Oaxaca, en “números amarillos” por delitos electorales: Fepade

El estado de Oaxaca acumuló en 2017 un total de 86 carpetas investigación por probables delitos electorales, informó la directora de Vinculación con Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Diana Talavera Flores.

Según la funcionaria, esta cifra coloca al estado en un nivel intermedio o en “números amarillos” respecto la incidencia delictiva; es decir, la relación entre el número de ilícitos denunciados y el número de población. La categoría “roja” es para aquellas entidades del país con mayor incidencia y la “verde” con menor.

Los casos graves son el Estado de México con 615 carpetas de investigación, la Ciudad de México con 213, y Veracruz con 110. Por número de habitantes – incidencia delictiva penal-electoral por cada 100 mil habitantes por entidad federativa –, encabezan la lista el Estado de México con una tasa de 3.80, Nayarit 3.13 y Coahuila 3.01.

En 2017 se cometieron un total de mil 547 casos de probables delitos electorales e igual número de carpetas de investigación; dos de las cuales, se cometieron en el extranjero.

Veintitrés de las carpetas de investigación por delitos electorales cometidos en Oaxaca, precisó, están relacionadas con las conductas delictivas previstas en el artículo séptimo numeral siete de la Ley General de Delitos Electorales.

Estas conductas se refiere a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

“Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo. 

De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición”, precisa la Ley.

En el país, dijo Talavera Flores, el delito que más se denuncia —un total de 660 carpetas de investigación— es la alteración del Registro Federal de Electores y donde está incluido el “turismo electoral”.

Mientras que el delito que más se comete el día de la jornada electoral es la compra de votos; le sigue la obstaculización del traslado de paquetes electorales y el impedimento para instalar casillas electorales.