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En un comunicado, informó que la finalidad del dictamen aprobado la semana pasada es diseñar instrumentos normativos que fortalezcan el combate a la corrupción y fomenten la rendición de cuentas.
Establece que se interpondrán de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a quien cometa estos delitos a quien convierta, transfiera o transporte recursos que procedan de alguna actividad ilícita.
Asimismo, la pena será interpuesta también para quien adquiera, posea, tenga o custodie, administre derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de cualquier actividad delictiva.
La acción se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, asociación delictuosa, delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, cohecho y delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.
Expuso que las penas previstas se duplicarán si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar e investigar la comisión de delitos o ejecutar sanciones penales.
