IEEPCO y TEEO, obligados a vigilar que se logre paridad en 60 municipios indígenas de Oaxaca en 2023

El fallo de la Corte que invalidó el freno a la paridad no es retroactivo, por lo que no aplica a elecciones ya validadas; este año 60 comunidades renovarán autoridades

IEEPCO y TEEO, obligados a vigilar que se logre paridad en 60 municipios indígenas de Oaxaca en 2023. Ilustración: Ani Cortés
Política 18/04/2023 08:15 Fernando Miranda Actualizada 08:18

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Decreto 698 del Congreso de Oaxaca, con el cual desaparecía el periodo obligatorio para implementar la paridad de género en 417 municipios indígenas, ésta no podrá  ser una realidad hasta 2025, pues el fallo  no es retroactivo y por ello no puede obligarse a aquellos que  no la alcanzaron a repetir sus asambleas para elegir autoridades.

Sin embargo, el Instituto Electoral Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el Tribunal Electoral del Estado (TEEO) y las secretarías de las Mujeres, de Gobierno y de Interculturalidad sí están obligados a dar cumplimento a la sentencia de la SCJN con la que queda vigente el decreto 1511 que mantiene firme que se busque el equilibrio en la participación de las mujeres. Y tendrán que hacerlo este año. 

Ello, explica  Flora Gutiérrez, fundadora de la Red de Abogadas Indígenas, porque este año más de 60 municipios, en cuyo Sistema Normativo Interno se contempla la renovación de autoridades anualmente, tendrán que elegir a sus autoridades.

whatsapp_image_2023-04-18_at_8.53.45_am_1.jpegFoto: Mario A. Martínez 

“El IEEPCO tiene que hacer su trabajo, no necesita aprobar un acuerdo general porque está la ley. Tendrían que dar cumplimiento, las elecciones ordinarias ya pasaron, ya no se pueden cambiar, pero lo que tiene que hacer es vigilar, porque este 2023 se renuevan más de 60 municipios que se rigen por un año, están en la Sierra Norte, en la zona de Ixtlán y  la parte mixe, y algunos de la Mixteca”.

En entrevista con EL UNIVERSAL la abogada explica que en el caso de municipios que renuevan cada tres años sus autoridades será hasta el 2025 cuando tengan que cumplir con la paridad, pero para este  2023 el reto son los que tendrán elecciones, seguidos de aquellos en los que el periodo es de año y medio y dos años.

El mayor problema, dice, son los ayuntamientos de tres años, pues los que se renuevan anualmente muestran mayor apertura a lograr la paridad.

Según el IEEPCO, en las pasadas elecciones 358 municipios indígenas alcanzaron la paridad y  45 sólo  lograron progresividad, es decir, que avanzaron nombrando a más mujeres en cargos públicos, puesto que ya no  se vieron obligados al 50%  por la reforma del decreto 698.

A ellos se suman 11 municipios que ante la imposibilidad de realizar elecciones, o tras impugnaciones, se mantienen gobernados por comisionados, mientras se realizan asambleas extraordinarias.

Tribunal, el otro obstáculo

Para Flora Gutiérrez, que los municipios indígenas no hayan alcanzado la paridad no sólo es responsabilidad del IEEPCO, sino también del Tribunal Electoral, pues mientras el instituto no aprobó elecciones donde no se siguió ni siquiera el criterio de progresividad, las que llegaron al TEEO fueron validadas.

“El TEEO tiene que cambiar sus  criterios porque de pronto señala  que las mujeres no quieren participar, o que es una carga, pero a veces no se entiende el contexto comunitario. Aún cuando sus sentencias dicen que se aplique perspectiva de género e interculturalidad, no lo están haciendo”, señala. 

Finalmente, lamenta que para frenar la paridad se argumentara desde el Congreso local y otras instituciones que ésta era un detonante de violencia política, pues asegura que se trata de un argumento machista y misógino que esconde la negación del derecho de las mujeres a la participación política. 

“Es como decir a las mujeres no salgan a tales horas o no se vistan de tal forma porque, si lo hacen, se están exponiendo a que las agredan, a que sufran violencia. Trasladándolo al contexto de participación política, es exactamente lo mismo”, y agrega que la violencia política es un indicador del machismo arraigado en las comunidades.  

“Es muy lamentable que el Congreso y otras instituciones secunden este discurso, cuando lo que tendrían que hacer es generar política pública para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres”, señala, 

Evitar la violencia no se trata de pedir a las mujeres que no exijan participar. “Pasa lo mismo que en otras expresiones como el feminicidio y  la violencia sexual o familiar, ese no es el camino”. reitera.

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