Avala tribunal federal proceso contra edil capitalino y su esposa, por violencia política

Los actos constitutivos de violencia política de género fueron por la destitución de Jaquelina Escamilla Villanueva de su cargo como titular del Instituto Municipal de la Mujer

Avala tribunal federal proceso contra edil capitalino y su esposa, por violencia política
Foto: Especial
Política 27/09/2020 18:16 Christian Jiménez Oaxaca Actualizada 18:16

Oaxaca de Juárez.— La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró como procedente el inicio de un proceso legal en contra del edil de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín y su esposa, la presidenta honoraria del DIF municipal, Patricia Benfield, por actos constitutivos de violencia política de género en la destitución de Jaquelina Escamilla Villanueva de su cargo como titular del Instituto Municipal de la Mujer.

Con ello, además, se desechan los recursos de impugnación interpuestos por el presidente municipal afiliado a Morena, luego de que la exfuncionaria lo acusó de violentarla al removerla del cargo por no difundir una charla con ponentes que se oponen al derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, incluso en casos de violación, derecho avalado por la ley en Oaxaca. 

La Sala Xalapa de este tribunal federal resolvió que la demanda presentada por la afectada debe ser atendida por Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO, luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEEO) se pronunció en el mismo sentido, emitiendo una sentencia de que le compete al IEEPCO  resolver lo que en derecho proceda.

Al respecto, Escamilla Villanueva señaló a EL UNIVERSAL que para ella es alentador que la Sala Xalapa reconozca que las funcionarias municipales tienen derechos políticos, y recordó que fue en abril pasado cuando el edil interpuso un recurso de impugnación a fin de frenar el proceso en su contra.

El 28 de mayo, la entonces titular del organismo municipal encargado de las políticas de género, fue destituida de su cargo por no transmitir una conferencia afín a la “ola celeste”, grupo considerado “antiderechos” y que había sido rechazada por organizaciones feministas que argumentaron que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo está avalado legalmente en Oaxaca desde el 25 de septiembre de 2019. 

Luego de la destitución, Escamilla Villanueva acusó que recibió amenazas del edil y su esposa, quien se ha declarado públicamente contraria al aborto legal. 

Inicialmente, la exfuncionaria interpuso un procedimiento ante el IEEPCO, mismo que fue un impugnado por el presidente municipal y desechado por el órgano local electoral; no obstante, la disposición del tribunal federal determina que el proceso legal contra el edil debe llevarse acabo.

La magistrada y magistrados de la Sala Xalapa desestimaron los argumentos expuestos por munícipe, ya que al momento en el que sucedieron los hechos denunciados se encontraba vigente la modificación a la normativa general que establece las bases a las que debía sujetarse el IEEPCO para que conociera, a través del Procedimiento Especial Sancionador, asuntos relacionados con violencia política en razón de género. 

Por esa razón, la queja que presentó Jaquelina  Escamilla, en su carácter de Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca de Juárez “puede ser atendida como Violencia política contra las mujeres en razón de género ante el IEEPCO”, cita el documento resolutivo en poder de este medio.

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Foto: Especial

De igual forma, determinaron que era correcto que las mujeres que desempeñan cargos públicos por designación tengan a su alcance el referido procedimiento especial sancionador, para denunciar cualquier acto de violencia política en razón de género que se ejerza en su contra, a fin de conseguir que, en su caso, se sancione a los responsables y la eventual restitución de su derecho violado. 

Para Jaquelina Escamilla Villanueva, esta determinación sienta un precedente para que funcionarias y mujeres puedan denunciar abusos de autoridad en una ruta legal y probada.

Además, el caso sigue en poder del tribunal estatal desde hace al menos 20 días y se espera que exista una resolución la semana próxima.

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