Abiertas 7 indagatorias por delitos electorales tras sismo en Oaxaca
La Fiscalía General del Estado informó que otras 69 se encuentran en trámite por el probable lucro electoral de la contingencia generada en el Istmo de Tehuantepec por el sismo de magnitud 8.2
La Fiscalía General del Estado informó que se tienen abiertas siete carpetas de investigación por probables delitos electorales en la región del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, tras la contingencia por el sismo del pasado 7 de septiembre.
Además, aseguró que están en trámite otras 69 carpetas de investigación sobre un presunto lucro electoral con los damnificados del terremoto de magnitud 8.2.
La fiscal Especializada de Delitos Electorales, Aracely Pinelo López, aseguró que son dos las carpetas de investigación abiertas principalmente por notas periodísticas o denuncias en medios de comunicación.
“No hemos tenido denuncias directas de la ciudadanía, pero con base a las facultades que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, iniciamos estas investigaciones. Se han hecho entrevistas, inspecciones en el lugar donde se denunció anónimamente y otras por publicaciones de medios de comunicación”, dijo.
Todas las investigaciones se concentran en la región del Istmo de Tehuantepec; hasta el momento dijo, no se tiene ninguna indagatoria sobre el probable delito electoral con los damnificados de los sismos en otras regiones del estado.
Dentro de las investigaciones abiertas, iniciadas a partir de la publicación en medios de comunicación, la fiscal informó que entre ellos se investigan las denuncias presentadas a través de videos en los que se entregan despensas a los damnificados a cambio de su credencial de elector.
Uno de los servidores públicos que aparece en uno de los videos es la presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez López, surgida del PRD, quien en las imágenes se observa como alguien de su personal recoge la credencial de elector de la persona damnificada mientras la edil le entrega directamente una despensa.
Otro de los funcionarios señalados por lucrar con la tragedia es el diputado local por el PRI, Samuel Gurrión, quien rotuló con su nombre las bolsas de los apoyos a damnificados, en tanto que las personas que le acompañaban también llevaban playeras rotuladas.
Aracely Pinelo dijo que el delito electoral no es considerado grave; pero que en el caso de un servidor público sea el responsable, la penalidad va de tres a nueve años de prisión; si es un ciudadano, la penalidad va de tres meses a tres años de prisión.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dijo, se encuentra en la etapa de investigación la cual se puede prolongar hasta seis meses y encontrarse elementos sobre la comisión del delito, se pondrá a disposición del Juez de Control quien liberará o no la orden de aprehensión y una posible vinculación a proceso de los imputados.
