente hay una orden de aprehensión… Queda claro que prevaleció el estado de derecho y que en la 4T nadie está por encima de la ley”. Y el que de plano lo consideró un hecho “insólito” fue el líder de la mayoría morenista en el Senado, Ricardo Monreal, quien dijo que la “orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas” se dio en contra del Congreso local que “decidió mantenerlo indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado un sustituto”. Y Monreal deslizó una amenaza velada de desaparecer los poderes en Tamaulipas: “Ante la crisis constitucional en el Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe".

Y en medio de la decisión de anticiparse a un fallo de la Corte sobre la reclamación que metió la FGR contra la decisión del ministro González Alcántara y cuando quedaba claro que la 4T ya tenía toda una estrategia para lanzar todo el aparato contra el gobernador Cabeza de Vaca en cuanto el juez Zeferín Hernández otorgara la orden de detención, anoche en Ciudad Victoria, periodistas locales aseguraban que el mandatario estatal ya se había fugado y que habría cruzado la frontera con Estados Unidos, después de que el martes y ayer miércoles había tenido actividades públicas y giras de trabajo en Reynosa y San Fernando, tras su larga ausencia de 15 días desde que los diputados federales ordenaron su desafuero. La “Alerta Migratoria” que ordenó emitir la secretaria Sánchez Cordero, debió llegar tarde porque anoche mismo Ricardo Monreal afirmaba en Twitter que Cabeza de Vaca “podría estar ya fuera del país y declararse perseguido político”.

Y es que en Ciudad Victoria se aseguraba que el gobernador podría haber anticipado una gira internacional que, según sus voceros, tenía prevista por Estados Unidos y Canadá “para promover inversiones”. Si Cabeza de Vaca logró cruzar la frontera antes de que se emitiera la orden de aprehensión, seguro pudo hacerlo por su pasaporte de Estados Unidos y en su condición de binacional. Así que ahora veremos si, mientras los jueces le tiran a los ministros —como los patos a las escopetas— y en la 4T sostienen una interpretación que desconoce la argumentación constitucional de un ministro de la Suprema Corte, mientras en Tamaulipas hablan de rompimiento constitucional y del Pacto Federal, ahora el fiscal Gertz Manero es capaz de ubicar y detener al “prófugo de la justicia” Francisco García Cabeza de Vaca.

Hoy en medio de este espinoso asunto y de saber si de plano el presidente López Obrador y su 4T ya decidieron brincarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hacer su propia interpretación de la Constitución por encima de los ministros, nos surgen dos preguntas: la primera, ¿será que piden la detención y extradición al gobierno de Joe Biden? Y la segunda, ¿qué van a hacer los poderes estatales en Tamaulipas y cómo reaccionarán otros gobernadores de la Alianza Federalista que apoyaron a Cabeza de Vaca?

