El Partido del Trabajo (PT) propuso en el Congreso de Oaxaca regular en gasto de comunicación social del gobierno del estado y que sea equivalente al 0.1% del presupuesto anual estatal.

Y advierte que la ejecución de modificaciones presupuestales que consistían en la ampliación o traspaso de recursos al gasto correspondiente a publicidad oficial no podrán exceder del 30% del presupuesto asignado al sujeto obligado para estos rubros.

Actualmente, en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, se destinaron 235 millones 574 mil pesos que equivale al 0.33% del gasto total que asciende a 69 mil 786 millones pesos. Con la iniciativa, implicaría reducirlo a una tercera parte.

El legislador local del PT, Saúl Cruz Jiménez – quien presentó esta iniciativa –, argumentó que las relaciones entre los propietarios de los medios y la clase política históricamente han operado en detrimento del derecho a la información de la ciudadanía, ya que esta se acerca a los contenidos de los medios que eluden la crítica o el profesionalismo periodístico “en su afán de sostener relaciones con las instituciones públicas maliciosamente mediadas por el flujo de dinero”.

Este es precisamente el tipo de prácticas, aseguró el diputado, que debió regular la Ley General de Comunicación Social en el ámbito federal y, que demanda igualmente una normatividad específica para las necesidades del estado.

Cruz Jiménez detalló que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Oaxaca gasta más de 235 millones de pesos en 80 empresas de comunicación, por “la calidad en el servicio prestado”. Es decir, señaló el legislador petista, “justifican la asignación discrecional de los recursos públicos destinados para este rubro”.

En su iniciativa estipula que ningún medio de comunicación podrá recibir más del 15% de la inversión anual en publicidad oficial y prohíbe que un medio de comunicación sea adjudicatario de un porcentaje mayor al 30% de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña en particular.

“En el caso de que del padrón estatal se desprenda que en un municipio existen menos de tres medios de comunicación, la secretaría emitirá un dictamen fundado y motivado para asignar un porcentaje mayor a los mencionados”, apunta.

La propuesta también establece que para garantizar la equidad, ningún medio de comunicación que reúna características análogas a las de otros medios que accedan a la pauta oficial, deberá ser excluido de una contratación sin existir causa justificada.

Asimismo, prohíbe la asignación y contratación de publicidad oficial a medios de comunicación cuyos titulares fuesen servidores públicos de cualquiera de los sujetos obligados considerados en la presente ley.

Para contratos de espacios publicitarios, se asignará considerando la cobertura geográfica y formato del medio, tarifas, circulación, rating y métricas de usuarios web, así como el público objetivo; se realizará conforme a los objetivos de utilidad pública de las campañas anuales de comunicación social, promoción y publicidad.

Entre otras, también propone la creación de un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial, para desalentar la discrecionalidad en el gasto en publicidad oficial; los integrantes serán expertos en la materia y deben ser emanadas de la academia, el periodismo y la sociedad civil. 

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