Mediante un punto de acuerdo aprobado durante la sesión ordinaria de este miércoles, la representación estatal detalló que los recientes señalamientos y descubrimientos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaria de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación, evidencian que estos acuerdos legislativos fueron producto de actos y hechos de corrupción que ponen en tela de juicio la legitimidad de dichas reformas.
Durante los primeros tres años de la pasada administración federal se impulsaron en el Congreso de la Unión la aprobación de las reformas laboral, de competencia económica, en telecomunicaciones, financiera, hacendaria, político-electoral, educativa, de seguridad social, energética, de transparencia y de procedimientos penales.
Estas reformas formaron parte del "Pacto por México", acuerdo político-legislativo que con el respaldo del PRI, PAN, PRD y el Partido Verde Ecologista de México, soportó el proyecto de nación de Peña Nieto, que contemplaba 95 compromisos que partían de la aprobación de las reformas estructurales.
Por ese motivo, el Legislativo de Oaxaca aprobó turnar al Congreso de la Unión, la solicitud para que, en el ámbito de sus atribuciones, dé marcha atrás a las reformas legislativas referidas, particularmente las del rubro energético que han permitido la celebración de contratos desventajosos para el Estado mexicano.
Entre los acuerdos que impulsó el "Pacto por México" a la par de las reformas estructurales destacan: pensión universal para adultos mayores de 65 años, seguro de desempleo, seguro para jefas de familia, recursos para la cruzada nacional contra el hambre, autonomía de escuelas, escuelas de tiempo completo y computadoras portátiles para alumnos de sexto grado de primaria.