politica@eluniversal.com.mx
Miguel Orozco Gómez, representante legal de la CIRT, detalló en el escrito que hay una inclusión descontextualizada de las frases de ambos periodistas que “constituyen un ataque a su libertad de expresión y de opinión, pues se manipula” el contenido de sus notas periodísticas y da la impresión de afinidad partidista, cuando no es necesariamente así.
“Nos preocupa que se utilice abstractos y cortes parciales de lo que comunicadores y periodistas de la radio y la televisión digan en sus respectivos espacios, pues ponen en entredicho una falsa percepción que pudiera afectar a sus audiencias y la opinión que radioescuchas y televidentes tienen de [los] comunicadores, afectando el flujo libre de información, incluso complicando candidatos y dirigente de partidos, que comunicadores, acepten ir a moderar los debates que el INE y otras autoridades electorales tratan de incentivar”.
Para la CIRT la libertad de expresión y de opinión no sólo es expresar y opinar, sino que los dichos no deben descontextualizarse o editarse “a conveniencia”, porque va en detrimento de su ejercicio.
“Editar o descontextualizar una expresión o una opinión como en el caso ocurre es un grave atentado a la libertad periodística, máxime cuando esa edición o descontextualización sucede en un promocional de índole político-electoral en el que los competidores buscan obtener frente a sus adversarios”, señaló.
Un periodista no puede ni debe ser objeto para que un partido o sus dirigentes obtengan ventajas electorales, advirtió, porque eso valida que al editar o sacar de contexto sus opiniones, informaciones, palabras, frases o expresiones “pueden usarse impunemente en demérito de su libertad, su buen nombre y su reputación como profesional”.
En este caso existe un obstáculo al libre ejercicio de la libertad de expresión de ambos periodistas, afirmó la CIRT, situación que de confirmarse, como lo ha hecho la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, al negar las medidas cautelares, “puede constituir una grave amenaza a su libertad por el uso fuera de contexto de sus frases. De convalidarse el promocional y su transmisión, sería un precedente negativo que promovería el uso de periodistas en spots de naturaleza electoral, situación que pone en entredicho la ética del periodista”.
Precisó que la Sala Superior no puede validar en los tiempos oficiales el uso indebido de lo que expresan los periodistas, mucho menos por tratarse de promocionales con los que se puede obtener ventajas de tipo político. Aclara que si los partidos políticos quieren usar imágenes de periodistas o sus notas, antes deberían tener una autorización expresa”.
Incluso, detalla que las afirmaciones del promocional “manipulan” la realidad y por tanto la ética periodística de Gómez Leyva y Maerker.
Además “pueden inducir al engaño y al error de los ciudadanos que ven y escuchan el spot, haciendo creer que ambos periodistas señalan que la nota de referencia es un ataque y que no era verdad. Los comunicadores se circunscribieron a señalar, como se desprende de las notas completas, que un juez otorgó a Anaya el derecho de réplica respecto de esa nota periodística, más nunca que la nota constituyó un ataque y una mentira”.
Asegura que “convalidar” el promocional es “una invitación para que otros actores o partidos políticos busquen obtener ventajas electorales a partir del uso manipulado de notas periodísticas, lo que afecta a los periodistas en su reputación, profesionalismo y buen nombre”.
Por eso pidieron que la Sala Superior valore estos argumentos “que constituyen una genuina preocupación de los afiliados de la CIRT, y que las frases, notas y opiniones de nuestros periodistas no sean utilizadas indebidamente en el debate político-electoral por los partidos políticos, mucho menos cuando su uso indebido es a través de la prerrogativa de acceso a la radio y la televisión”.
“Más allá de lo que un partido político quiera o pueda decir en su prerrogativa de acceso a la radio y la televisión, el promocional en comento contiene imágenes de nuestros agremiados y voces de periodistas de nuestros afiliados que están fuera del contexto de lo que el partido político afirma”, detalla el escrito.
Incluso, recuerda que la propia comunicadora Denisse Maerker en su programa de Radio Fórmula, el pasado 14 de noviembre, se vio obligada a aclarar el contexto de la nota que había dado en televisión y que estaba siendo utilizada en el spot.
“Agarran un pedacito y entonces básicamente quitan cualquier tipo de contexto, pero lo interesante no es nada más, y lo pienso, es que esto es material público, ahora significa que el tiempo, los espacios y los spots de los partidos van a poder hacer reconstrucciones de los que la gente dice en pedacitos. Bueno, me parece interesante la decisión del INE y vamos a ver qué dice el Tribunal pero en todo caso, qué nos podemos esperar hacia adelante.
“Tu voz, la mía, pero la de cualquiera que salga a hablar públicamente se puede agarrar en pedacitos. Interesante, ¿no? Interesante, vamos a ver qué es lo que ocurre. Insisto, a ver qué dice el Tribunal. A mí me parece que esto es una cuestión que tendrían que decir también los partidos, ¿los partidos van a usar así los spots?”.
El Amicus Curiae es una figura reconocida en Derecho por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que tiene el objetivo de auxiliar a los órganos administradores de justicia. Además, busca acercar opiniones sustantivas sobre asuntos de fondo para salvaguardar derechos y libertades fundamentales que, se estiman, “pueden verse vulnerados por actos de autoridad”.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) está integrada por personas físicas que han obtenido del gobierno federal un título de concesión para operar y explotar comercialmente estaciones de radio y televisión en todo el país.
La agrupación tiene más de mil 200 emisoras de radio y televisión afiliadas voluntariamente con presencia, posicionamiento y cobertura de 99% del territorio nacional, entre ellas Televisa, TV Azteca, Grupo Fórmula, Grupo Radio Centro, Grupo Acir, así como otras.
Señala que entre sus objetivos está representar, promover y defender los intereses de la industria en la República.