NOTAS INDISCRETAS…

Las advertencias ayer en Twitter de Ricardo Monreal, de que “el Senado va a actuar” en Tamaulipas ante un presunto rompimiento constitucional del Congreso local, van tan en serio que por un lado se dice que el coordinador de Morena ya tiene lista una “Declaración de Desaparición de Poderes” en la entidad tamaulipeca si los diputados locales no proceden en las próximas horas a nombrar a un gobernador sustituto, pero además, hoy podría conocerse también una “solicitud de desafuero” que presentaría la mayoría de Morena en contra del senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador y miembro de la bancada panista. Monreal pediría, a través de su bancada, iniciar un juicio de procedencia para eliminarle el fuero al senador del PAN, que también está acusado de los mismos delitos que su hermano por la UIF. Así que, en su ya conocida guerra política con Cabeza de Vaca, el senador Monreal va con todo y aplicará la lógica del vencedor contra el vencido… Y como si no fuera suficiente con la orden de aprehensión y los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, además de la defraudación fiscal equiparada que le imputan al gobernador de Tamaulipas y a 12 miembros de su familia directa, ahora también a Cabeza de Vaca lo acusan de haber utilizado “paraísos fiscales” de Europa y el Caribe para esconder dólares de origen ilícito. La denuncia la hizo el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán en una reciente ampliación de su denuncia contra el mandatario tamaulipeco. Los datos que aportó Rojas a la FGR tienen que ver con 12 ranchos que presuntamente fueron adquiridos por García Cabeza de Vaca a través de testaferros, familiares y empresas fantasma. “En la primera denuncia acreditamos una fortuna inmobiliaria cercana a los mil millones de pesos y hoy estamos entregando a la Fiscalía General de la República y a la UIF los nombres de los ranchos que tiene a través de testaferros, familiares y empresas que con toda la intencionalidad de poseer una fortuna por demás ilícita que comprende ranchos que ha adquirido a través de empresas fantasma, a través de prestanombres, a través de familiares”, según el consejero de Morena. Se trata de los ranchos en Soto La Marina, Tamaulipas: Los Ébanos, Los Pericos, La Manzana, El Gavilán, Los Gatos, Las Mulas, El Colmenar, El Rincón, La Leona, El Mirador, La Ponderosa y San Patricio, que suman 9 mil 950 hectáreas y un monto de 895 millones 500 mil pesos. “Tomando en cuenta la suma total de los ranchos y tierras, así como ganado, caballos, menaje de casas, arte, etc. (a valor comercial), que forman parte de las posesiones tanto de la familia como del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se tiene que en conjunto alcanzan una cifra aproximada de $2,699,000,000.00 (dos mil seiscientos noventa y nueve millones de pesos 00/100 M.N)”, señala el documento. También se indica que el gobernador se adueñó de 4 mil hectáreas en los terrenos de la Presa Vicente Guerrero, y de varios campos turísticos, entre ellos la Hacienda Las Palmas, en Tamaulipas, en complicidad con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, mediante una empresa, propiedad del gobernador y sus hermanos Ismael y José Manual, denominada Grupo Corporativo DOVIMA, S.A. de C.V. Y en la administración de esos ranchos se menciona al actual alcalde de Tampico, Jesús Nader, compadre del gobernador Cabeza, como uno de los “prestanombres y testaferros” que alude Alejandro Rojas en su denuncia penal… En Chiapas, las autoridades electorales traen en la mira el caso de Maritoña Calderón Mérida, candidata a diputada federal por el distrito 13 de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD), quien está buscando obtener la protección del fuero porque a sus hermanos se les sigue por una causa penal por los delitos de asociación delictuosa y delincuencia organizada, y una vez sentada en una curul en San Lázaro contar con el poder político necesario para que las autoridades del Poder Judicial cierren de forma definitiva los expedientes de sus 2 hermanos. Así como también desaparecer sus propios expedientes, de delitos del orden federal, entre los que se encuentran antecedentes de operaciones de alta corrupción, venta de facturas y lavado de dinero. Y es que Moisés Calderón Mérida, hermano de Maritoña, cuenta con dos causas penales por violación cometido en Tapachula, Chiapas, en 2013 y otra por el mismo delito en 2016 en el Municipio de Villaflores; el otro hermano es Rudy Vander Calderón Mérida, contra quien se cumplimentó una orden de aprehensión por la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de secuestro en Tuxtla Gutiérrez, en 2016. A “La Toña”, como conocen en Chiapas a la candidata aliancista, sus críticos la definen como una mercenaria de la salud, haciendo negocios con Saraín Osorio (alias el Picudo) antiguo líder “moral”-político del PRD y de la exdiputada perredista Alejandra Soriano Ruiz, ambos cercanos al ex gobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, con quienes operó negocios de todo tipo, desde compra-venta de papelería y útiles, contratos del ramo de la construcción, obras públicas cobradas y pagadas pero que nunca se realizaron, hasta venta de facturas y servicios ilegales de outsourcing, entre otros. Queda claro que en estas elecciones a todos los partidos y en este caso particular a la alianza “Va por México” también se les colaron varias “fichitas”… Los dados mandan Escalera doble. Subida total.