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En este plan, explicaron, se establecen 10 acciones que van desde la condonación de impuestos, apoyos para trabajadores inactivos, créditos para cadenas productivas, y una agenda de promoción económica.
Los legisladores que integran la Comisión Permanente de Vigilancia de la Deuda Pública el Congreso de Oaxaca, afirmaron que también estarán vigilantes del cumplimiento de la generación de más de 14 mil empleos directos e indirectos, que contempla el plan de acción.
Estos empleos, se planea, se generarán en la próxima ejecución de proyectos de inversión pública, financiados con la deuda que el Congreso del Estado autorizó al Poder Ejecutivo.
Recordaron que los tres mil 500 millones de pesos, se aplicarán en los proyectos de inversión pública, con la participación de empresas y mano de obra oaxaqueña, a fin de que la derrama económica impulse el desarrollo de la entidad.
El documento establece que el ejercicio y la inversión pública, deben estar destinados a la constitución de los fondos de reserva, y a los gastos y costos derivados de la contratación de los financiamientos, garantizando la reactivación económica a favor de las familias.
Afirmaron que el planteamiento de que se invertirán mil 270 millones de pesos en proyectos de infraestructura “cuyo propósito es fortalecer más nuestra economía”, no es tal, pues con la inversión de 648 millones de pesos, ocupa para ello presupuesto ya aprobado por los diputados y deja a las diez medidas anunciadas por el gobierno estatal en un total de 622 millones de pesos, y no de mil 270 millones.
Acerca de los proyectos de infraestructura, a los que se destinará la mayoría del presupuesto, apuntaron, es necesario hacer notar que se trata de acciones previstas por el Congreso del Estado de Oaxaca en el decreto 809, aprobado el 3 de octubre de 2019, por el cual autorizó al Ejecutivo la contratación de financiamiento por 3 mil 500 millones de pesos para destinarlo a inversiones público-productivas.
“Así, más de la mitad de las obras y los recursos anunciados como parte del programa para hacer frente a la contingencia económica derivada de la pandemia, son en realidad obras y recursos que el Congreso ya había aprobado y etiquetado, y cuya ejecución no obedece a la necesidad de paliar los efectos de la emergencia sanitaria, sino a su obligación de ejercer los recursos conforme fueron previstos”, han señalado.
