Suman 14 casos denunciados de violencia política contra mujeres

Marina González Mendoza denunció el uso indebido de recursos públicos y a los pocos días, fue destituida como Síndica Municipal por el Cabildo de Ayotzintepec, municipio de la Cuenca del Papaloapan de Oaxaca; ese cargo por primera vez en esta población era ocupado por una mujer.

A la fecha, 14 mujeres han presentado igual número de denuncias de violencia política ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General del Estado, desde que se tipificó el delito en el Código Penal de la entidad en el año 2016.

Según datos de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, el número de casos de violencia política contra las mujeres suman 17.

El presidente municipal de Ayotzintepec, Tomás Salas, surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Cabildo conformado mayoritariamente por hombres ordenó incluso, cerrar las oficinas de Marina González para impedir que ingresara a ellas.

En otro caso, Samantha Caballero Melo, también emanada del PRI tuvo que recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder asumir el cargo de presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, por la violencia de género ejercida contra ella por el síndico municipal, Pablo Ánica Valentín y el regidor de Hacienda, Eloy Vargas Alberto.

La fiscal especializada, Esther Araceli Pinelo López, precisó que las denuncias presentadas se han caracterizado por la retención de los salarios de las funcionarias municipales hasta el cierre de sus oficinas; pero se pueden presentar tanto en daños físicos, psicológicos y sexuales, con el objetivo de que no se les permita ejercer sus derechos político-electorales.

En algunos casos, agregó, se ha tenido que emitir medidas de protección a las mujeres como el que la Policía Estatal realice rondines o de vigilancia personalizada, para evitar que sufran alguna agresión en su integridad física.

“La Fiscalía se ha dado a la tarea de establecer criterios al interior de la misma Fiscalía y aplicar el protocolo que ya hay de atención para la violencia política de mujeres y aplicar las medidas de protección que existen, que tenemos facultades como Ministerio Público para atenderlas y puedan ellas ejercer debidamente los cargos”.

Los 14 casos registrados ante la Fiscalía Especializada, dijo, han ocurrido en todas las regiones del estado y principalmente se llevan a cabo para impedir que las mujeres ejerzan como síndicos, regidores o presidentes municipales.

“Anteriormente no tengo registros de denuncias. El tipo penal en Oaxaca es partir de 2016, también a lo mejor no es que no hubiera conductas dadas, pero no se habían presentado las denuncias. Las denuncias son recientes, estamos trabajando sobre eso. Eso es uno de los impactos más fuertes que tenemos en el ámbito de materia electoral: el ejercicio de las mujeres.

“Avanzaron en cuanto a la reforma de paridad, garantizar llegar las mujeres en 50 por ciento pero ahora el gran reto de toda la sociedad y partidos políticos, que les permitan ejercer los cargos”, manifestó la Fiscal.

Hasta el momento, ninguno de los presuntos responsables de la violencia política de género en la entidad ha recibido algún tipo de sanción penal. Esther Pinelo argumentó que se encuentran en etapa de investigación y de acuerdo a la Ley General de Víctimas se han dictado medidas de protección, con el objetivo primero de proteger a la víctima y posteriormente continuar con la carpeta de investigación.

Para dar continuidad a estos casos, añadió, algunos Ministerios Públicos se han trasladado a regiones de la Mixteca, Costa e Istmo de Tehuantepec, para que las víctimas aporten los elementos de prueba necesarios para la investigación y de esta manera acreditar la violencia política.

La fiscal Esther Pinelo informó que para el actual proceso electoral 2017-2018, se están tomando medidas para que los partidos políticos cumplan con la paridad de género en la designación de candidatos a un cargo de elección popular; así como capacitación a Ministerios Públicos de la Fiscalía General para la atención de los delitos electorales.