Oaxaca acumula 46 denuncias ante la Fepade en este proceso electoral
En el ámbito local, la Fiscalía General informó de 126 carpetas de investigación abiertas por delitos electorales, de las cuales 80 ya se concluyeron.
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A cinco meses de iniciado el proceso electoral 2017-2018, Oaxaca acumula 46 denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó su titular, Héctor Díaz Santana.
La mayoría de estos delitos electorales denunciados, detalló, están relacionados con la presunta alteración del registro federal de electores.
“Estamos en un momento de precampañas electorales. Prácticamente las condiciones de conductas que se han denunciado a la fiscalía han sido diferentes, a la fecha las que más se presentan son alteración del registro federal de elector y la falsificación de credencial de elector, y estamos recibiendo muy pocas denuncias por uso de recursos públicos”, dijo.
En el ámbito local, el Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, informó que en el 2017 se iniciaron 126 carpetas de investigación de las cuales 80 ya se concluyeron.
Los delitos que se investigaron, precisó, principalmente fueron compra y coacción del voto, utilización de programas sociales, violencia política de género y obstrucción de las funciones electorales.
La información fue proporcionada en el marco de la firma del programa de trabajo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir la comisión de delitos electorales y de participación ciudadana.
Díaz Santana agregó que Oaxaca concentra hasta ahora el tres por ciento de las denuncias presentadas ante la Fepade en todo el país desde que arrancó el proceso electoral y confirmó que existen denuncias por el uso electoral de las tarjetas que se entregaron a los damnificados de los sismos de septiembre.
“Sin embargo, se debe considerar que la fiscalía atiende solamente temas relacionados con delitos electorales”, recalcó al cuestionársele sobre la clonación de tarjetas y el presunto desvío de recursos destinados para los afectados por los sismos.
