Van tres ediles en Oaxaca impedidos para próximas elecciones, por violencia política de género

La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia contra el presidente municipal de Santiago Suchilquitongo, Julio César Rodríguez López, por violencia política de género hacia dos síndicas del ayuntamiento. 

A partir de esta resolución, César Rodríguez se integra al registro de los ciudadanos que han desvirtuado la presunción de tener un modo honesto de vivir, confirmado por una instancia judicial en la materia, lo cual perdurará en la presente sentencia hasta la conclusión del próximo proceso electoral ordinario local en el estado. 

Con él, van tres ediles de Oaxaca a quienes se le impedirá competir en el próximo proceso electoral por cometer violencia política de género. El primero a quien se ratificó esta sentencia fue a Dante Montaño, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, y luego a Carlos León Monterrubio, edil de Tlacolula de Matamoros, a quien el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) atribuyó la existencia de violencia política en razón de género contra la regidora de Turismo y Cultura. A éste último, así como al edil de Suchilquitongo, se espera aún la confirmación de sentencia.

De acuerdo con la síndico municipal de Santiago Suchilquitongo, Concepción Rosita Pinelo Caballero, las mujeres han sido víctimas de despidos injustificados, abuso sexual, acoso laboral, violencia política y de género.

En febrero de 2020, ella junto con un grupo de concejales del Ayuntamiento de Santiago Suchilquitongo, señalaron al presidente municipal Julio César Rodríguez de incurrir en presunto desvío de recursos, reportar obras "fantasma", despidos injustificados, acoso sexual y otros delitos.

El regidor de Obras, César Maldonado Cruz, denunció que el edil inició la ejecución de obras sin que éstas pasaran por previa autorización del Cabildo, por lo que se ha favorecido a constructoras que financiaron su campaña política, además que se han reportado obras que no existen.

Un ejemplo de estas obras “fantasma” que han detectado, comentó, es la construcción del sistema de agua potable, el cual consiste en un tanque de almacenamiento, con una red de conducción y distribución del Barrio La Arena de Santiago Suchilquitongo. Este proyecto aparece como “ejecutada y pagada”, pero aclaró que nunca se realizó.  Maldonado Cruz estimó que el desvío de recursos por esto asciende a más de 7 millones 731 mil pesos.

También señaló al edil Julio César Rodríguez de despidos injustificados de regidores propietarios y directores.

El presidente municipal también enfrenta denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGEO) por los delitos de acoso sexual, abuso sexual a menor de edad, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, peculado, fraude, lesiones, amenazas, falsificación de documentos, firmas y sellos, así como por robo.

Asimismo, es acusado por violación a los derechos humanos de las personas detenidas por faltas administrativas, así como de la violación de los derechos políticos y electorales de los concejales y síndicos.

Este día, la Sala Xalapa del TEPJF confirmó la violencia de género por parte de Julio César Rodríguez contra dos síndicas del Ayuntamiento de Santiago Suchilquitongo, en sesión no presencial. Y como medida de no repetición de esta falta, el Tribunal declaró y comunicó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) la pérdida de la presunción de tener un modo honesto de vivir del presidente municipal, 

Además, a esto se suma la resolución que el pasado 30 de julio, en sesión pública, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) para crear una lista nacional que contenga los nombres de quienes hubieran incurrido en violencia política contra las mujeres, en sentencias firmes, para tomarla en cuenta en las próximas elecciones, aparte de las listas que integran los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

A partir de esta herramienta, los magistrados declararon que se busca evitar la repetición de estas prácticas, y que este registro proporcione elementos a valorar en solicitudes para participar por alguna candidatura de elección popular, así como verificar si se cumplen los requisitos para su postulación, y en consecuencia, pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular.