Así lo informó la legislatura en un comunicado dado a conocer este lunes, en el que se explica que se aprobaron adiciones a los artículos 227 y 229 del Código Penal para el Estado de Oaxaca.
Se considerará falsificación de documentos cuando se obligue o coaccione a un trabajador a firmar documentos en blanco que impliquen renuncia de sus derechos o le imponga obligaciones con el fin de menoscabar o anular sus garantías, ya sea que el empleado labore en una empresa o en una institución pública.
La modificación legislativa precisa que, en los casos en que el patrón o empleador sea un servidor público, se le aplicará de seis meses a tres años de cárcel y será destituido del cargo.
La reforma fue propuesta por las congresistas Elim Antonio Aquino, del Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes; Hilda Pérez Luis, del Grupo Parlamentario de Morena y Aleida Serrano Rosado, así como por los diputados Noé Doroteo Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Pável Meléndez Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena.
El dictamen aprobado por el Pleno de la LXIV Legislatura, fue emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Trabajo y Seguridad Social.
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