Pagó gobierno de Oaxaca casi 5 mdp por encuesta “fantasma”
La ASF afirmó que se desviaron el 99.4 por ciento de los recursos públicos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación en el estado para dichas encuestas
El gobierno de Oaxaca pagó en el 2016 cerca de cinco millones de pesos por la realización de una encuesta telefónica de la que no existen evidencias de su elaboración, de acuerdo al tercer informe de auditoría de la Cuenta Pública de ese año realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además, la ASF afirmó que para ello se desviaron el 99.4 por ciento de los recursos públicos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación en el estado y se adjudicaron de manera directa y por tanto, indebidamente a una empresa; cuando debió someterse a licitación o bajo la modalidad de invitación restringida.
Los recursos de este programa, precisa el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) son para actividades de educación integral e incluyente (culturales, artísticas, deportivas, socioemocionales, investigación, capacitación, difusión y publicación).
“El subsidio anual permite solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios educativos, mediante la formalización de convenios y las ampliaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, detalla el Coneval.
Según la ASF, en el 2016, el último año del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, se transfirieron recursos federales al estado por concepto de este programa que ascendieron a cinco millones de pesos; de los cuales se liquidaron cuatro millones 970 mil pesos para el pago de los servicios profesionales de una encuesta ciudadana.
Sin embargo, afirmó que este gasto no cumplió con los objetivos del programa, y del que no se acreditó la justificación administrativa de caso fortuito o fuerza mayor para la adjudicación del contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas.
Asimismo, no se presentó la documentación justificativa que permita verificar los trabajos llevados a cabo, en la que consten los resultados determinados con la aplicación de la encuesta.
La ASF apuntó que se verificó que el prestador de servicios entregó de manera oportuna los resultados de la encuesta, de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato.
No obstante, no presentó la documentación justificativa que permita verificar los trabajos llevados a cabo, tales como, padrón de números telefónicos a los cuales se les realizó la encuesta, cuestionarios con la información captada en las llamadas telefónicas, grabaciones de las llamadas o evidencia en la que consten los resultados determinados con la aplicación de la encuesta.
“En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo Financiero, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de cuatro millones 970 mil pesos”, señaló la ASF.
El organismo fiscalizador encontró además que se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
Lo anterior, porque el Gobierno del Estado no proporcionó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el Informe del Estado del Ejercicio Presupuestal, el Informe de los Estados Financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados y los rendimientos financieros generados, así como el informe final al término de su vigencia.
“En conclusión, el gobierno del estado de Oaxaca, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, finalizó.
