Congreso exhorta a Murat a eliminar registro de transportistas RETO

La 64 Legislatura del Congreso del Estado aprobó emitir un exhorto al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para dejar sin efecto el decreto con el que se creó el Registro Estatal del Transporte de Oaxaca (RETO), y el cual busca regularizar el transporte público concesionado.

De acuerdo con el dictamen de los diputados locales, el programa RETO es "ocioso" porque la información que solicita a los concesionarios debe tenerla obligatoriamente la Secretaría de Movilidad (Semovi); además, duplica un procedimiento que ya se realizó al momento de otorgar las concesiones y en tercero, porque genera un costo innecesario a los beneficiarios.

El 5 de noviembre de 2018, el entonces encargado de Despacho la Secretaría de la Movilidad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca emitió un acuerdo por el que se implementa la integración y administración del RETO, el cual fue publicado el 17 de noviembre de 2018, “con el objeto de administrar y control de la información relativa al servicio de transporte, entrando en vigor el día veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho”.

RETO tuvo un costo de 66.8 millones de pesos y el gobierno del estado pretendía recaudar más de 117.47 millones de pesos, según los recursos asignados en el presupuesto de egresos 2019 y el contrato suscrito por la Secretaría de Movilidad (Semovi) con la empresa que está a cargo de la implementación de este sistema.

A cada concesionario, el gobierno estatal fijó una tarifa de dos mil 600 pesos que multiplicada por los más de 45 mil concesionarios, generaría ingresos por 117 millones 478 mil 400 pesos; 50.6 millones de pesos más de lo que costará al Estado el sistema.

Pero, tras las quejas de los concesionarios, la Semovi y el gobierno estatal aceptaron reducir el costo a mil pesos por concesionario y recaudar 45.18 millones de pesos; es decir, 21.63 millones de pesos menos que el costo total del programa.

Sin embargo, según los legisladores locales, el programa establecía que el concesionario deberá proporcionar a la Secretaria una serie de datos “lo cual se considera ocioso en virtud de que desde el momento en que se inicia el procedimiento para la obtención, renovación o transferencia de una concesión se cubren todos los requisitos que nuevamente se solicitan, por lo tanto, ya se encuentran en poder de la Secretaria de Movilidad”.

En cuanto a los datos de los operadores del transporte público, advierten que la organización a la que se encuentra adherido o en su caso el titular de la concesión avale la antigüedad del operador, ya que para llevar el control de este tipo de información les genera gastos adicionales o en el peor de los escenarios este tipo de información puede ser manipulada con facilidad para beneficiar a su familiares o amigos.

Además de que puede generar una confrontación con las autoridades municipales sobre todo con aquellos emanados de sistemas normativos indígenas cuando el operador no pertenece a la localidad o municipio de donde pretende registrase, puesto que para ser avalados deben de prestar los servicios comunitarios.

Sobre la serie de datos de los vehículos del servicio público así como de las agrupaciones de prestadores de servicio de transporte concesionado, establecidos como requisitos, también resulta ocioso solicitarlos nuevamente en virtud de que “al realizarse el trámite para la obtención, renovación o transferencia de una concesión para el servicio público de transporte y en cualquier trámite que se realice posteriormente de manera reiterada se proporcionan por ende ya se encuentran en poder de la Secretaria de Movilidad”.

De la misma manera que los datos de la red de rutas del servicio público de transporte colectivo, también establecidos como requisitos y que obligatoriamente la Semovi debe tenerlos en su poder.

Sumado a todo esto, RETO duplica la información al pedirlas nuevamente para tramitar la inscripción al Registro Estatal del Transporte.

“El exceso de tramitología obedece más a un fin recaudatorio que simplificar o facilitar los procedimientos administrativos, puesto que, al momento de iniciar los trámites de registro, como requisito esencial solicitan el comprobante de pago de derechos basándose para ello en el artículo 28 E de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca”.

Y finalmente, porque el RETO es contradictorio a la Ley de Transporte para el Estado de Oaxaca y su Reglamento, “generando una irregularidad que puede provocar lesiones irreparables en perjuicio de las economía de los concesionarios”.

El dictamen explica que al realizar los trámites de inscripción al Registro Estatal del Transporte, se tiene que cubrir los montos establecidos en el artículo 28 E de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca, “que en términos reales resulta oneroso, para los concesionarios o propietarios puesto que les genera mayores cargas fiscales, que repercute tanto en sus ingresos como en las tarifas que en un momento dado debe de pagar el usuario”.