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Esta resolución se desprende del amparo interpuesto por tres magistrados y un grupo de trabajadores del PJO, quienes solicitaron la protección de la justicia ante el decreto que crea la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, la cual implicaba la destitución de sus cargos y el despido de algunos trabajadores.
En la demanda reclamaron además las propuestas de las ternas para la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado; la aprobación de quienes se pretende integrante la Junta y la solicitud vía telefónica de entregar todos los expedientes administrativos, los recursos materiales y humanos y el pretender desalojar a los quejosos de las oficinas del Consejo de la Judicatura.
El tribunal, tras resolver el expediente 810/2018, advirtió que si los diputados locales y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado no desaparecen la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina sin causa justificada, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a 100 unidades de medida y actualización.
“Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el tribunal colegiado de Circuito”, señaló en su resolución.
