“Las que suscribimos, activistas por los derechos de las mujeres, comunidades y pueblos indígenas, manifestamos nuestra preocupación y total rechazo ante la violencia y persecución política de la que es objeto Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca”.
En un comunicado, este grupo de asociaciones civiles aseguró que a principios del 2023 y tras no ser beneficiado con un bono por las elecciones de Sistemas Normativos Indígenas, Salvador Alejandro Cruz inició una persecución administrativa en contra de la titular del IEEPCO.
Y que, valiéndose del cargo que ostenta, se dio a la tarea de iniciar auditorías y procesos administrativos de asedio que durante la presidencia anterior, “encabezada por un hombre, nunca tuvieron lugar, dejando claro su sesgo machista, misógino y violento contra las mujeres”.
De la misma forma lo acusó de extralimitar sus funciones porque en septiembre de 2023, utilizó su posición para intentar remover de su cargo a Elizabeth Sánchez González, dictándole una suspensión de manera temporal, pero indefinida, por un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Sin embargo, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la presidenta del IEEPCO acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual determinó su reinstalación inmediata, en virtud de que esa Contraloría no contaba con competencia para determinar la suspensión decretada.
Esta última instancia, el Tribunal de Justicia Administrativa, resolvió inhabilitarla por un año el pasado 10 de abril de 2024. Para las asociaciones civiles, esta sanción se debe ejecutar hasta que se agoten todos los medios de impugnación.
Pero el 11 de abril de 2024, fue notificada la Aclaración de Sentencia en donde se señala que la sanción de inhabilitación debe ejecutarse de inmediato, a partir de la notificación; “esto en contra de la legalidad”, sostuvo.