"Ante apuesta de AMLO por Oaxaca, se necesita pacto social y político por la paz": Secretario de Gobierno

Francisco García López, el titular de la Segego, explica en entrevista con EL UNIVERSAL, lo que ha vivido Oaxaca en los últimos días: bloqueos carreteros, el incumplimento de acuerdos tras meses de negociación o la retención de casi medio centenar de funcionarios públicos por comunidades

"Ante apuesta de AMLO por Oaxaca, se necesita pacto social y político por la paz": Secretario de Gobierno
Foto: Edwin Hernández
Política 10/08/2021 12:24 Alberto López Morales / Corresponsal Oaxaca Actualizada 12:24

Juchitán.— Una mezcla de intereses políticos y económicos han impedido que los pueblos oaxaqueños vivan en paz y alcancen su pleno desarrollo. Detrás de cada conflicto hay una gama de personajes que se encargan de provocarlos y alentarlos. 

Así es como  Francisco García López, el titular de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego), explica en entrevista con EL UNIVERSAL  lo que ha vivido la entidad en los últimos días: bloqueos carreteros  de más de una semana, retenciones de legisladoras,  el incumplimento de acuerdos tras meses de negociación o la retención de casi medio centenar de funcionarios públicos por  comunidades.  

Frente a ese complejo escenario, el funcionario hace un llamado  los líderes sociales, a los dirigentes comunitarios, a los legisladores, a los propios funcionarios federales, estatales y a las autoridades municipales, para que, en aras del desarrollo de los pueblos de Oaxaca, entre todos, se firme un gran pacto social y político que traiga paz.

Con poco más de 30 años de experiencia en la administración pública, admite que le sigue llamando la atención la existencia de problemas ancestrales “que no hemos podido resolver de raíz para que los paisanos vivan en paz y en armonía”. Las causas, denuncia, están en la mezcla de esos intereses económicos y políticos de personajes que viven alrededor de los conflictos.

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Desde octubre, cuando asumió la responsabilidad de  dirigir la política interna de la entidad oaxaqueña y mantener la gobernabilidad, el político juchiteco  no ha tenido días que no afronte conflictos que, a su juicio, deberían estar solucionados desde hace muchos años. “La dinámica no desgasta, pero sí sorprende que la lumbre reviva de las cenizas”, dice.

Apenas en abril de este año, la sacudida social llegó desde las tierras soltecas, cuando pobladores del municipio de Santa María Sola y El Guayabo, agencia del municipio de Sola de Vega, protagonizaron un enfrentamiento por la pretensión de los primeros por absorber administrativamente a los segundos, que derivó en la muerte de siete personas.

Desde entonces, parece que las pugnas que amenazan la gobernabilidad no cesan.

 A mediados de julio, por ejemplo,  habitantes de Santiago Textitlán retuvieron a 44 elementos de la Guardia Nacional,  policía estatal y otros funcionarios, por un viejo conflicto agrario con Santiago Xochiltepec, justo donde en 2002 fueron asesinados 26 campesinos en la Sierra Sur.

Y hace una semana, pese a siete meses de negociaciones, no pudo concretarse el retorno de 143 familias triquis desplazadas por la violencia de Tierra Blanca Copala, en la Mixteca, pues una de la organizaciones, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), incumplió con los acuerdos.

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 Al mismo tiempo, una disputa por recursos federales y por la decisión del presidente municipal de San Juan Mazatlán de no cumplir con la entrega de 10 millones de pesos a sus agencias desató un bloqueo de siete días, en la carretera  Transístmica, que impedía el paso a Veracruz y dejó pérdidas millonarias; la retención de una diputada, la muerte de un transportista y hasta el nacimiento de una bebé.  

Curtido en las luchas juveniles de su partido, el PRI, el actual titular de la Segego, acusa que esa mezcla de intereses políticos y económicos han impedido que Oaxaca desarrolle y combata la pobreza y marginación. La reflexión incluye al actual gobierno, pues reconoce  que existen temas pendientes. 

Sin brazos cruzados

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Foto: Edwin Hernández

Ante la situación que se vive en la entidad, el titular de la Segego  exige que “nadie se quede con los brazos cruzados” ante la apuesta que hace el presidente  Andrés Manuel López Obrador a favor del desarrollo integral de Oaxaca, y en particular,  del Istmo de Tehuantepec.

“Hace años solamente teníamos proyectos para la región istmeña. Se hablaba del Proyecto Transístmico, del Plan Alfa Omega, del Sistema Multimodal, del Desarrollo del Istmo, del Plan Puebla Panamá y de las Zonas Económicas Especiales, pero no había recursos, no había dinero”, recuerda.

Ahora los hay, pues el gobierno federal   ha liberando más de 10 mil millones de pesos para sustentar los programas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), mismo que se ha encontrado con incontables obstáculos a su paso.  

En Salinas del Marqués, en Salina Cruz, por ejemplo, desde el año pasado se frenó la construcción de la escollera oeste de mil 600 metros de largo para facilitar la operación del puerto petrolero; el gobierno estatal, a través de la Segego, ha mediado entre lo que llaman la “insensibilidad” de la constructora, con salineros y pescadores afectados.

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Para el secretario es evidente que en el caso de la modernización del Tren Transístmico, que forma parte del Interoceánico, hay atrasos, sobre todo en la zona norte; sin embargo, considera, esos atrasos serán solventados en la medida que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), el gobierno estatal, el CIIT, las comunidades indígenas y las autoridades municipales y agrarias, pongan en las manos y los ojos de los pueblos todos los impactos positivos y negativos de las obras.

“Sin chantajes, sin presiones debemos y podemos poner a la vista de las comunidades todos los proyectos de desarrollo que está impulsando el Presidente  en el Istmo. No podemos cruzarnos de brazos esperando que los personajes de siempre impidan el desarrollo de nuestros pueblos y le pongan piedras al Istmo”, sentencia. 

De ahí,  indica, la importancia del llamado a los líderes sociales, a los dirigentes comunitarios, a los legisladores y a funcionarios de los tres niveles para  firmar un gran pacto social y político que traiga la anhelada paz.

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