Senadores solicitan auditar recursos asignados a la reconstrucción de los sismos de 2017
Estas auditorías, señala el dictamen aprobado, debe incluir los recursos aplicados por el gobierno federal y por las entidades federativas
La Cámara de Senadores aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos destinados a la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Estas auditorías, señala el dictamen aprobado, debe incluir los recursos aplicados por el gobierno federal y por las entidades federativas afectadas por estos fenómenos naturales. “A fin de determinar si se ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y transparencia, eficiencia y eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos”, apunta.
De acuerdo con las declaratorias de desastre natural un total de 278 municipios de los estados Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, se consideraros territorios devastados por los eventos sismológicos.
Según el documento del Senado de la República, Declaratorias de Desastre Natural, tuvieron por objeto el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales pero hasta hoy no se tiene el resultado final de los censos estatales, en los que se estime las pérdidas económicas a las familias afectadas, y dicho fondo es insuficiente para reparar las zonas afectadas.
“Se un descontento inusitado por parte de la ciudadanía, quien constantemente señala una total desconfianza y opacidad de las acciones que se vienen realizando tanto por parte del gobierno federal como de los gobiernos de los estados, y que ha generado que los afectados no tengan certeza de saber si serán apoyados con recursos financieros y materiales para reparar los daños ocasionados por el sismo en sus inmuebles y comercios en donde lamentablemente en muchos de los casos fueron pérdidas totales”.
Por ello, señala, el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen la obligación legal y moral de propiciar y asegurar que cada una de las viviendas y comercios que resultaron afectados estén considerados dentro de los censos que recibirán el apoyo para su reconstrucción.
“Resulta necesario hacer un exhorto al Órgano Superior de Fiscalización para que en el ámbito de su competencia se incorpore a su universo auditable la fiscalización del uso de los recursos destinados a la reconstrucción, tanto por el gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades federativas”.
El dictamen también señala que la ASF en su informe de del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 precisó que el Fondo de Desastres Naturales dispuso de 38 mil millones de pesos, de los cuales, 22 mil 730 millones de destinaron a reconstrucción.
Otros 8 mil 468 millones fueron aportaciones a los estados; 6 mil 844 millones de destinaron para apoyos parciales inmediatos y 40 millones se gastaron en la evaluación de daños.
La ASF afirma, dice el acuerdo, que no hubo un apoyo general pese a que los sismos afectaron a una región relevante de la actividad económica del país.
“Se requiere evaluar el establecimiento de un mecanismo financiero de gestión de riesgos para apoyar la solventación de los efectos de desastres naturales en las unidades productivas y de servicios familiares o comunitarios, micro y pequeñas empresas, así como a familias que, por no estar en situación de pobreza no son población objetivo del Fonden".
Además, se destacó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe tener capacidad de respuesta institucional ante la incidencia de fenómenos naturales perturbadores y reducir los efectos negativos en la actividad económica y en la población, al tiempo de que debe mantener los principios de disciplina y responsabilidad financiera establecidos en la ley.
