La violencia en la región se reactivo desde principio de año y se da en un contexto de conflicto entre organizaciones sociales antagónicas que se disputan el control político de las comunidades, una de ellas abiertamente vinculada al gobierno federal.
Los ejes que incluye dicho plan abarcan ámbitos como seguridad, salud, atención humanitaria, programas para el bienestar y justicia.
Luego, el pasado 8 de febrero se instaló una brigada de salud a través del programa IMSS-Bienestar, que brinda atención médica diaria a las personas desplazadas y que cuenta con dos consultorios móviles con tres médicos, personal de enfermería y promotores comunitarios que realizan 30 consultad al día.
Sobre la atención humanitaria, informó que el gobierno federal entregará paquetes alimentarios para un mes a las personas desplazadas para completar la ayuda alimentaria proporcionada por el gobierno de Oaxaca.
“Asimismo, se informa que el gobierno del estado de Oaxaca ha proporcionado a las personas desplazadas productos básicos como maíz, frijol, arroz, agua embotellada, cobijas, kits de limpieza, cubrebocas, botas de hule y cobertores”, se lee en un comunicado.
Mientras que sobre los programas para el Bienestar, informó que hay 54 personas beneficiarias del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; dos del programa Pensión para el Bienestar de la Personas con Discapacidad Permanente; tres del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y 106 beneficiarios del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez.
En lo que respecta a la búsqueda de justicia, informó que “se cumplió con el compromiso de transmitir a la Fiscalía General de la República (FGR) la solicitud hecha por habitantes de Tierra Blanca Copala, para atraer los casos de los recientes homicidios que hubo en la región, decisión que está en manos de la FGR, como organismo autónomo”.
Además informó que la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación analiza, en el ámbito de sus competencias, la situación jurídica de personas privadas de su libertad, “entablando comunicación permanente con su representación legal”.
Este anunció se da luego de que el fin de semana pasado el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI), informó que con una caravana se dirigiría a la Ciudad de México, pues acusó que Alejandro Encinas, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, incumplió con una serie de compromisos, entre los cuales estaba una visita humanitaria a los desplazados por la violencia.
“Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se ha mantenido comunicación con todos los grupos con presencia en la zona Triqui, con la finalidad de generar un proceso de diálogo que ponga en el centro el bienestar de las personas y de sus comunidades”, aseguró.