Opinión

En agosto de 2019, un grupo de tianguistas de San Martín Texmelucan, Puebla, pidió la presencia de la Guardia Nacional (GN) como medida de prevención del robo a sus locales. Y les cumplieron el deseo: la entonces naciente corporación realizó un operativo de algunos días en un mercado de la zona.

Aquí lo destacable es lo que los tianguistas no pidieron: el auxilio de la policía municipal o estatal. Se brincaron olímpicamente dos niveles de gobierno y fueron directamente (y con éxito) por la GN.

Esto es problemático por varias razones. La primera (y obvia) es que no hay GN para todo y en todas partes: un guardia nacional patrullando un tianguis de San Martín Texmelucan es un guardia nacional que no está vigilando la red de ductos para evitar el robo de combustible, por ejemplo.

Segundo (y más importante), si la GN se hace cargo de tareas que corresponden naturalmente a otros niveles de gobierno, las autoridades estatales y municipales dejan de tener presión para construir capacidades propias. Eso, además, genera un círculo vicioso: como está la GN, no se desarrollan policías locales, y como no hay policías locales adecuadas, se necesita la presencia de la GN.

Esto no es un riesgo hipotético. Acaba de volverse política pública en Sonora.

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró su conferencia mañanera en Hermosillo. Y en el evento, el flamante gobernador (y antes secretario de Seguridad en el gobierno federal), Alfonso Durazo anunció lo siguiente: “El presidente ha dado la instrucción de fortalecer la presencia de la Guardia Nacional para que los recursos que estábamos programando destinar este año para duplicar el estado de fuerza de la policía estatal, para llevarla de mil a dos mil elementos, lo destinemos a capacitar, a fortalecer el actual estado de fuerza, es decir, a preparar a los elementos actuales con los que contamos y que la Guardia crezca en presencia en el estado para cumplir lo que atenderían esos mil elementos adicionales.”

Dicho de otro modo, la GN va a sustituir, no a complementar, a la policía de Sonora. Por decisión política expresa, la corporación estatal no va a crecer y algunas de las funciones que le corresponderían van a caer ahora en la cancha de las autoridades federales.

Puedo suponer que este giro tiene muy contento al gobernador de Sonora. Acaba de trasladar, con el aval expreso del propio presidente de la República, una buena parte de su responsabilidad por la seguridad pública al gobierno federal. Al siguiente incidente grave en Cajeme o Guaymas o Nogales, podrá sin problema apuntar el dedo hacia la comandancia de la GN. Y todavía mejor, obtiene un colchón presupuestal para otros fines (ubicados o no en el terreno de la seguridad).

Me imagino, sin embargo, que en la GN están menos satisfechos. Les aventaron de golpe responsabilidad política por lo que ocurra en Sonora, además de presión operativa y presupuestal. Para una corporación que ya está funcionando cerca del límite de sus capacidades, no es tema menor.

Menos si se considera que otros estados, empezando por los que cuentan con gobernadores morenistas, van a pedir un trato similar al de Sonora. Y muy probablemente esa solicitud será atendida.

El problema es que así no va a haber GN que alcance. Si tiene que hacer de todo en todas partes, no va a ser suficiente para nada en ningún lado. Y no va a haber incentivo en ningún estado o municipio para fortalecer sus propias policías.

Evitar este problema requeriría una definición mucho más precisa de las competencias y responsabilidades de cada nivel de gobierno. No creo que las autoridades federales estén listas para esa conversación.