El titular de la Fiscalía en materia de combate a la corrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, aseguró que la autonomía de esta institución no se ha materializado, pese a lo que se estableció en el decreto constitucional publicado en agosto de 2018, por la 63 Legislatura del Congreso del Estado.>>
Durante su comparecencia ante legisladores de la actual legislatura de la entidad, declaró que no se ha dado cumplimiento a dicho decreto que establece la obligatoria publicación de las modificaciones al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el periodo establecido, conforme a la estructura prevista en ese documento>>
Acerca del monto y el destino de los recursos económicos, materiales y técnicos ejercidos por la Fiscalía, su titular señaló que no está considerada como unidad ejecutora para el presente ejercicio fiscal 2019; no cuenta con presupuesto asignado, y las acciones deben sujetarse a la disponibilidad presupuestal de la Fiscalía General del Estado.>>
Indicó que aunado a lo dispuesto en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Fiscalía que representa no cuenta con autonomía presupuestaria, ejecutora de gasto, ni asignación en recursos de ramos autónomos del Presupuesto de Egresos del año 2019.>>
Por lo tanto, detallar sobre el manejo de los recursos no corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, sino a otras dependencias ejecutoras entre las que se encuentra la Fiscalía General del Estado, afirmó.
Iruegas Álvarez solicitó a los legisladores que se respete, se cumpla, se garantice y materialice, en todas sus vertientes, la autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión que por ministerio de ley le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca.>>
De la misma forma solicitó que asignen presupuesto para su ejercicio y operación, la adscripción del personal a su institución, ya que sólo tiene trabajando a dos o tres personas de confianza, agregó; y el resto de sus peticiones apuntaron a las carencias por armonizar la Ley orgánica, en la creación de la unidad ejecutora, y que sea el fiscal quien nombre al personal.>>
Señaló que “es una contradicción que el Congreso nombre el fiscal, y que éste no pueda nombrar a su personal o removerlo; eso lo hace el Fiscal General del Estado, entonces él tendría que responsabilizarse de ello”.>>